LA PAZ Y EL MUNDO DE GAONA

Por Germán Ayala Osorio

Negar los beneficios que trajo el Acuerdo de Paz de La Habana como lo hizo recién el embajador de Colombia en la ONU, Mauricio Gaona ante el Consejo de Seguridad de la ONU se explica fundamentalmente por dos razones: la primera, del orden internacional, porque los intereses comerciales y geopolíticos de los Señores de la Guerra de Estados Unidos e Israel los asumió Abelardo Gabriel y su gobierno como parte de su proyecto político y por supuesto como amigos estratégicos. De esa manera, el inquilino de la Casa de Nariño pretende justificar y consolidar su política de paz armada y narcotizada que se destaca por la eliminación física de precisos actores armados (guerrillas de izquierda), mientras que con las estructuras paramilitares se estaría pensando en renovar las viejas relaciones políticas que en el pasado permitieron la connivencia entre agentes estatales y privados con los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Recordemos que Mancuso se autodefinió como un actor bisagra de esa macabra relación. El control institucional (binacional) de la producción de cocaína es un apéndice de esa paz armada y narcotizada que deviene articulada a la estrategia del Escudo de las Américas y su falsa guerra total contra los narcoterroristas.

Y la segunda razón, del orden interno, deviene atada al mismo objetivo de naturalizar la narrativa de la paz armada y narcotizada como política de Estado ancorada a los intereses internos de diversos agentes, legales e ilegales, que le apuestan a ejecutar una contrarreforma agraria que debilite a las organizaciones campesinas. La eliminación física y simbólica de la figura del campesino o su transformación en jornaleros o siervos sin tierra hace parte de esa apuesta de contrarreforma agraria que también pretende asegurar que el país importe alimentos de Estados Unidos en el marco del TLC, para erosionar la seguridad y la autonomía alimentarias asumidas por la derecha local e internacional como parte de un nocivo relato de la izquierda.

Bajos esas circunstancias lo dicho por Gaona en el Consejo de Seguridad de la ONU manda un mensaje a las universidades privadas y públicas que invirtieron tiempo y recursos, con el concurso de sus profesores-investigadores y estudiantes, para legitimar el Acuerdo de Paz de La Habana y la dimensión ética con la que se defendió el haberle puesto fin a esa “fábrica” de producción de víctimas en que se convirtieron las hostilidades entre el Estado y las entonces Farc-Ep. El mensaje es claro: el negocio de la guerra está por encima de la paz negociada.

En su intervención, Gaona dejó ver la visión corta, diminuta y reducida visión con la que él y Abelardo de la Espriella asumen la historia de un conflicto armado interno que si bien sus dinámicas efectivamente se han modificado a lo largo de 60 años, hay circunstancias objetivas y subjetivas que siguen exhibiendo los graves problemas que arrastra el Estado como forma de dominación por cuenta de una élite que desde los inicios de la República viene afinando sus estrategias de captura mafiosa de sus instituciones, en provecho de sus siempre mezquinos intereses, articulados por supuesto a los de los Estados Unidos y las multinacionales interesadas en seguir expoliando al país. Hoy las “tierras raras” hacen parte de ese juego del que Abelardo Gabriel, como ciudadanos americano, decidió participar para beneficiar a su verdadera patria, los Estados Unidos.

“Quisiera desmantelar las falsas narrativas y las falacias que han podido escuchar de aquellos que se han beneficiado más de este proceso de paz. En particular, los que abogan que el acuerdo de paz de 2016 es un modelo para el mundo. Pues no para nuestro mundo”.

Justamente la idea final de este párrafo explica con claridad a lo que se enfrentan los colombianos que creen en una paz negociada y en la necesidad de que por fin se consolide el Estado como una forma de dominación legítima, decente y democrática que le apueste a un desarrollo económico sostenible que beneficie a las grandes mayorías. “Pues no para nuestro mundo” señaló el embajador ante la ONU.

Gaona se refiere a un mundo sin campesinos, entregado a los negocios de ganaderos, latifundistas, empresas mineras y constructoras; un mundo que beneficia a los Señores de la Guerra; el mundo del unanimismo ideológico y político en el que solo existe una única verdad, la de la derecha; ese mundo que niega la diversidad cultural e impone la pureza del “hombre blanco” que está detrás del modelo de la gran plantación; el mundo que niega el cambio climático y por esa vía justifica el sometimiento de valiosos ecosistemas estratégicos a las actividades de explotación minera y el crecimiento desordenado e insostenible de pueblos y ciudades. Un mundo en el que la izquierda y el progresismo quedan proscritos. El mundo de Gaona es el de la felicidad de pocos y la tristeza de millones. A Gaona solo le faltó gritar en el Consejo de Seguridad de la ONU “bienvenidos a la patria milagro”. En cuatro años, seremos la patria miseria.

Varios días después El Espectador dedica su editorial del día a la postura asumida por Gaona. La fuerte bofetada del diario bogotano al embajador de Colombia en la ONU está representada en este párrafo: "Decir que nuestro Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo es no conocer los procesos de paz en el resto del planeta y también negar los avances que trajo la experiencia de nuestro país. Los juristas internacionales, incluida la Corte Penal Internacional, que vienen a Colombia para estudiar y comprender cómo la Jurisdicción Especial para la Paz es una alternativa viable de construcción de verdad en medio de la guerra no son ingenuos ni están engañados: comprenden que todos los acuerdos de paz tienen dificultades y reconocen cuando un país encuentra fórmulas a pesar de esas dificultades. Y ni hablar de la Comisión de la Verdad, cuyo documento final ha sido estigmatizado por un sector político del país, pero que logró hablar con víctimas en todo el país y dar un relato integral, complejo y muy valioso sobre el conflicto en Colombia". Se cita ese aparte del editorial en letra pequeña porque así es el mundo en el que vive Gaona. 

¿QUÉ PASÓ CON LA CATEGORÍA POSCONFLICTO?

Por Germán Ayala Osorio

 

Han pasado por lo menos 26 años desde que el país académico y político empezó a reconocer y usar con fines dialécticos la categoría Posconflicto. Son innumerables las publicaciones y disertaciones alrededor de dicha nomenclatura sobre la que parece haber consenso de su problemático carácter y el sentido polisémico que la acompaña. Huelga recordar el texto La construcción del posconflicto en Colombia, enfoques desde la pluralidad, publicado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (Fescol en Colombia), una de las primeras reflexiones que circularon en la academia en el 2003.

Su aparición y las discusiones generadas parecen haberse diluido en el tiempo. Ya poco se habla de Posconflicto como escenario de futuro en un país en el que las múltiples violencias aportan a la consolidación de una narrativa fatalista y estigmatizante en la que la búsqueda de la Paz se asume hoy, con el gobierno de Abelardo de la Espriella, como un yerro político e incluso como una forma en la que se concretan y visibilizan simpatías ideológicas y programáticas con los grupos armados ilegales que aún le disputan al Estado extensos territorios, su legitimidad y soberanía. Hablo en particular del ELN y de las disidencias farianas.

Para explicar el olvido, la negación o la desaparición de la categoría Posconflicto lanzo la siguiente hipótesis: Si bien el proceso de negociación política de La Habana entre el Estado y las entonces Farc-Ep y el triunfo del No en el Plebiscito por la Paz de 2016 avivaron el desarrollo y la discusión conceptual y la viabilidad política y sociocultural del Posconflicto como escenario posible, anteriores dinámicas políticas, sociales y económicas resultaron simbólica y políticamente determinantes en la construcción de un imaginario negativo en torno a esa idea de Posconflicto que oscila entre la negociación política con miras a superar el conflicto social y armado del país y por supuesto, la posibilidad de que haya vencidos y vencedores, circunstancia que aún no sucedió. De esas dinámicas políticas, sociales y económicas destaco en el mismo orden la naturalización de la idea de que era posible acabar militarmente con las guerrillas. Bajo esa ilusión Uribe Vélez y sus áulicos justificaron la reelección presidencial inmediata y la búsqueda de su tercer periodo, anhelo en el que se atravesó la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto; el evidente cansancio de sectores societales que vieron que la arremetida armada estatal durante los ocho años de Uribe contra las guerrillas, en particular contra las Farc-Ep no arrojó los resultados esperados, fueron aportando a la proscripción de la señalada categoría y a la naturalización de la idea de que solo sirve dar bala y más bala; de la mano de ese hartazgo social vino el giro político del gobierno Santos quien decidió jugársela por la paz, más convencido de poder ganar el Nobel de Paz que finalmente le otorgaron, que de verdad apostarle a la construcción de las condiciones que le permitieran al país transitar hacia escenarios de Posconflicto. Una vez las Farc-Ep abandonaron los territorios en los que fungían como autoridad bajo condiciones de legitimidad forzada, Santos cometió el gran error de no copar esos territorios.

En cuanto a las dinámicas económicas estas están ancoradas a dos circunstancias: la primera, la conversión de las estructuras armadas ilegales en mafias de camuflado a pesar de mantener las ínfulas revolucionarias y el afianzamiento del modelo neoliberal y la privatización del Estado. Esta última condición haría prácticamente imposible pensar y diseñar escenarios de Posconflicto en los que fuera posible “construir una paz extensiva al tejido social, estable y duradera donde los conflictos encuentren cauces de resolución política por fuera del retorno a las armas”; a lo que habría que sumar reformas conducentes a la justicia social y a la desaparición de la violencia estructural que estuvo en la génesis del conflicto armado”.

La lenta y progresiva proscripción del vocablo Posconflicto vino de la mano del afianzamiento del relato uribista, atado a la aplicación de la Seguridad Democrática, en el que se destacan elementos como la doctrina de seguridad nacional y la extensión de la concepción del enemigo interno a defensores de los derechos humanos, pacifistas y comunidades que seguían insistiendo en una salida negociada a las hostilidades, acompañada de la necesidad de pensar en escenarios de superación de las circunstancias, subjetivas y objetivas, que legitimaron el levantamiento armado en los años 60.

Con la llegada de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero a la Casa de Nariño, la posibilidad de retomar la nomenclatura Posconflicto y el proceso institucional y social es prácticamente nula por una razón: la Paz y los pacifistas son vistos por el actual gobierno como “enemigos de la patria”. Así las cosas, la “muerte” de la categoría Posconflicto es consecuencia también de la consolidación del relato político y periodístico fruto del triunfo del No en el plebiscito por la paz que indica que quienes en el pasado votaron Sí al acuerdo de paz de La Habana son “malos ciudadanos” y los que negaron la legitimidad del tratado de paz son los “buenos” que hoy defienden con la fe del carbonero la Patria Milagro. 

Existen tantos actores interesados en perpetuar las dinámicas del conflicto armado en Colombia, que hablar de paz y de posconflicto se convierte en un riesgo para quienes insistan en hacerlo. Los fabricantes de armas y pertrechos, los latifundistas y las mineras se benefician del desplazamiento forzado que provocan los enfrentamientos armados; los traficantes de droga y el sistema financiero internacional son socios "involuntarios" de los grupos armados ilegales. Estados Unidos e Israel, proveedores de armas están de plácemes con el gobierno de Abelardo. La guerra es un gran negocio del que viven los anteriores agentes, así como la DEA, el FBI y otras agencias gringas, instrumentos políticos para someter a los gobernantes colombianos.