Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Por Germán Ayala Osorio
Durante la ceremonia de reconocimiento
institucional y entrega de la credencial que lo acredita como presidente electo,
Abelardo de la Espriella Otero intentó, nuevamente, bajar la tensión y los
miedos que genera el carácter pendenciero que sedujo a millones de colombianos que al final lo votaron porque ofreció lo que otros también ofrecieron en el
pasado: bala, bala y más bala.
Es evidente que, en las huestes
del progresismo, del periodismo independiente, académicos y pensadores libres y
de la izquierda democrática, hay miedo por eventuales retaliaciones y el uso de
la inteligencia militar y policial para perseguir, intimidar, estigmatizar, “destripar”
y desaparecer a críticos y detractores.
El terror que se siente en redes
sociales y en conversaciones privadas hace pensar a quienes temen lo peor, que a
partir del 7 de agosto se iniciará en Colombia una cacería de brujas muy
parecida a la que vivieron esos mismos sectores en los gobiernos de Turbay
Ayala y Uribe Vélez con la aplicación a rajatabla del Estatuto de Seguridad y
la Seguridad Democrática, dos políticas oficiales que fueron en sus tiempos la
patente de corso para que desde el Estado se violaran los derechos humanos. Baste
con recordar a los que sufrieron torturas en unidades castrenses durante la
administración de Julio César Turbay Ayala y los 7.837 jóvenes asesinados por
miembros del Ejército que monetizaron sus vidas para entender la aprensión y el
recelo con el que cientos de miles de ciudadanos asumen la llegada de Abelardo
de la Espriella a la jefatura del Estado.
En su intervención, el Alejandro
Magno[1]
criollo, mandó un mensaje claro a los ilegales. Sin precisar si se refería
a los grupos armados ilegales (ELN, Disidencias farianas y Clan del Golfo), De
la Espriella conminó “a esas personas que intimidan al pueblo mediante el caos y la
violencia. A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje. Disponen de un mes para entrar en razón y organizar.
Disponen de un mes para organizar su sometimiento al estado de derecho[2]”.
¿Por qué no habló de “grupos
terroristas, narcoterroristas o bandidos” el presidente electo? Quizás estemos
ante una estrategia discursiva de nuevo cuño con la que el cuasi inquilino de
la Casa de Nariño (¿o de Nari?) desconoce a esos grupos como organizaciones criminales
y por esa vía la naturaleza política que reclaman de tiempo atrás. En su exhortación
y amenaza, De la Espriella Otero evita reconocer a comandantes y líderes de
esos grupos al margen de la ley que, dedicados a los negocios del narcotráfico,
la extorsión y la minería, erosionaron y deslegitimaron la categoría Conflicto
Armado Interno con la que la academia y organismos internacionales llaman a lo
sucede en Colombia por las disímiles violencias generadas en selvas y campos.
La expresión “personas ilegales”
me hizo recordar dos frases: la primera, en Colombia no hay conflicto armado,
sino amenaza terrorista (Uribe) y la segunda, en el país no hay
desplazados, hay migrantes (José Obdulio Gaviria, primo hermano del
criminal Pablo Escobar Gaviria). Armando Montenegro los llamó “migrantes voluntarios”.
Es posible pensar, entonces, que en Colombia no hay conflicto armado interno y
mucho menos organizaciones terroristas, sino “personas ilegales”. Vaya manera
de minimizar una problemática social, económica y política que lleva manifestándose
más de 50 años.
De acuerdo con el emplazamiento a
esas “personas ilegales”, el 7 de septiembre de 2026 habría paz en Colombia sin
necesidad de procesos de paz, ofrecimientos de garantías como la no
extradición, ceses del fuego y órdenes de captura, así como la concentración en
espacios territoriales como sucedió con los Paramilitares en Santafé de Ralito
y con guerrillas en la zona del Caguán, entre otras zonas de despeje temporal.
Ya el país vivió algo parecido
una vez resultó electo Gustavo Petro. Esto dijo: “A los tres meses de ser
presidente se acaba el ELN”. Por supuesto que esa promesa no se cumplió
lo que derivó en críticas, cuestionamientos y hasta risas en los sectores de la
derecha.
El 8 de septiembre sabremos si la
exhortación de Abelardo “Magno” de la Espriella caló en aquellas personas
ilegales a las que invitó a someterse a la justicia. De no concretarse dicha
entrega sin condiciones al Estado, el recién posesionado presidente de la
República estará abocado a elegir entre dos caminos: el de la negociación política,
sin gabelas, con los grupos terroristas o el de confrontación militar sin
tregua y con resultados ya conocidos: desplazamiento de millones de campesinos,
afectaciones ecológicas en ecosistemas frágiles y la llegada de terratenientes
y políticos a las zonas rojas a comprarle a precios irrisorios la tierra a los
campesinos que huyen de los enfrentamientos o simplemente a tomar posesión de
las fincas de los hacía rato las abandonaron.
[1] En su disertación, el histriónico presidente electo
calificó la campaña que lo llevó al triunfo electoral y político como una gesta
cercana a las de Alejandro Magno. Durante cuatro años criticaron a Petro por
sus constantes alusiones al libertador Simón Bolívar.
[2]
“No habrá ofertas generosas ni concesiones
inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin. La
convivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y
vergonzoso. En la era del Tigre se acabó. La ley, y solo el imperio de la ley”
