Por Germán Ayala Osorio
El asesinato del magistrado
Carlos Horacio Urán Rojas a manos de miembros del Ejército Nacional vuelve a
recordarles a los colombianos los hechos del holocausto del Palacio de Justicia
ocurridos hace 40
años. De acuerdo con la familia del togado, la responsabilidad de la muerte
recae en el entonces coronel Alfonso Plazas Vega, comandante operativo de la retoma
del Palacio de Justicia.
Urán Rojas habría salido vivo de
las instalaciones, de acuerdo con análisis que se hicieron de las imágenes de
televisión que registraron las salidas del personal civil. Lo llamativo del
caso es que el cuerpo del togado fue encontrado al interior del Palacio de
Justicia, con un tiro de gracia que salió de una pistola 9 milímetros. En por
lo menos dos ocasiones la Fiscalía colombiana desestimó esa versión, asegurando
que Urán jamás salió de las instalaciones y que su muerte se produjo en su
interior.
El entonces coronel de
Caballería, Plazas Vega fue procesado y condenado, pero luego absuelto por la
Corte Suprema de Justicia en lo que concierne a la suerte que corrió la vida
del magistrado Urán Rojas. Sin embargo, la familia demandó al alto oficial ante
la justicia norteamericana pues el exmilitar se fue a vivir a Miami. El proceso
judicial (civil) está por iniciar la etapa de juicio en contra de Plazas Vega. Está
previsto el inicio de esa etapa procesal para el 8 de septiembre. Plazas Vega
está demandado por tortura y el asesinato del magistrado. “En 2022, las
hijas del magistrado Urán –Xiomara, Mairée y Helena Urán Bidegain– presentaron
una demanda ante la jurisdicción estadounidense contra el coronel Luis Alfonso
Plazas Vega, quien reside en el estado de Florida. Ellas están representadas
por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA), una
organización que denuncia jurídicamente casos de tortura y crímenes de guerra
en todo el mundo”.
El llamado a juicio en sí mismo
resulta relevante, pero lo es más la reacción del presidente Abelardo de la
Espriella Otero, quien ordenó a su canciller Omar Bula y a la embajadora de
Colombia en los Estados Unidos, Consuelo Araújo acompañar al excoronel y acoger
su defensa como agente estatal y héroe de la patria. De la Espriella le dijo a
la prensa que “el coronel Plazas Vega es un héroe de la patria. La Corte
Suprema de Justicia lo declaró inocente, después de una persecución infame y
mentirosa que duró años”.
Al asumir el caso como un “asunto
de Estado”, De la Espriella se alinea con una concepción de Estado que de acuerdo
con el balance final que dejó la retoma del Palacio de Justicia resulta inmoral
por el sacrificio de las vidas de los civiles que quedaron en medio del fuego
cruzado entre militares y guerrilleros del M-19. Además, lo hace en un momento
histórico definitivo para él como comandante supremo de las Fuerzas Armadas,
para el Estado y el viejo establecimiento. Aunque su saludo militar se lee en
ocasiones como una burla o pantomima, su alineamiento ideológico, institucional
y político con las mesnadas castrense debilita el carácter civil del jefe del
Estado, lo que lo acerca a la posibilidad de terminar gobernando vestido de
verde oliva o de camuflado como ocurrió con Nicolás Maduro Moros y hasta el
propio Fidel Castro Ruz.
Su más reciente aparición en
público, desfilando entre bolsas blancas en cuyo interior estaban los cadáveres
de 23
terroristas “dados de baja”, da cuenta de su decisión consciente de
transformarse en un militar más. Daniel Coronell, en su columna Farsa
macabra, lo define como un actor que sigue un libreto. Para aquella ocasión
en la que se pavoneó sobre los despojos mortales de los terroristas abatidos,
Coronell dijo que llegó “caracterizado con pantalones tácticos
entubados, camisa verde oliva entallada, botas y walkie-talkie en mano”.
Se trate o no de una actuación o del
cumplimiento de un guion predeterminado, la alineación sin asomo de crítica a
los uniformados que en el pasado, en el presente y en el futuro reciban el encargo
de defender la patria pone a la dignidad presidencial en riesgo de perder su condición
civil para aceptar sin ambages el espíritu, las lógicas y las dinámicas militares
en un país que arrastra una historia de violaciones a los DDHH y al DIH
ordenadas desde batallones y legitimadas por presidentes de la República cuestionados
por ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.
La retoma del Palacio
de Justicia por parte de los militares partió de un afán de venganza de los
uniformados contra el M-19, estructura armada ilegal que con golpes mediáticos
como el robo de las cinco mil armas del cantón norte de Bogotá y la extracción
de la espada de Bolívar, entre otros golpes, terminó ridiculizando a los miembros
del Ejército.
La operación militar emprendida
para recuperar a sangre y fuego el edificio, asaltado a tiros por una célula
del M-19, le permitió al entonces coronel de Caballería, Alfonso Plazas Vega
justificar el operativo diciendo la frase “aquí, defendiendo la democracia maestro”. El militar en ese estresante momento y ante una
prensa ávida de conocer qué estaba pasando al interior del Palacio de Justicia,
redujo la democracia a la recuperación de un edificio. Desde una perspectiva
simbólica, la frase tiene sentido, pero desde lo conceptual, la misma expresión
deviene con una fuerte carga reduccionista en la medida en que jamás estuvo en
riesgo la institucionalidad y mucho menos el control de los tres poderes
públicos. Quienes por más de 24
horas rompieron la jerarquía y la responsabilidad del mando fueron los
militares que prácticamente sacaron de la ecuación al presidente Belisario Betancur
Cuartas.
La legitimidad del Estado y del
uso de la violencia o de la fuerza no puede asumirse como una patente de corso
para debilitar la democracia y mucho menos violar derechos y libertades. La
degradación del conflicto armado interno y de los actores armados, legales e
ilegales, comprometidos, exige del jefe del Estado ecuanimidad y sindéresis al
momento de examinar las actuaciones de los militares durante las ofensivas en contra
de las organizaciones criminales. Posar o actuar como un militar más no es un
detalle menor en una sociedad que desde el plebiscito por la Paz evidenció una
fuerte fractura social, política e ideológica que terminó dividiendo al país
entre “buenos” y “malos”. No vaya a ser que, De la Espriella, frente a un hecho
parecido al del holocausto del Palacio de Justicia termine diciéndole a la
prensa, “aquí, defendiendo el Estado gendarme”.
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