Por Germán Ayala Osorio,
comunicador social-periodista, politólogo y Ph. D en Regiones Sostenibles.
Ahora que avanza a los trancazos la aprobación del articulado
de la que sería la ley con la que se ajustaría el actual modelo de salud de
Colombia es bueno recordar pasajes de la accidentada discusión. En particular,
hacer remembranza de las posturas asumidas por los partidos de la U,
Conservador y Liberal, así como los negacionistas liderazgos de Dilian
Francisca Toro, César Gaviria Trujillo y Efraím Cepeda, políticos que
inicialmente se acostaron en el camino de la discusión y aprobación del proyecto
de ley que transforma a las EPS en Gestoras de Salud, quitándoles el manejo de
los billonarios recursos, cual “mulas muertas”. De igual manera, resulta pertinente
diferenciar las dos posturas de Estado que aparecen en el fondo de la discusión
al interior de la Cámara de Representantes.
El inicio
La negativa de los dueños de los partidos Liberal,
Conservador y de la U de no apoyar el proyecto de reforma a la salud que recién
empezó a discutirse al interior del Congreso es, en doble vía, una expresión
democrática y un alejamiento de los partidos políticos de uno de los asuntos
sociales y humanos del país que más necesitarían de la atención de todas las
colectividades: la calidad de la salud en Colombia y la corrupción al interior
del sistema.
Las decisiones políticas de César Gaviria Trujillo, Efraím
Cepeda y Dilian Francisca Toro sin duda alguna están atadas a las lógicas
democráticas que circulan al interior de las corporaciones legislativas.
Negociar apoyos, hacer exigencias y buscar consensos hacen parte de esas
lógicas en las que opera la democracia moderna. Hasta ahí, no habría mayores
reparos a las posturas asumidas por estos políticos profesionales. Los
problemas surgen cuando en el análisis político de la propuesta de reforma al
sistema de salud aparecen los sempiternos intereses corporativos e individuales
de los directores de los partidos que no acompañarán al gobierno en su afán de
modificar el sistema de salud.
Lo hecho por Gaviria, Cepeda y Toro es la constatación de que
en Colombia hay partidos cuya existencia
está en función de consolidar la operación del régimen de poder con el que
cobra vida lo que llamo el Doble Estado. Una cosa es el Estado cuyas
instituciones formales tratan de dar cuenta de lo prescrito en la garantista
carta política de 1991 y otra muy distinta, las institucionalidades paralelas
que se derivan de ese Doble Estado que se crea de la mano de los clanes
políticos y la privatización de la acción política y de las actividades propias
de los congresistas. Así las cosas, los partidos Liberal, Conservador y de la U
actúan en el nivel más básico de la democracia: en el de discutir proyectos de
ley. Pasar a un nivel más complejo de la
democracia implicaría aceptar que efectivamente el sistema de salud exhibe
problemas estructurales asociados y expresados a través del ethos mafioso que, al haberse
naturalizado en las relaciones entre el sector privado y estatal, hace
imposible pensar y actuar en democracia, teniendo en cuenta el ámbito social y
las circunstancias que rodean la prestación de los servicios de salud en el país:
incertidumbres, desazón, miedo e impotencia, que ponen en evidencia que frente
al actual sistema de salud hay un grave problema social.
Gaviria, Cepeda y Toro no exhiben un talante democrático en
el sentido maximalista con el que aquí asumo la democracia. No. Por el
contrario, su negativa obedece al ejercicio autocrático con el que los tres se
burlan de la democracia representativa, de la voluntad popular y lo que es más
grave: se mofan de las víctimas que, por treinta años, viene produciendo el
sistema de salud colombiano. En este punto saldrán sus defensores a decir que
hemos ganado en cobertura, pero guardan silencio cuando se examina la calidad
de los servicios, en particular cuando se niegan cirugías, se retrasan
procedimientos y citas, debido a que la corrupción hace colapsar a las EPS, al
tiempo que se llenan los bolsillos gerentes y presidentes, entre otros actores
del complejo sistema de salud.
Estos tres políticos están hoy atravesados en la vía de la
discusión de un nuevo modelo de salud, como tres enormes “mulas muertas”, cuyo
exceso de peso brota, justamente, del tamaño de sus intereses individuales y
los corporativos que acompañan a los propietarios de EPS y de IPS, muchos de
estos amigos y financiadores de congresistas; y a los congresistas que fungen
como socios o propietarios de estas entidades.
El miedo a que los servicios de salud queden en manos del
Estado sirve a unos y otros para justificar la corrupción o minimizar la
gravedad de los hechos dolosos que acompañan la operación de EPS que, al final,
son intervenidas y liquidadas por la Superintendencia del sector. El negocio de
las EPS es la constatación de que el Estado y los recursos públicos fueron
privatizados, esto es, capturados por mafias políticas que convirtieron la
salud en un vulgar negocio. Así se mató el Estado Social de Derecho y de ese
“crimen” son responsables políticos como Gaviria, Cepeda y Toro, incapaces de
asumir la democracia en un sentido maximalista. Un verdadero demócrata es aquel
que asume el Estado Social de Derecho como una apuesta civilizatoria y
republicana en donde sobresalen el afán y el interés por servir a todos los
asociados a un territorio y hacer posible que sus derechos tengan sentido y no
terminen menoscabados por quienes asumieron a los enfermos y en general a los
usuarios del sistema, como clientes.
Concepciones de Estado
En la discusión del proyecto de reforma a la salud del
gobierno, confluyen, fundamentalmente, dos ideas o concepciones alrededor de lo
que debe ser el Estado. En la propuesta diseñada por la ministra Carolina
Corcho hay una visión de un Estado social de derecho, maximizado por la ilusión
del presidente Petro de llevar a Colombia por los caminos de los estados de
bienestar europeos. Esa meta presidencial simplemente es inalcanzable porque
lograrla supone un cambio cultural profundo con el que quedarían superadas
circunstancias civilizatorias negativas que han impedido en gran medida
construir una verdadera República, una nación grande y una sociedad moderna.
Esas circunstancias civilizatorias negativas son: un encarnado ethos mafioso y
la consolidación de unas élites mafiosas, corruptas y con perfiles fascistas,
expresados en la animadversión que los aleja de ver a indígenas, campesinos y
afros, como ciudadanos con igualdad de derechos.
Por el contrario, en la contra propuesta presentada por las
“tres mulas muertas” (Gaviria, Toro y Cepeda) que se le atravesaron al
gobierno, sobresale la idea de un Estado privatizado que por más de 30 años ha
estado al servicio de mafias, clanes y familias políticas con vínculos con
grupos paramilitares receptores de los recursos de la salud. Ese país
premoderno que surgió de esa perversa operación del Estado se resiste a
transformarse en uno moderno y republicano. Gaviria, Toro y Cepeda representan
el pasado de una sociedad que se acostumbró a que lo estatal no funciona por
culpa de la negligencia de sus funcionarios y una disfuncional burocracia, de
ahí que se necesite del concurso de los privados, presentados como impolutos,
creativos y diligentes. La quiebra de las EPS y la corrupción les demostró que
lo privado no necesariamente es mejor que lo estatal.
El enfrentamiento político e ideológico que hoy rodea la
discusión de la reforma al interior del Congreso es el resultado de lo difícil
que es y será conciliar dos concepciones del Estado diametralmente contrarias.
Lo curioso de todo es que en las narrativas mediáticas e incluso, en los
propios discursos de defensores de la propuesta del gobierno no se alude al
asunto de fondo al que aquí me refiero.
En cuanto a la reacción patriarcal del iliberal y consumado
neoliberal, César Gaviria Trujillo, de amenazar a los congresistas liberales
que apoyen el articulado de la reforma oficial a la salud, hay que decir que
esta da cuenta del talante arbitrario y poco democrático de este siervo de los
banqueros y de todos los agentes sociales y económicos que de tiempo atrás se
sirven del Estado para amasar las fortunas con las que logran poner
congresistas, presidentes de la República y por supuesto, directores de partidos
políticos; estos últimos convertidos en apéndices de los intereses corporativos
de dos o tres familias poderosas.
En lo que refiere a la respuesta que el presidente Petro, al
invitar al pueblo a que se levante, señalo que resulta inconveniente y peligrosa.
Hay que explorar otros mecanismos para deslegitimar la vigencia de Gaviria,
Toro y Cepeda. Uno de ellos podría ser el de la justicia, referido a los
procesos judiciales en los que están involucrados la exgobernadora del Valle
del Cauca y zarina de la salud departamental y el director del partido
Conservador, Efraín Cepeda. Frente al expresidente Gaviria, al gobierno le
queda insistir en la fractura de su mandato. La misiva que 18 de los 33
representantes liberales le enviaron al nefasto director del insepulto partido
Liberal es una señal y una puerta que se abrió para ponerle fin al reinado de
este parásito con fuero presidencial.
Curiosidades
Los avances logrados hasta el momento, en lo que toca a la
aprobación de los artículos del proyecto de reforma al sistema de salud han
sido el fruto de la perseverancia del gobierno y de la bancada del Pacto Histórico,
y por supuesto, las decisiones individuales de congresistas liberales, de la U,
conservadores y de la Alianza Verde, de tomar distancia de sus jefes políticos,
en particular de las amenazas del anacrónico y decadente César Gaviria Trujillo.
El accidentado trámite de la reforma dejó ver el perfil
acomodaticio y poco profesional de políticos como Katerine Juvinao y Jota P
Hernández y varios del Centro Democrático cuya oposición al proyecto de ley no parte
de la lectura juiciosa del articulado y mucho menos de una discusión argumentada.
Actúan más como lobistas pagados por las EPS, que como congresistas capaces de
dar una discusión técnica y política del articulado. Han apelado a todo tipo de
argucias para desbaratar el quorum y presentar recusaciones salidas de las propias
huestes de la oposición.
Resulta curioso que estos congresistas jamás discuten la
corrupción al interior de las EPS y la tragedia presupuestal asociada a la cantidad
de EPS que entraron en quiebra e intervenidas por el Estado, por su
inviabilidad financiera. Juvinao y Hernández, entre otros, jamás criticaron la
corrupción al interior de la EPS SaludCoop, manejada por el corrupto Carlos
Palacino. En esa mismo silencio cayó el exministro de salud de Santos y
exministro de Educación de Petro, Alejandro Gaviria, quien funge como otro
lobista más de las EPS.
Imagen tomada de El Espectador.com
