Por Germán Ayala Osorio
Los errores cometidos por el
gobierno Petro, operacionales y de enfoque, al concebir la Paz Total desde una
perspectiva maximalista, le facilitaron al entonces candidato presidencial
Abelardo de la Espriella la tarea de vender la negación de diálogos de paz con los
terroristas como un valor moral de inaplazable acogida por quienes se
cansaron de hablar de paz con los grupos al margen de la ley.
Una vez instalado Abelardo en la
Casa de Nariño, millones de colombianos pensaron que se vendría una
confrontación armada peor a la que el país vivió durante los aciagos ocho años
de la administración de Álvaro Uribe Vélez y por supuesto el sometimiento
voluntario u obligado de los máximos cabecillas de las estructuras armadas por fuera
de la ley.
Es temprano para evaluar los
resultados de las operaciones hasta ahora emprendidas, aunque ya se habla del
regreso de la terrible práctica de las ejecuciones extrajudiciales (falsos
positivos) y una actitud violenta de varios agentes de la policía contra
ciudadanos evidenciada en videos subidos a las redes sociales. El asesinato de Ricardo
Andrés Martínez Rodríguez, el joven campesino de 18 años ejecutado por la
Policía en el dichoso operativo en contra de las Autodefensas Conquistadoras de
la Sierra Nevada (ACSN) sería el primer crimen de Estado del actual gobierno;
así como el asesinato del joven afro Donovan Balanta a manos de cuatro policiales
y el regreso del ESMAD para confrontar las movilizaciones podrían advertir un negativo
cambio actitudinal-institucional en las relaciones de la Policía Nacional con
la gente.
Mientras que en territorios como
el Catatumbo y el Cauca los grupos armados ilegales hacen de las suyas, el Congreso
se aboca a discutir el proyecto de ley 433 de 2026 Cámara - 296 de 2026 Senado “por
medio de la cual se modifica, adiciona y prorroga la ley 418 de 1997, sus
prórrogas y se establece la política estatal para garantizar el orden público,
lograr una intervención territorial integral”.
Al leer el referido documento y escuchar
las voces críticas de analistas como Ariel Ávila es posible señalar que durante
el gobierno del presidente therian, de la mano de las bancadas oficialistas del
Congreso, el país verá procesos de sometimiento de las agrupaciones
terroristas una vez esa ley se apruebe. Eso sí, a juzgar por el contenido
de ese proyecto esos procesos terminarán pareciéndose a los términos de la negociación
que adelantó Uribe con los paramilitares en Santafé de Ralito y acogidos en
Justicia y Paz: nula reparación a las víctimas, reducidas penas e impunidad. Se trataría,
eso sí, de diálogos en la sombra, sin mesa, sin veeduría internacional y con nulo
cubrimiento periodístico que garantizarían la construcción de una “paz
pasajera” con visos claros de ser mendaz en su concepción y finalización.
El senador Ariel Ávila, opositor
del gobierno, señala que tal y como está concebido el proyecto de ley de
sometimiento, terminará beneficiando a los testaferros, lavadores de los dineros,
empresarios y políticos, llamados en ese marco legal como “colaboradores”. Como
dice Ávila, los “terceros civiles de buena fe”. En el Acuerdo Final de La
Habana, antes del plebiscito por la Paz, los “terceros civiles” que de manera
directa, indirecta, voluntaria o no, colaboraron con las entonces Farc-Ep y otros actores armados como los Paras, comparecerían ante la JEP. Esa parte fue eliminada como parte de la renegociación
a la que se vio abocada a hacer el presidente Santos con los agentes del No, que
reclamaron la victoria del plebiscito.
En el borrador del proyecto de
ley, artículo 8B, se lee: “Este artículo faculta al Presidente de la República para
definir el lugar en el que se materializará la judicialización de los
integrantes de los Actores Armados Ilegales o terroristas que se sometan a la
Constitución y a la ley, sujeto a cuatro condiciones que operan
como límites materiales de esa facultad. La primera exige una precisa
delimitación geográfica del lugar, de modo que la facultad presidencial no
habilite una indeterminación territorial incompatible con el principio de
legalidad. La segunda mantiene vigente, dentro de ese lugar, el Estado social
de Derecho, las operaciones de la Fuerza Pública y el ejercicio de las
funciones de las autoridades civiles y judiciales, de manera que la
definición del lugar no representa, en ningún caso, un vacío de autoridad ni
una forma de despeje territorial… el artículo dispone que tampoco se
suspenderá la extradición de quienes se sometan”.
Hay tantos intereses económicos y
políticos, nacionales e internacionales, en las dinámicas del conflicto armado
interno colombiano, que cualquier proceso de sometimiento a la justicia e
incluso las mesas de diálogo que en adelante se puedan disponer, estará siempre
sometido a las condiciones que imponen quienes agencian esos intereses
políticos y económicos. En cualquier caso y por directa injerencia de los
Estados Unidos, la producción de cocaína no puede detenerse por una razón
económica fundamental: El sistema financiero internacional y el colombiano
necesitan mover las enormes ganancias que deja el narcotráfico. En términos
políticos, los procesos de sometimiento a la justicia y los mismos procesos de
negociación política tradicionales (mesas de diálogo con acompañamiento de la
ONU) no pueden exponer las identidades de los poderosos agentes económicos que se
benefician del narcotráfico y mucho menos exponer los inmorales intereses de la
DEA y el FBI, instituciones que sobreviven gracias al negocio de las drogas y
su aparente persecución internacional.
Por supuesto que la ley de
sometimiento que discutirá y aprobará el Congreso está diseñada a la medida de
las estructuras paramilitares; a las llamadas “guerrillas” se les seguirá
combatiendo, pero sobre todo asociando con el progresismo y la izquierda para alimentar
la animadversión y validar la sentencia de Abelardo: “el petrismo, los
petristas, esto es, los progresistas y la izquierda democrática son enemigos de
la Patria”. El Estatuto Antiterrorista es el instrumento para "combatir" a esos sectores societales.
Al final, y hasta en el 2030 y más allá, seguiremos
viendo por televisión ataques terroristas, enfrentamientos militares,
desplazamientos de campesinos, dudosas bajas en combate; persecuciones ideológicas
y el sufrimiento de cientos de miles de ciudadanos en los territorios rurales. De
la Espriella y sus áulicos jamás entenderán que solo la paz perpetua minimiza
los lancinantes dolores de la guerra. Seguiremos viendo morir combatientes
legales e ilegales y civiles hasta que los gringos logren cultivar la mata de
coca en sus pisos térmicos.
