Por Germán Ayala Osorio
El concejal del Centro
Democrático, Andrés Escobar, propuso la militarización de la ciudad de Cali. Reconocido
social y políticamente con el mote de “pistolero”, el recién posesionado
concejal expuso el único tema que le apasiona, pero del que desconoce sus complejidades:
la seguridad y el porte de armas.
En sesión del Concejo
de Cali, su compañera Ana Erazo, del Pacto Histórico, confrontó la violenta
narrativa con la que Escobar insiste en criminalizar a los jóvenes que participaron
de las movilizaciones en la capital del Valle del Cauca, durante el estallido
social. La concejala tocó, además, un asunto y un concepto clave que muy seguramente el ignaro concejal
desconoce: la institucionalidad.
En su discurso, básico y
precario, Escobar no cae en cuenta que cayó en dos errores imperdonables: el
primero, en que él no puede ser jamás defensor de las instituciones y de las
institucionalidades de allí derivadas porque usurpó funciones de policía y de
manera violenta, decidió tomar justicia por su propia mano al salir a dispararles
a los manifestantes, como si se tratara de forajidos del viejo Oeste americano.
Y el segundo, porque al pedir la militarización, está subvalorando y cuestionando
la capacidad de la Policía, institución que Escobar dice defender en su ya
manido discurso. Recordemos que Escobar está imputado por los delitos de
usurpación de funciones públicas, amenaza agravada, y empleo o lanzamiento de
sustancias u objetos peligrosos durante el estallido social.
Haría bien el concejal, mientras se
define su situación jurídica, en ponerse a leer con el fin de consolidar conceptualmente un
discurso y no esa narrativa muy propia de la “gente de
bien” de la ciudad con la que insisten en que los problemas de inseguridad se solucionan
exclusivamente con aquello de la “violencia legítima del Estado”, cuando lo primero
que hay que lograr es que el Estado se haga legítimo social y políticamente. Imagino
que Escobar no ha leído a Max Weber.
En cuanto a su propuesta de militarizar
la ciudad, debería de considerar estos elementos antes de salir a proponer pendejadas
en el recinto del Concejo local: 1. Militares no están formados para cumplir
labores policiales. 2. Se reduce personal en batallones para cumplir con las
propias actividades castrenses. 3. Imagen de la policía se afecta negativamente,
pues la ciudadanía asocia la presencia de los militares, con incapacidad de los
policiales. 4. Y por supuesto que la imagen de los militares también se afecta
negativamente, pues dentro y fuera del país su presencia en las calles se
asocia con regímenes de mano dura o dictaduras.
La inseguridad en Cali se debe a
una histórica incapacidad del Estado en hacerse con el control de las armas, a
prácticas corruptas al interior de las instituciones armadas (armas oficiales
que se alquilan para cometer crímenes); si bien la pobreza es un caldo de
cultivo del que brotan raponeros y sicarios, no puede estigmatizarse a quienes
están en esas condiciones de vulnerabilidad y exclusión y señalarlos como agentes hostiles y responsables
de la inseguridad. Hay que estimar que los procesos civilizatorios en Cali,
Medellín y Bogotá devienen fallidos, circunstancia que bien puede servir para
explicar los altos niveles de violencia e inseguridad.
Imagen tomada de El Nuevo Siglo
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