Por Germán Ayala Osorio
Después del acto de censura
contra las periodistas Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo, una parte de la
sociedad se pregunta hacia dónde va el país en materia de respeto a las
libertades de prensa y opinión con un presidente de la República claramente hostil
hacia aquellos periodistas que osan cuestionar sus decisiones políticas e
incluso volver a preguntarle por haber sido defensor de narcoparamilitares y por
las relaciones que tuvo con Alex Saab el testaferro del régimen venezolano hoy
procesado en los Estados Unidos por varios delitos federales.
De manera concomitante a la
censura de las comunicadoras se conoció la directriz presidencial que señala
que solo serán convocados a ruedas de prensa los periodistas “amigos” del
gobierno. Bajo esos dos hechos, la autocensura se naturaliza dentro de las
dinámicas del oficio periodístico y a partir de ahí los periodistas y medios
oficialistas se convierten en estafetas, mandaderos, botones, correveidiles, criados
y emisarios de lo que quiera ordenar o decida mandar a decir De la Espriella
con su vocero presidencial.
La censura de la que fueron
víctimas las referidas periodistas tiene un componente corporativo que hace aún
más preocupante la situación para el ejercicio de informar y opinar en el país,
en la medida que la salida del aire del programa radial de la cadena Blu radio la
tomó la misma familia Santo Domingo, propietaria de la empresa mediática, a
petición del presidente de la República. Entonces, en sí misma no se trata de
una censura oficial directa, sino de una que podemos llamar censura oficial-corporativa
que tiene una enorme diferencia a la tradicional censura oficial aplicada en
Colombia durante el gobierno del general Rojas Pinilla. El país recuerda que el
militar mandó a los militares a cerrar el periódico El Tiempo el tres de agosto
de 1955.
A Rojas Pinilla le generaban
urticaria los editoriales de El Tiempo. Hoy en día, a nadie le importa lo que “piensan”
los periódicos. Las redes sociales son el nuevo escenario en el que se generan
estados de opinión pública; eso sí, allá llega la gente menos leída y sensata, la
más pasional, irracional, irascible y poco formada para la discusión argumentada.
De ahí que sirvan esas redes sociales o
cloacas ideológicas para expresar odio y para dar cuenta de hechos como la
censura a las dos periodistas, pero que no alcanzan a presionar para que semejante
decisión pudiese ser reversada. Como se dice en la calle, tiene más reversa
un buque. Además, el grueso de la prensa tradicional aún mantiene el poder
de imponer las versiones oficiales convertirlas en verdades incontrastables en
la medida en que entre todas las empresas mediáticas- hoy abelardistas; ayer,
uribistas- harán todo para acompañar sin duda alguna el trasegar de la Patria
Milagro y con ella el objetivo final: regenerar a la sociedad hasta conducirla
por los caminos trazados por el Señor. Eso sí, en medio de ese proceso de forzado
y violento cambio cultural (batalla
cultural) aparece el miedo de muchos ciudadanos y periodistas a ser
perfilados por agentes estatales al servicio de la causa abelardista por una
razón evidente: estarían cumpliendo órdenes de Dios o de Jesús Cristo, lo que
convierte lo ilegal en legítimo y lo inmoral en un valor moralmente superior
porque la voluntad del Señor está de por medio.
Ahora, no creo que con De
la Espriella lleguemos al cierre de empresas mediáticas, enviándoles a los
militares para clausurar imprentas, silenciar emisoras o apagar cámaras de
televisión. Y no porque crea que es incapaz de hacerlo, sino porque estamos en
tiempos diferentes: los banqueros dueños de las empresas mediáticas primero están
dispuestos a apoyar al jefe del Estado que ayudaron a ponerlo en el solio de
Bolívar. Esa inversión deben recuperarla a como dé lugar. Sus empleados (periodistas)
pasan de inmediato a un tercer e incluso a un quinto plano, lo que se traduce
en que la autocensura al interior de los medios se asume como una práctica
cotidiana que erosiona viejos principios periodísticos. Aquello de vigilar al poder
y de incomodarlo es una quimera. Suele ser la autocensura más dura y violenta
que la censura oficial misma.
Ahora es mucho más sencillo controlar
a la prensa: basta con echar a un par de periodistas para que los demás “afinen”
y decidan alinearse con el gobierno. Los que no comulguen con las ideas del pastor-presidente
pueden irse a You Tube para tratar de sobrevivir. Muy seguramente Restrepo y
Zuluaga abrirán su canal en esa plataforma.
Algunos tuiteros recordaron el
caso del periodista Luis
Carlos Vélez, echado de La FM, dando a entender que se trató de un acto de
censura parecido al que sufrieron Restrepo y Zuluaga. Y no, no entra en el ámbito
de la censura oficial corporativa. Simplemente el sector azucarero le hizo
saber hasta dónde llega el poder de la pauta y las relaciones gremiales. De esa
forma le cobraron el haberse metido con los intereses de ese gremio en la COP16
que organizó la capital del Valle del Cauca. Hoy, en su canal de You Tube,
Vélez está alineado con el gobierno, lo que lo convierte en un estafeta del abelardismo.
Poco le importó a sus jefes y a los patrocinadores de esa emisora de RCN su
evidente animadversión hacia el presidente Petro. Simplemente lo usaron, hasta
que cuando por un error no forzado como se dice en el tenis, se volvió incómodo
y lo echaron como a un perro.
La crisis de
credibilidad del periodismo
colombiano aumentará ostensiblemente en estos cuatro años del gobierno de De la
Espriella. Eso tampoco les importará a los banqueros y millonarios propietarios
de las empresas mediáticas porque el proyecto de la posverdad
y las granjas
de bots hacen parte del proyecto de regeneración cultural, moral e ideológica
que arrancó el 7 de agosto.
Quizás lo que más recordará la
gente es el acto de censura contra las dos periodistas, pero muy pocos harán conciencia
de que la autocensura es la peor práctica en la que puede caer un medio de
información. La ya precaria, formal y electoral democracia colombiana entra en
una fase de congelamiento de sus valores más universales (el deber ser), al tiempo
en el que se activa la mano dura, esto es, la persecución y estigmatización por
parte de los agentes abelardistas de la policía moral contra todos los que
insistan en oponerse a las decisiones tomadas por el pastor-presidente.
