Por Germán Ayala Osorio
La condición de expresidiario con
la que cargará hasta sus últimos días el expresidente Álvaro Uribe Vélez es,
además de una mácula más en su agitada y oscura vida política, una razón para
que específicos agentes del Establecimiento le hayan apostado durante casi
cuatro años a desestabilizar al gobierno Petro y atacarlo como persona: le han
dicho borracho, consumidor de sustancias psicotrópicas y de llevar una vida privada
licenciosa. El lawfare seguirá operando hasta el 7 de agosto.
Una vez Petro abandone la Casa de
Nariño, bien para que llegue a ésta Iván Cepeda, Paloma Valencia o Abelardo de
la Espriella, será objetivo paramilitar, judicial y político para aquellos sectores
de poder afectados por las decisiones adoptadas por el “exguerrillero comunista”.
Más claro: buscarán abrirle un proceso penal y una eventual extradición a
los Estados Unidos.
El jefe del Estado acaba de
decirlo: "La paz de Colombia no es renunciable; están tratando de
convertir los procesos de paz para que los colombianos no se maten entre sí
como pruebas para meterme preso en Estados Unidos; pueden hacerlo, pero
no voy a faltar a mi palabra de paz (…) Dialogar siempre es mejor que matar”.
Es posible que Petro exagere, fruto
de la paranoia resultante de haberse atrevido a tocar a miembros de una élite
parásita acostumbrados a hacer lo que les daba la gana con el Estado y a consolidar
una relación de sometimiento a los intereses de los norteamericanos. La reciente
solicitud que elevó a la Fiscalía de suspender órdenes de captura contra 29 integrantes
del Clan del Golfo, grupo narco paramilitar y terrorista podría servir para encausar
al mandatario por “colaborar” con estructuras criminales al impedir la
extradición, por ejemplo, de alias “Chiquito Malo”.
Aunque concentrar a los bandidos
en una Zona de Ubicación Temporal para evitar que interfieran en la jornada
electoral del 31 de mayo es un propósito político loable, las autoridades
gringas, azuzadas por actores uribistas, lo pueden ver como una acción de nula
colaboración judicial por la no extradición del criminal Jobanis de Jesús Ávila
Villadiego, alias “Chiquito Malo”. En cualquier caso, se trata de un error de
cálculo electoral y político haber elevado semejante solicitud, por los
cuestionamientos a la Paz Total, el deterioro del orden público, la sensación
de miedo inoculada desde la prensa hegemónica cuya narrativa está atada a la
reducción de los problemas del país al tema de la seguridad y la crisis del
sistema de aseguramiento en salud.
A modo de venganza moral y
política la institucionalidad judicial defensora de los intereses de la derecha
uribizada buscará procesar a Petro una vez asuma la condición de expresidente de
la República. De esa manera, el Establishment colombiano logrará vengarse
de los efectos políticos que les produjo el procesamiento y la condena en
primera instancia contra Álvaro Uribe, el más avezado y obsecuente de las
fichas que vienen poniendo de tiempo atrás en la Casa de Nari, como llamó a la
casa de gobierno el criminal alias Job.
Así registró la prensa la entrada
del bandido a las instalaciones oficiales: “Las cámaras de seguridad de la
Casa de Nariño dejaron registrada la tarde del miércoles 23 de abril de 2008,
pasadas las 18:30, el ingreso por el área de sótanos de Antonio López, alias
Job, asesor político de “don Berna” – Diego Fernando Murillo-, cabeza de la
llamada oficina de Envigado, y de su abogado Diego Álvarez. Estaban allí para
entrevistarse con el entonces secretario Jurídico de la presidente, Edmundo del
Castillo, y con el jefe de prensa del presidente Uribe, César Mauricio
Velásquez”.
Procesar y meter preso a Petro
bien puede convertirse en un objetivo político para aquellos sectores de poder
que harán todo lo que esté a su alcance para equiparar a Uribe con el hijo de
Ciénaga de Oro. Por ahora, la condición de expresidiario es exclusiva del expresidente
antioqueño, el político que más daño le hizo y le sigue haciendo a los
colombianos.
