Por Germán Ayala Osorio
Continúan las audiencias de reconocimiento de responsabilidades por las ejecuciones extrajudiciales, mal conocidas como "falsos positivos". Nuevos oficiales y suboficiales reconocieron que hicieron parte de la política oficial de asesinar civiles para consolidar la narrativa impulsada y recreada por el gobierno de Álvaro Uribe que señalaba que estaban ganando la guerra contra las Farc-Ep.
Las recientes audiencias, como las anteriores, constituyen rituales de la atrocidad que apenas si llaman la atención de empresas mediáticas que en el pasado convirtieron a Uribe Vélez en un fenómeno mediático y en el presidente "irremplazable". Medios como Caracol y RCN estuvieron más pendientes de distraer a la opinión pública con los hechos deportivos de los Juegos Olímpicos, dejando de lado el registro de las responsabilidades asumidas por uniformados que de un momento a otro se convirtieron en sicarios, en simples criminales, a cambio de recibir bonificaciones, ascensos, medallas, traslados, felicitaciones a los folios de vida, la asistencia a bacanales y por disfrutar platos de arroz chino.
Mientras que las audiencias transcurren en medio de un gran esfuerzo comunicativo por parte de la JEP, la vida social, política y económica del país sigue su marcha, sin que el conjunto de la sociedad haya todavía asumido y comprendido que los falsos positivos dan cuenta de un proceso de desintegración moral, ético y misional del Ejército nacional, que se consolidó con la aplicación a rajatabla de la política de defensa y seguridad democrática de Uribe. Eso sí, la ocurrencia de falsos positivos viene de tiempo atrás, desde los mismos orígenes del conflicto armado interno, pero durante la administración de Uribe Vélez esa práctica criminal e ignominiosa alcanzó los más altos indicadores que hacen pensar en que son más de 6402 los civiles asesinados entre 2002 y 2010, cifra entregada por la JEP.
Los esfuerzos del alto tribunal de paz y de justicia transicional por generar espacios en los que victimarios y víctimas puedan mirarse a los ojos se perderán si la sociedad colombiana no asume la tarea de darle a los falsos positivos la dimensión atroz que los medios masivos le niegan cada vez que ignoran el registro de las audiencias o cuando a pesar de hacer los cubrimientos de las mismas, evitan ubicar esos hechos atroces en un contexto ético-político, moral y en señalar la responsabilidad de un Estado que hace rato se graduó como un orden criminal.
Al dejar solas a las víctimas y a los victimarios intercambiando reclamos y perdones tardíos, la sociedad colombiana convertirá los falsos positivos en episodios que ocurrieron por cosas del azar o del destino, cuando queda claro que su ocurrencia está inexorablemente atada a decisiones políticas de un gobierno como el de Uribe que instrumentalizó a los militares y los fue llevando, de la mano de la Seguridad Democrática, hacia un inocultable proceso de vaciamiento moral, de destrucción del honor y de naturalización de la perfidia, que terminó en el más oscuro túnel en el que finalmente oficiales, suboficiales y soldados monetizaron la vida de civiles inermes, para luego asesinarlos.
Bien por la JEP en su trabajo de construir verdad y de abrir espacios para que las víctimas intenten superar el dolor, conociendo de los victimarios los detalles de las desapariciones y de los asesinatos a sangre fría de sus familiares. Insisto en que le corresponde al resto de los colombianos ubicar a los falsos positivos en el marco inmoral al que pertenecen. Hablar de esos crímenes, sin señalar a los responsables políticos, constituye una forma de mentira que impedirá la reconciliación y el perdón. El mejor castigo que pueden recibir de la sociedad los sujetos políticos que crearon la política de seguridad democrática es el señalamiento colectivo. Las ideas políticas de los que se conoce como el uribismo deben quedar sepultadas o proscritas por ser propias de una sociedad que arrastra una historia de barbarie y deshumanización que es urgente dejar atrás.
Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM
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