MINISTRO DE LA DEFENSA PIDE PERDÓN POR FALSOS POSITIVOS

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, pidió perdón por los crímenes cometidos por miembros del Ejército. “Le pedimos perdón a las familias de estos 19 hombres, pero también a todo un país que vivió el horror de la criminalidad de las ejecuciones extrajudiciales. Hoy, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en nombre del Estado, pedimos perdón a las madres y familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, crímenes que nos avergüenzan ante el mundo...”

Los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales son hechos que dan cuenta de la degradación moral en la que cayeron los militares, en un contexto de envilecimiento de todos los actores armados, esto es, militares, paramilitares y guerrillas. Es decir, los tres actores armados entraron en una dinámica sostenida de conversión criminal.

La ceremonia y la solicitud de perdón constituyen actos de reparación que enaltecen la política y le devuelven a la población civil la confianza que se perdió en las fuerzas militares. Eso sí, el acto de contrición debe ir acompañado de una acción institucional cuyo derrotero es claro: eliminar la doctrina del enemigo interno. Justamente, bajo esa escuela se justificaron sistemáticas violaciones de los derechos humanos durante estos largos 50 años de conflicto armado interno. El gobierno de Petro debe cerciorarse del cambio de “cartilla” al interior de las fuerzas armadas, en particular, en las escuelas de formación de oficiales y suboficiales del Ejército. Tanto Petro como Velásquez saben que, para las elecciones de 2026, la derecha uribista intentará recuperar el poder a través de las candidaturas de Diego Molano, Francisco Barbosa y María Fernanda Cabal. Esta última dijo en 2016, “soy muy crítica con los generales hoy, me parece que son unos vendidos, que les pagaron una prima de silencio que no sabemos de cuánto es (…) Amo a mi Ejército, amo a mis soldados y policías, pero qué rápido vendieron su doctrina ¡Qué falta de capacidad de pelear por los principios con los que fueron formados! Es que el Ejército no está para ser damas rosadas, el Ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar”.

 Que en nombre del Estado se pida perdón por crímenes atroces engrandece a esa forma de dominación de la que muchos gobiernos y presidentes de la República se valieron en el pasado para dar rienda suelta a sus odios e intolerancia. En el marco del degradado conflicto armado interno, sucesivos gobiernos facilitaron y auparon la aplicación, a rajatabla, de esa doctrina militar y estatal, que con el tiempo convirtió al Estado en una organización criminal. Emergió entonces aquella vieja sentencia de la “violencia legítima del Estado”, patente de corso que jefes de Estado y unidades militares usaron para asesinar con vileza, perseguir y torturar a quienes simplemente se atrevieron a pensar distinto en los complejos años 60, 70 y 80.

En las imágenes transmitidas por varios noticieros de televisión se pudo notar la sinceridad del ministro Velásquez, quien asumió la tarea de pedirle perdón a las familias y al país por crímenes que sectores de la derecha naturalizaron para luego negar, aduciendo que los falsos positivos no eran más que una narrativa de la izquierda para enlodar la imagen del “glorioso Ejército” colombiano.

Lo cierto es que bajo el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), el Estado, de la mano de unidades militares, se convirtió en un cruel y despiadado asesino serial responsable de 6402 probados falsos positivos. Quizás, en lugar del ministro Velásquez, a esa tarima debieron subirse para dar la cara, Juan Manuel Santos, Camilo Ospina y el propio Álvaro Uribe. Santos y Ospina, por haber sido sus ministros de la Defensa; y Uribe, por ser el responsable político y moral de las oprobiosas prácticas que generó la aplicación de su política de seguridad democrática.

Recientemente, el profesor Rodrigo Uprimny dijo en una columna que “Uribe era el presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y podría entonces haber incurrido en la responsabilidad de mando por esos crímenes por cuanto parecen reunirse los tres requisitos exigidos por el derecho penal internacional: i) tener mando efectivo, y Uribe tuvo siempre un control claro sobre la Fuerza Pública; ii) tener información disponible de que esos crímenes estaban ocurriendo, y lo cierto es que, desde 2004, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas reportó su preocupación por denuncias crecientes y creíbles de ejecuciones extrajudiciales por el Ejército; y iii) no tomar las medidas para evitar esos crímenes. Y Uribe solo reaccionó en octubre de 2008, cuando llamó a calificar servicio a tres generales y 11 coroneles por posible involucramiento en falsos positivos”. Se pueda probar o no la responsabilidad de mando de Uribe Vélez, lo cierto es que durante sus 8 aciagos años de gobierno, el Estado colombiano actuó como un aparato criminal.

Imagen tomada de Latina Network