Por Germán Ayala Osorio
En un país clasista, aporofóbico
y racista como Colombia y que además desdice de su proceso de mestizaje, la
eliminación o el no reconocimiento identidades es consecuencia de esos
sentimientos muy propios de la derecha.
Con la instalación en la Casa de
Nariño de Abelardo de la Espriella, borrar a las niñas del lenguaje institucional
del ICBF
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) fue la primera decisión que
confirmó que efectivamente hay en el gobierno la intención manifiesta de borrar,
anular, eliminar o deslegitimar todas las luchas que impliquen la defensa de los
derechos de las niñas y mujeres, asumidas por los agentes del movimiento
político Salvación Nacional y en general por los abelardistas como instrumentos
para recuperar la tasa de natalidad que viene en declive y satisfacer los
deseos sexuales de los hombres autorizados para decidir sobre sus cuerpos y
maternidad. Les inquieta y molesta en grado sumo que las mujeres aplacen la
maternidad, el número de hijos e incluso decidan no tenerlos. Lo consideran decisiones
caprichosas, irresponsables, egoístas y contra natura porque por mandato divino,
sí o sí, deben traer niños y niñas al mundo.
La desaparición de las niñas del
lenguaje institucional no puede reducirse a una acción administrativa y
semántica. No. Es apenas el inicio de lo que les deparará a las adolescentes y
finalmente a las mujeres cuando ese mismo país godo les exija ser madres y les
impida abortar así hayan sido víctimas de violaciones o estén a merced de
varias de las circunstancias en las que la Corte Constitucional despenalizó la
práctica del aborto.
Empezaron con las niñas. Ahora, el
portal La Silla Vacía informa de un instructivo que la Agencia Nacional
de Tierras les hizo llegar a los contratistas de esa entidad. En el documento
oficial el término “campesino” se remplaza por “productores rurales” y se
prohíbe hablar de “reforma agraria”. Se recomienda hablar de “acceso a tierras”
o “formalización”. Parece un capricho lingüístico, pero no lo es. Mucho menos
se trata de un asunto semántico o una decisión de estilo para la escritura de
informes oficiales. La intención es clara: desconocer las identidades
colectivas e individuales del campesinado asociadas a sus históricas luchas por
consolidar una verdadera reforma agraria a la que se vienen oponiendo los
grandes terratenientes y ganaderos que votaron por De la Espriella. El Pacto de
Chicoral, firmado entre congresistas, terratenientes y latifundistas para
frenar los procesos y avances de la reforma agraria implementada por gobiernos
anteriores al de Misael Pastrana Borrero, responsable político de la firma de
ese pacto, es el más vivo ejemplo de las pretensiones de la derecha colombiana
por someter y acabar física y simbólicamente con el campesino.
Reconocido como sujeto de derechos
en el acto legislativo 01 de 2023 en el que se lee que “el campesinado
es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular
relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía
de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina,
condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo
distingue de otros grupos sociales”, llamarlos “productores agrícolas”
constituye un retroceso identitario y un acto de anulación histórica de sus
luchas agrarias.
Es apenas obvio que el gobierno
del pastor-presidente está empeñado en anular aquellas identidades colectivas e
individuales porque devienen atadas a luchas de reivindicación de derechos,
asumidas por la godarria como subversivas en el sentido en que subvierten el
orden y por esa vía apuntan a erosionar la hegemonía del hombre blanco, culto y
propietario de grandes extensiones de tierra usadas para impulsar la producción
agrícola sin campesinos. El modelo de la gran plantación del Valle del Cauca, con
el monocultivo de la caña de azúcar, es el mejor ejemplo que hay para hablar de
campesinos “descampenizados” o de agricultura sin campesinos (Uribe Castro,
Hernando).
La manera como termina el
referido acto legislativo debe generar urticaria en las huestes abelardistas que
hoy están detrás de la anulación física y simbólica de las niñas, mujeres y de
la población campesina: “Los campesinos y las campesinas son libres e
iguales a todas las demás poblaciones y tienen derecho a no ser objeto de
ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular
las fundadas en su situación económica, social, cultural y política”.
La guerra total contra las organizaciones
criminales tiene el doble propósito de derrotarlas militarmente y de sacar de sus
tierras a los campesinos que sobreviven en medio del fuego cruzado. Una vez logrado
el desplazamiento forzado de cientos de miles de familias campesinas, ganaderos,
latifundistas, empresas mineras y narcotraficantes llegarán a ocupar esas
tierras para someterlas sus insostenibles lógicas de aprovechamiento y explotación.
Así entonces, el gobierno y sus áulicos podrán recuperar la idea con la que el
uribista José Obdulio Gaviria, primo hermano del asesino serial Pablo Emilio
Escobar Gaviria propuso no hablar de “desplazados”, sino de “migrantes internos”.
Luego, el títere-presidente, Iván Duque Márquez planteó dejar de hablar de masacres,
para llamarlas “homicidios colectivos”.
Si se presenta una próxima
masacre de campesinos, entonces la prensa y el gobierno, que trabajan coordinados,
registrarán el hecho de esta manera: “aparecen muertos varios
productores rurales, al parecer se trata de un homicidio colectivo”.
Eso sí, los sobrevivientes, que siempre los hay para contar cómo sucedieron los
hechos, serán aleccionados para griten que se salvaron gracias a la Patria Milagro.
¿Qué sigue? Mañana dirán que no hay derechos, que solo hay deberes. Que no se hablará más de democracia, sino de Patria Milagro...
