Por Germán Ayala Osorio
Entre la asfixia económica a la que el gobierno pretende
someter a la JEP y el respaldo que a nombre del Estado le dio De la Espriella al
excoronel Alfonso Plazas
Vega días antes de conocerse el fallo judicial que lo absolvió de
responsabilidad en el caso de la tortura al magistrado Carlos Horacio Urán
Rojas asesinado por miembros del Ejército, hay un proyecto político-militarista
de mediano y largo plazo que sectores societales aún no perciben la posibilidad
de su ocurrencia. Al final de la columna expongo, a manera de hipótesis, lo que
se estaría cocinando en la Patria
Milagro.
A la pretensión de ahogar económicamente al tribunal de paz y
justicia restaurativa recortando sus recursos para operar, se suma el proyecto
de reforma constitucional que se discute en la Comisión Primera del Senado con
el que se busca que todas las sentencias y actuaciones de la JEP en contra de miembros
de la fuerza
pública sean revisadas por la Justicia Penal Militar, instancia históricamente
proclive a garantizar la impunidad de los uniformados procesados bajo esa jurisdicción.
La JEP siempre fue incómoda para los sectores castrenses que
asumieron la operación del alto tribunal de justicia transicional como un mecanismo
vindicativo de la izquierda y las Farc-Ep por los golpes que el Ejército le dio
a la cúpula de esa organización armada ilegal durante los dieciséis años de uribismo
(entre Uribe y Santos), incluidos los mal llamados falsos positivos; y por supuesto
la participación de agentes uniformados en el exterminio de la Unión Patriótica
(UP) y sus probadas relaciones con las estructuras paramilitares; todos hechos
políticos y simbólicos que enlodan la imagen de las fuerzas militares colombianas.
El relato de Álvaro Uribe frente a los “falsos
positivos”, como presidente y expresidente, siempre apuntó a desprestigiar
a los magistrados de la JEP quienes, a juzgar por el político antioqueño,
presionaban a los militares comparecientes a reconocer sus responsabilidades en
las ejecuciones extrajudiciales. De la Espriella, consagrado uribista, está recogiendo
los pasos de su mentor para dar el golpe definitivo contra la JEP.
Esos crímenes de Estado, a decir de varios altos oficiales
que terminaron en la JEP para obtener beneficios judiciales, se dieron en
virtud de las presiones de la cúpula militar y de las directrices emanadas por
el Ejecutivo que hicieron posible encontrar patrones en esa sistemática práctica
criminal. Recordemos la exigencia de
Uribe de obtener más y mejores resultados operacionales y el criterio
castrense expresado en la frase del general Mario Montoya Uribe, “a mí no me
traiga detenidos, denlos de baja”.
Convertir en un asunto de Estado la defensa política y
jurídica de Alfonso Plazas Vega, demandado civilmente en los EE. UU. por la tortura
al magistrado Carlos Horacio Urán Rojas en los hechos de la retoma del Palacio
de Justicia es una decisión política de Abelardo de la Espriella con la que
confirma su perfil militarista, acompasado con su ridículo saludo militar y
grito de guerra, “firme por la patria”. El
jefe del Estado llamó “héroe de la Patria” al exmilitar que hizo parte de la
cruenta retoma del Palacio de Justicia, asaltado por un piquete de criminales
del M-19.
La postura del pastor-presidente se explica por su intención
manifiesta de borrar las verdades derivadas de fallos condenatorios contra los
superiores de Plazas Vega que convirtieron la retoma del Palacio de Justicia en
una oportunidad para vengarse, a cualquier costo, del M-19, grupo guerrillero
que los había ridiculizado en la pasado con la extracción de cinco mil armas
del cantón norte de Bogotá a través de un túnel. La absolución de Plazas Vega
por un tribunal civil de los Estados Unidos, compuesto por jurados que jamás se
tomaron el trabajo de comprender el contexto y las circunstancias en el que debía
instalarse el crimen del magistrado, reinstalan en el país el azaroso y miedoso
ambiente pro castrense que vivimos durante los gobiernos de Turbay Ayala,
Belisario Betancur y Álvaro Uribe.
Insisto: esa defensa patriótica del excoronel de Caballería, Alfonso
Plazas Vega está conectada ideológica y políticamente con la decisión económica
y política del gobierno de Abelardo de la Espriella de asfixiar económicamente a
la Justicia Especial para la Paz (JEP). Ese alto tribunal viene aportando, con
sus investigaciones y fallos de condena moral contra militares
y guerrilleros de las extintas Farc-Ep, a la construcción de un relato nacional
en torno a la degradación moral que sufrieron en su interior esos dos actores
armados. A manera de hipótesis señalo que una vez se logre la asfixia, la desaparición
de la JEP y reversadas sus condenas morales y la verdad judicial alcanzada en
sus años de operación, la derecha se prepara para tramitar una reforma constitucional
que reviva la reelección presidencial inmediata de Abelardo de la Espriella
Otero. De esa manera, se consolidaría el régimen de mano dura que necesitan los
sectores retardatarios que apoyan al presidente de la República para poder
ganar la batalla cultural o proyecto de regeneración
ideológica que ya inició.
Limpiar la imagen de los militares, imponer la narrativa oficial que indica que las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) es una invención de la izquierda para desprestigiar a la política de seguridad democrática, reducir libertades ciudadanas al estilo del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala y si es el caso volver a las prácticas que permitieron el aniquilamiento en el pasado de la UP, pero esta vez aplicadas a los progresistas señalados por De la Espriella como “enemigos de la patria”, hacen parte de las tareas que se ejecutarían una vez se logre la continuidad del actual gobierno.
Lo que viene
haciendo Bukele en El Salvador es el referente ético-político que guiaría a
quienes quieren llevar al país hacia una dictadura civil (gobierno autoritario con
visos fascistas), en manos de un “civil” que piensa como militar, saluda como
militar, manotea y grita como general de brigada y lo que es peor, se disfraza
de militar.
