Por Germán Ayala Osorio
Cada cierto tiempo la derecha militarista
colombiana vuelve a proponer que los militares puedan votar, es decir, que puedan
deliberar y meterse de lleno, con las armas en las manos, en los debates
públicos y privados en torno a candidaturas presidenciales.
En el pasado, desde el Partido de
la U- en el 2018- y el Centro Democrático- en el 2020, alborotaron
el avispero con el espinoso asunto que le apunta a modificar la Constitución,
en particular el artículo 219 que señala que “la fuerza pública no es
deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir
peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la
moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de
la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras
permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates
de partidos o movimientos políticos”.
Ahora, en el 2026, la propuesta
sale de las manos aún camufladas del senador Germán Rodríguez (Salvación
Nacional), mayor retirado de la Infantería de Marina, quien presentó el
proyecto de ley con el ya señalado objetivo. La iniciativa legislativa requerirá
de un largo y arduo trámite legislativo. Más allá de lo que pueda o no suceder
al interior del Congreso, la propuesta cobra mayor relevancia -y peligro- en
estos momentos en los que el gobierno de Abelardo de la Espriella Otero lidera
el Proyecto de Regeneración Ideológica y Social (PRIS) que ya empezó
con la anunciada “batalla cultural” que muy seguramente apelará al uso de la
fuerza oficial para disciplinar a los agentes sociales (civiles) que se opongan
a las nuevas condiciones que se impondrán en el contexto del PRIS: el retorno a
la familia
tradicional, educación confesional en todos los colegios, vigilancia y control
de lo que se dice en las redes sociales y formación académica universitaria alejada
de la dimensión humanística, del pensamiento crítico y sistémico.
Detengámonos un momento para
recordar a Martha Nussbaum y lo consignado en su libro Sin fines de lucro,
por qué la democracia necesita de las humanidades. Mientras que la autora establece
una maravillosa conexión entre educación y democracia, la “batalla cultural”
(religiosa) que ya libra el actual gobierno apunta a anular esa conexión en
aras de imponer el relato bíblico como verdad absoluta y con éste la obediencia
a ciegas a lo que Dios les ordene hacer a militares, policías y al gobierno del
pastor-presidente.
“Se están produciendo cambios
drásticos en aquello que las sociedades democráticas enseñan a sus jóvenes,
pero se trata de cambios que aún no se sometieron a un análisis profundo. Sedientos
de dinero, los estados nacionales y sus sistemas de educación están descartando
sin advertirlo ciertas aptitudes que son necesarias para mantener viva a la
democracia. Si esta tendencia se prolonga, las naciones de todo el mundo en
breve producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de
ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una
mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros
y los sufrimientos ajenos. El futuro de la democracia a escala mundial
pende de un hilo”. Sigamos.
Permitir que los militares
deliberen y voten constituye un riesgo para la democracia y en particular para
el pensamiento liberal, divergente, para la civilidad, el progresismo, y la
izquierda; así como para las víctimas de los crímenes de Estado (Falsos positivos),
defensores de los derechos humanos y de la paz como camino para ponerle fin al
degradado conflicto
armado interno y a los objetores de conciencia. El fenómeno paramilitar no pudo
haberse consolidado y extendido en el tiempo y por los territorios del país sin
la doctrina del enemigo interno que los gobiernos de Turbay Ayala, Uribe Vélez,
Santos Calderón y Duque ampliaron su aplicación a específicas comunidades que
las fuerzas militares y organismos de inteligencia estatal asociaron con la
operación de las guerrillas: gente de izquierda, mamertos, músicos, profesores,
investigadores sociales y ambientalistas.
Así las cosas, la pretensión del
senador Rodríguez llega en el peor momento para la República y en el mejor para
el régimen de mano
dura que apenas está tomando vuelo en el gobierno del pastor-presidente
Abelardo de la Espriella
Otero. Ya el país sufrió en el pasado las acciones de los Chulavitas. No vaya a
ser que por cuenta de la participación en política de policías y militares broten
de las guarniciones y escuelas de Policía los “Abelardistas”, policía moral que
a sangre y fuero patrullarían calles y campos para someter a quienes se opongan
a las acciones de reconversión religiosa, persecución a impíos, homosexuales
progresistas, agentes liberales, tatuados, mechudos y miembros de la población LGTBIQ+,
ambientalistas y opositores a la minería y al fracking, entre otros,
considerados como ciudadanos incómodos para el régimen proto teocrático que en
ciernes le apunta a disciplinar a millones de colombianos que perdieron el
rumbo, es decir, que se salieron del rebaño.
