Juan Francisco Gómez Cerchar, "Kiko Gómez", negó estar involucrado en el atentado perpetrado contra la Procuraduría - crédito Germán Enciso/Colprensa
Por Germán Ayala Osorio
El condenado criminal Kiko Gómez,
ex gobernador de La Guajira, estuvo al aire conversando con el periodista Julio
Sánchez Cristo de Caracol. Todo indica que la llamada salió del celular que tenía
el penado en su celda. Más allá del asunto que periodísticamente avala la
conversación entre el periodista y el asesino, llaman la atención tres elementos:
el primero, los vergonzosos controles del INPEC, institución que arrastra una
larga historia de corrupción y tratos especiales que reciben narcoparamilitares
y peligrosos asesinos como Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko
Gómez.
En esa ignominiosa historia de la
institución penitenciaria ningún gobierno ha sido capaz de acabar con la
corrupción al interior de las cárceles o por lo menos “reducirla a sus justas
proporciones”, como diría el degenerado presidente Julio César Turbay Ayala. Todos
se limitan a ordenar traslados a cárceles de “máxima seguridad” a los condenados
que infringen las normas carcelarias, mientras que el ethos mafioso que guía a
los guardianes y directores
corruptos se mantiene firme en los protocolos y el espíritu de la entidad
estatal. El gobierno actual propuso trasladar a los más peligrosos condenados
que delinquen desde las penitenciarías a barcos-cárceles anclados en altamar. ¿Por
qué ha sido tan difícil acabar o depurar al INPEC?
El segundo elemento tiene que ver
con el momento político por el que atraviesa el país en lo que toca a la censura
oficial de parte del gobierno de Abelardo de la Espriella contra dos periodistas
radiales cuyo programa en la cadena Blu radio fue cerrado por petición presidencial
a la familia Santo Domingo, propietaria de la empresa radial.
La relación de ese caso censura
oficial con la conversación entre Sánchez Cristo y el homicida exgobernador se pone
en evidencia al momento en el que en plena llamada llegan guardianes del INPEC
a la celda del penado para someterlo a una requisa rascada o raqueta. La
llamada seguía al aire, mientras el operativo se desarrollaba. ¿Alguien del
gobierno estaba escuchando en ese preciso momento la conversación o se facilitó
la llamada para favorecer la imagen de un gobierno que saca pecho al decir que
no tolerará la corrupción en las cárceles del país? Antes de la llamada en cuestión,
el presidente De la Espriella se reunió con los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia para tratar varios asuntos, entre ellos, el de las amenazas contra
los togados. El jefe del Estado espetó que “aquí nadie va a amenazar a la
Corte. Cualquiera que se levante contra la Corte se levanta contra el Gobierno
y a dejar sobre él o ellos todo el peso de la ley”
Kiko Gómez llamó a la emisora
para negar su participación en unas amenazas contra los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y en particular contra Pedro Luis Bonilla Bolaños, procurador
primero delegado para Casación Penal, que pidió a la Corte que condenara a
“Kiko Gómez”. La denuncia señala que la
oficina de Bonilla, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría, apareció
una bala disparada. Además, identificó dos ventanas rotas y evidencia de dos
disparos de fusil. Finalmente lo condenaron a 50 años de prisión por
homicidio. De manera diligente el jefe del Estado ordenó el traslado del penado
al centro de reclusión de La Picaleña ubicado en el Tolima.
Y el tercer elemento está atado
al interés de Sánchez Cristo de silenciar a su compañero de la mesa de trabajo
quien estaba a punto de decir que Gómez estaba llamando desde la cárcel La
Picota de Bogotá. “Seguramente tuvo que colgar porque estaba llamando desde
aquí desde la Picota”. Sánchez Cristo intenta callar diciéndole “no,
no, digamos desde dónde nos llamó”. En este punto vale la pena detenerse
para preguntar si el periodista conductor del programa radial quería proteger a
la fuente o simplemente validar la corrupción al interior de la cárcel y por
esa vía sacar provecho periodístico y en el rating que muy seguramente se alcanzó
con la llamada. Si el condenado hubiese contado con algún tipo de autorización
de la institución carcelaria, el periodista no habría tratado de silenciar a su
compañero que al final si dijo desde dónde hizo la llamada el criminal de
marras. Otras fuentes periodísticas indicaron que el criminal estaba en la cárcel
de La Dorada, Caldas.
Después de insistir en el llamado
“señor Gómez me escucha” y de cortar el intento de sus compañeros de la mesa
por saber cómo entró el celular el penado, Julio Sánchez Cristo termina
diciendo: “un segundito, un segundito, el señor nos llama por teléfono
y entonces el asumirá los riesgos y los costos de la llamada pero él tiene la
intención de aclarar una acusación que se está haciendo en los medios, pues lo
escuchamos, ya como es lo del teléfono y si lo metió él o la enfermera
dejemos allá al INPEC”.
Muchas veces en el ejercicio
periodístico se traspasan límites éticos y morales que si bien favorecen a las
empresas mediáticas por el rating alcanzado y a las audiencias interesadas en conocer
qué pasa con la vida de criminales como Kiko Gómez, se termina por legitimar la evidente corrupción
que existe dentro de las cárceles del país, convertidas en verdaderos resort
en donde los condenados en lugar de estar sometidos a las normas carcelarias
son ellos quienes someten a los guardias y al INPEC a sus costosos caprichos. Algo no huele bien en esa llamada.
