Por Germán Ayala Osorio
Los “paros armados” que ordenan
los grupos criminales organizados y los ataques a batallones o estaciones de Policía
no siempre obedecen a retaliaciones por operativos militares o a simples demostraciones
de fuerza. Hay casos que obedecen a expresiones claras de gobernanzas armadas. A manera de hipótesis señalo que en ocasiones las arremetidas
de las estructuras narcoparamilitares o narcoguerrilleras se explican por incumplimientos
de pactos políticos establecidos con agentes estatales, sean estos civiles o
uniformados.
La hipótesis planteada tiene sentido
y arraigo en las realidades que ofrece la degradación moral de todos los actores
armados que participan de las hostilidades y que son responsables de las dinámicas
político-militares que dan vida a lo que se conoce, ampulosamente, como
conflicto armado interno. Ejemplo de esa podredumbre al interior de entidades
del Estado es el registro de casos de oficiales y suboficiales del Ejército que
les venden
armas al “enemigo”. Y el más emblemático de casos que dan cuenta de esa putrefacción
militar es el de las ejecuciones extrajudiciales, llamados por la prensa “falsos
positivos”.
He venido sosteniendo en varias
columnas que los problemas de orden público ya no pueden ser comprendidos en ese
marco simbólico, institucional y político. Es tiempo de repensar esa categoría
de conflicto
armado interno porque después del proceso de paz de La Habana, la naturaleza
mafiosa, criminal, prepolítica y desideologizada que hoy define a esas
estructuras armadas por fuera de la ley impide mantener ese pomposo nombre.
De ahí que los esfuerzos por
pacificar el país a través de procesos de paz o con acciones propias de la guerra
total planteada por el gobierno del
presidente-pastor terminen en fracasos por la dimensión de la corrupción en la
que estarían atrapadas unidades policiales, militares, empresarios del campo y otros
agentes civiles (políticos) que sucumbieron ante el poder desestabilizador de
las millonarias ganancias que entregan la minería, el contrabando, el tráfico
de armas, así como la producción y comercialización de la cocaína. El negocio
de las armas es otro factor que juega a favor de la imposibilidad de consolidar
la anhelada paz, así sea por las buenas o por las malas. El decomiso del fusil Barret
calibre 50 BMG (“Light Fifty") de fabricación estadounidense que le incautaron
a los mafiosos de camuflado que se hacen llamar Autodefensas Conquistadoras de
la Sierra Nevada es la prueba de que el tráfico de armas es un negocio tan
lucrativo como el de la cocaína. ¿Cómo llegó esa poderosa arma a Colombia? ¿Quiénes
son los War Lord, nacionales y extranjeros, que se benefician de la guerra en
Colombia?
Hay un elemento sociocultural que
también hay que tener en cuenta: las violentas identidades masculinas de los
jefes paramilitares y narcoguerrilleros que seducen a cientos de jóvenes que
sueñan con obtener poder y plata, factores que potencian las masculinidades de esos
adolescentes que crecen en entornos en los que sí o sí, y a como dé lugar, se
tiene que demostrar que se es un hombre, un macho. Con plata y armas llegan las
mujeres, seducidas o reclutadas de manera forzada, para satisfacer a los machitos.
Así las cosas, los ya probados
diálogos de paz, con largas e improductivas conversaciones en mesas de diálogo,
terminan sirviéndoles a esas estructuras criminales para recuperar heridos,
afianzar procesos internos de adoctrinamiento, actividades de reclutamiento de
niñas y niños; y la clausura de negocios y consolidación de las sempiternas
relaciones con agentes del Establecimiento local y regional en los territorios
en los que operan y son legítimos a pesar de la condición de ilegalidad que
exhiben.
Por lo anterior, la puesta en
escena protagonizada por el presidente-actor en Santa Marta, sitiada por los
paracos de la Sierra Nevada sirve para ocultar una realidad aún más compleja
que la ya ofrece el “paro armado” decretado en la turística ciudad costera. El “patrullaje”
de Abelardo de la Espriella Otero, con un arma al cinto- al parecer traumática-,
por algunas calles de Santa Marta deja ver a un presidente que está cumpliendo su
sueño infantil de jugar a la guerra y de eliminar a los “malos”. De la Espriella
no conoce la historia del conflicto armado y mucho menos el proceso histórico
de la degradación moral de los ejércitos legales e ilegales que participan de
las hostilidades. El presidente es miope. Presentarse con una pistola al cinto lo
deslegitima como agente civil y lo convierte en el hazmerreír de una sociedad
cansada de ver machitos armados en las calles.
Cuando seamos capaces de
sincerarnos en el país alrededor de la degradación moral de todos los agentes
que participan de manera directa o indirecta de las hostilidades, entonces
podremos creer que la solución es la guerra total planteada por De la Espriella
o abrir nuevamente y por última vez unos procesos de paz que le aseguren al Estado
el control absoluto del territorio nacional. No hacerlo nos llevará a seguir
velando civiles y uniformados; y viendo al presidente desfilar por entre
cadáveres por otros 50 años más.
