Por Germán Ayala Osorio
Por la probada y asqueante corrupción
al interior de las cárceles estatales en Colombia hace rato debió ordenarse la
liquidación del INPEC. De la misma manera como el entonces presidente Juan Manuel
Santos acabó con el DAS, por la demostrada penetración de los paramilitares
durante el gobierno de Uribe Vélez, de la misma manera Gustavo Petro debería de
una vez por todas acabar con esa institución carcelaria, responsable en gran
medida de que los criminales presos tengan celulares, call center, armas y
dinero para extorsionar desde sus celdas.
El sistema carcelario en Colombia
deviene putrefacto y todos los gobiernos enfrentan semejante situación haciendo cambios cosméticos como nombrar nuevos directores y las acostumbradas redadas e investigaciones disciplinarias y penales que se abren en contra de funcionarios
que cumplen tareas al interior de las cárceles. Todas esas acciones en nada
tocan el corazón del problema: la corrupción público-privada y la criminalidad
organizada y callejera que logró capturar el sistema carcelario y la institucionalidad
que se deriva de la operación del INPEC.
En 2023, el mismo instituto entregó
estas cifras en su lucha contra la extorsión al interior de las cárceles: “Desde
agosto del 2023, el Inpec lanzó este operativo para neutralizar a 30
delincuentes que se conocen como ´dinamizadores´ de la extorsión en Colombia, a
pesar de que se encuentran privados de la libertad. El reporte del operativo
dio cuenta que se realizaron 161 intervenciones, en las cuales se incautaron
1.240 celulares y 6.360 accesorios para celular en diferentes patios al
interior de los establecimientos carcelarios… El informe asegura que durante el
año 2023, se han llevado a cabo 5.459 investigaciones vigentes y un total de
3.889 funcionarios investigados a nivel nacional. Esto ha dado como resultado
la sanción de 159 funcionarios y se han destituido 50. De igual manera, se han
capturado 27 funcionarios durante el 2023”[1].
Desconozco a qué sector político,
clan, o partido pertenece políticamente el INPEC y la USPEC (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios). Lo cierto es que
urge ponerle coto a la corrupción al interior de las prisiones, lo que deriva
en la necesidad de acabar con el INPEC y transformar todo el sistema carcelario,
garantizando que jamás vuelva a estar sometida la institucionalidad penitenciaria
a los intereses de bandas criminales, mafias políticas y paramilitares como
viene sucediendo de tiempo atrás.
En lo que toca a la corrupción de cuello blanco, hay que acabar con los tratos especiales que reciben políticos que son enviados a las prisiones sindicados o condenados por corrupción. Hay que acabar con privilegios. Los congresistas y demás políticos no merecen tratamientos diferenciados y mucho menos, que se les permita continuar manejando sus negociados cómodamente desde sus celdas-oficinas.
Ojalá el presidente Petro decida
meterle la mano al sistema carcelario no solo para dignificar la vida de los y
las reclusas como lo viene haciendo hasta el momento a través de diversas
acciones, sino para garantizar que los criminales que los jueces envían a las prisiones
no sigan manejando sus estructuras delincuenciales y sus negocios desde la
comodidad de sus celdas, convertidas en cuarteles generales del mal.
Imagen tomada de EL ESPECTADOR.com
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