Por Germán Ayala Osorio
El reconocimiento que Juan Manuel
Santos le hizo al periodista Alfredo Molano, en torno a la gestión que a muy
alto nivel lideró para asegurarle al expresidente Álvaro Uribe inmunidad diplomática
ante el posible llamado que harían tribunales americanos por la violación de
los derechos humanos, constituye un hecho jurídico-político que debería de concitar
una discusión ético-política, periodística y jurídica en torno a lo dicho por Santos
y a la historia de violaciones de derechos humanos que rodea al expresidente y
expresidiario antioqueño; y por supuesto, a la defensa que periodistas y medios
masivos hicieron y aún hacen del “legado” del latifundista, ganadero y
caballista antioqueño.
Santos Calderón justificó las
gestiones que realizó para, según él, salvarle el pellejo al expresidente Uribe
Vélez porque consideró que era indigno someter al país a un escándalo mediático,
jurídico y político ante un eventual procesamiento de Uribe ante la justicia
americana. El argumento que hoy exhibe Santos es débil ética y moralmente
porque prefirió pasar por encima de los derechos de las víctimas de la política
de seguridad democrática creada y liderada en su aplicación por el propio
Uribe. Es decir, Santos subvaloró a las madres de Soacha, cuyos hijos fueron asesinados
por militares (falsos positivos) debido a las presiones de la cúpula militar y del
propio Ejecutivo de “producir más y mejores resultados operacionales y
carrotanques de sangre”.
Las consultas que a muy alto
nivel realizó Santos le permitieron también salvar su pellejo porque en su rol
de ministro de la Defensa de Uribe Vélez, es responsable de los falsos
positivos que se cometieron durante el tiempo que duró al frente de esa cartera.
Además, lo hecho por Santos, en perspectiva histórica, parece más una acción política
para asegurar gobernabilidad ante el desencanto que sabía que generaría en el
país el diseño del proceso de paz y el contenido final del tratado de paz firmado
en La Habana y ratificado en el teatro Colón, en razón al pírrico triunfo del
No en el plebiscito por la paz. Santos, como fino ajedrecista, supo mover sus
fichas buscando, como hijo del Establecimiento colombiano, salvarse él, aunque más
adelante los nombres de célebres empresarios y políticos, sus amigos de clase social
quedaran en entredicho en el proceso de construcción de la verdad histórica que
adelantó la ya desaparecida Comisión de la Verdad; y la verdad judicial que a cuentagotas
viene consolidando la JEP.
Lo cierto es que lo reconocido
por Santos llega en el momento en el que un juez argentino, a finales del 2023,
aceptó investigar a Uribe Vélez por violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones
que elevaron la demanda ante la justicia gaucha lo hicieron basados en el
principio de la jurisdicción universal. A ese proceso judicial extraterritorial
contra Uribe Vélez se suma la desclasificación que los gringos hicieron de
varios documentos en los que aparece reseñado el nombre del exmandatario y
latifundista colombiano. El congresista y contradictor político de Uribe, Iván Cepeda Castro, escribió en el portal Open
Democracy que “veintitrés de esos documentos desclasificados pueden
leerse en el sitio web de la organización National Security Archive. Allí
figuran documentos de agencias de inteligencia estadounidenses que reseñan que,
en la década de 1990, Álvaro Uribe Vélez estaba incluido en una lista oficial
de los principales narcotraficantes y sus aliados “dedicados a colaborar con el
Cartel de Medellín”.
La derecha uribizada intentará
minimizar lo expresado por el expresidente y Nobel de Paz apelando a la narrativa
que construyeron junto con los medios hegemónicos, en la que Santos aparece
como un “traidor” porque se hizo elegir con las banderas del Centro Democrático
y terminó “entregándole el país a las Farc”.
Lo dicho por Santos Calderón
vuelve a poner en la palestra al expresidiario Álvaro Uribe Vélez, el político
que más daño le hizo al país entre 2002 y 2010. Hoy está procesado por manipulación
de testigos y fraude procesal. Sin duda alguna, delitos menores frente a las
atroces violaciones a los derechos humanos en las que incurrió su gobierno con
los falsos positivos. La azarosa y cuestionada vida pública y privada de Uribe
Vélez oscila entre inmunidades gestionadas y la impunidad que le garantiza el
débil aparato de justicia colombiano.
Imagen tomada de la red X.
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