40 AÑOS DESPUÉS DEL HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay una conexión moral que hay que hacer entre las acciones militares y prepolíticas realizadas tanto por el M-19 en la toma, como por el Ejército en la retoma del Palacio de Justicia y hechos posteriores como los falsos positivos y las sangrientas tomas guerrillas a bases militares con los saldos ya conocidos por los colombianos.

Más allá de las grietas y contradicciones de los relatos que dan cuenta de una verdad a medias sobre lo ocurrido en la toma y retoma del Palacio de Justicia, hay una realidad inobjetable: a los guerrilleros del M-19 y a los militares los unió en ese escenario caótico el desprecio por la vida de los magistrados, empleados de la cafetería y visitantes. Lo que vino después para el país en materia de orden público fue la degradación moral de los combatientes, legales e ilegales.

Si aceptamos el relato que indica que el M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia patrocinado con dineros del asesino serial Pablo Escobar Gaviria, encontramos, más allá de la veracidad y legitimidad de las fuentes consultadas, que ese contubernio con el Cartel de Medellín explica con claridad la actitud inmoral y la contradicción de la ética “revolucionaria” de los miembros del M-19. Aliarse con semejante criminal es suficiente muestra de la degradación moral de la que aquí hablo.

Y si aceptamos la versión que indica que el Ejército se aventuró a retomar el Palacio de Justicia para vengarse  del M-19 por el robo de las 5.000 armas del cantón norte y la sustracción de la espada de Bolívar; y para desaparecer los expedientes de las investigaciones que se adelantaban en contra de altos oficiales por violaciones a los derechos humanos, entonces queda claro que la retoma no fue una acción para “defender la democracia” y mucho menos para recuperar a los magistrados secuestrados. Que los servicios de inteligencia del Estado y las huestes castrenses conocieran que el M-19 estaba planeando el asalto al Palacio de Justicia da cuenta del grado de desprecio por la vida de los magistrados. Los procesos en contra de altos oficiales del Ejército venían desde el gobierno de Turbay Ayala y la aplicación del violento Estatuto de Seguridad.

Luego del Holocausto del Palacio de Justicia vinieron los sangrientos ataques a pueblos y a bases militares por parte de otros grupos guerrilleros y los falsos positivos. Temerarias, violentas y prepolíticas acciones que se conectan muy bien con los inmorales hechos del Palacio de Justicia y la consecuente degradación moral de los actores del conflicto armado interno. ¿Acaso no es inmoral asesinar civiles inermes, ponerles camuflados y hacerlos pasar como “guerrilleros muertos en combates”? ¿Acaso no es inmoral someter a tratos degradantes a militares en campos de concentración que las Farc construyeron? ¿O acaso no es inmoral lo sucedido con el magistrado Carlos Horacio Urán que salió vivo del Palacio de Justicia, luego el Ejército lo asesinó y apareció calcinado al interior del recinto?

La génesis de dicha degradación moral está atada a los hechos de lo que se conoce como el Holocausto del Palacio de Justicia, pero sobre todo a los efectos pasajeros de una tragedia presentada como nacional por la prensa de la época, pero que apenas si logró atrapar a las familias de los magistrados, de los guerrilleros, de los empleados de la cafetería, de los visitantes y de las personas que el Ejército desapareció.

Desde ese trágico momento, el desprecio por la vida, animado por la doctrina del enemigo interno, su extensión a todo lo que oliera a izquierda y la llegada de Petro al poder se convirtió en una constante en una sociedad como la colombiana que desprecia la paz, al tiempo que aplaude las soluciones armadas en las que no solo caen los combatientes ilegales, sino civiles inocentes. Para darle continuidad a ese sentimiento de desprecio por la vida hay precandidatos presidenciales y políticos que hablan de “destripar”, dar bala o balín a diestra y siniestra, e incluso de diseñar un segundo Plan Colombia. 

Con los actos conmemorativos del Holocausto nos damos cuenta que somos buenos para rezar por las víctimas y exigir verdad y justicia, pero bastante "malitos" para mirarnos al espejo de la inmoralidad y la ética acomodaticia en el que todos los días nos miramos como sociedad premoderna e incivilizada. 

EXCORONEL PLAZAS VEGA A JUICIO

Por Germán Ayala Osorio

 

El asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas a manos de miembros del Ejército Nacional vuelve a recordarles a los colombianos los hechos del holocausto del Palacio de Justicia ocurridos hace 40 años. De acuerdo con la familia del togado, la responsabilidad de la muerte recae en el entonces coronel Alfonso Plazas Vega, comandante operativo de la retoma del Palacio de Justicia.

Urán Rojas habría salido vivo de las instalaciones, de acuerdo con análisis que se hicieron de las imágenes de televisión que registraron las salidas del personal civil. Lo llamativo del caso es que el cuerpo del togado fue encontrado al interior del Palacio de Justicia, con un tiro de gracia que salió de una pistola 9 milímetros. En por lo menos dos ocasiones la Fiscalía colombiana desestimó esa versión, asegurando que Urán jamás salió de las instalaciones y que su muerte se produjo en su interior.

El entonces coronel de Caballería, Plazas Vega fue procesado y condenado, pero luego absuelto por la Corte Suprema de Justicia en lo que concierne a la suerte que corrió la vida del magistrado Urán Rojas. Sin embargo, la familia demandó al alto oficial ante la justicia norteamericana pues el exmilitar se fue a vivir a Miami. El proceso judicial (civil) está por iniciar la etapa de juicio en contra de Plazas Vega. Está previsto el inicio de esa etapa procesal para el 8 de septiembre. Plazas Vega está demandado por tortura y el asesinato del magistrado. “En 2022, las hijas del magistrado Urán –Xiomara, Mairée y Helena Urán Bidegain– presentaron una demanda ante la jurisdicción estadounidense contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien reside en el estado de Florida. Ellas están representadas por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA), una organización que denuncia jurídicamente casos de tortura y crímenes de guerra en todo el mundo”.

El llamado a juicio en sí mismo resulta relevante, pero lo es más la reacción del presidente Abelardo de la Espriella Otero, quien ordenó a su canciller Omar Bula y a la embajadora de Colombia en los Estados Unidos, Consuelo Araújo acompañar al excoronel y acoger su defensa como agente estatal y héroe de la patria. De la Espriella le dijo a la prensa que “el coronel Plazas Vega es un héroe de la patria. La Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente, después de una persecución infame y mentirosa que duró años”.

Al asumir el caso como un “asunto de Estado”, De la Espriella se alinea con una concepción de Estado que de acuerdo con el balance final que dejó la retoma del Palacio de Justicia resulta inmoral por el sacrificio de las vidas de los civiles que quedaron en medio del fuego cruzado entre militares y guerrilleros del M-19. Además, lo hace en un momento histórico definitivo para él como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, para el Estado y el viejo establecimiento. Aunque su saludo militar se lee en ocasiones como una burla o pantomima, su alineamiento ideológico, institucional y político con las mesnadas castrense debilita el carácter civil del jefe del Estado, lo que lo acerca a la posibilidad de terminar gobernando vestido de verde oliva o de camuflado como ocurrió con Nicolás Maduro Moros y hasta el propio Fidel Castro Ruz.

Su más reciente aparición en público, desfilando entre bolsas blancas en cuyo interior estaban los cadáveres de 23 terroristas “dados de baja”, da cuenta de su decisión consciente de transformarse en un militar más. Daniel Coronell, en su columna Farsa macabra, lo define como un actor que sigue un libreto. Para aquella ocasión en la que se pavoneó sobre los despojos mortales de los terroristas abatidos, Coronell dijo que llegó “caracterizado con pantalones tácticos entubados, camisa verde oliva entallada, botas y walkie-talkie en mano”.

Se trate o no de una actuación o del cumplimiento de un guion predeterminado, la alineación sin asomo de crítica a los uniformados que en el pasado, en el presente y en el futuro reciban el encargo de defender la patria pone a la dignidad presidencial en riesgo de perder su condición civil para aceptar sin ambages el espíritu, las lógicas y las dinámicas militares en un país que arrastra una historia de violaciones a los DDHH y al DIH ordenadas desde batallones y legitimadas por presidentes de la República cuestionados por ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.

La retoma del Palacio de Justicia por parte de los militares partió de un afán de venganza de los uniformados contra el M-19, estructura armada ilegal que con golpes mediáticos como el robo de las cinco mil armas del cantón norte de Bogotá y la extracción de la espada de Bolívar, entre otros golpes, terminó ridiculizando a los miembros del Ejército.

La operación militar emprendida para recuperar a sangre y fuego el edificio, asaltado a tiros por una célula del M-19, le permitió al entonces coronel de Caballería, Alfonso Plazas Vega justificar el operativo diciendo la frase “aquí, defendiendo la democracia maestro”. El militar en ese estresante momento y ante una prensa ávida de conocer qué estaba pasando al interior del Palacio de Justicia, redujo la democracia a la recuperación de un edificio. Desde una perspectiva simbólica, la frase tiene sentido, pero desde lo conceptual, la misma expresión deviene con una fuerte carga reduccionista en la medida en que jamás estuvo en riesgo la institucionalidad y mucho menos el control de los tres poderes públicos. Quienes por más de 24 horas rompieron la jerarquía y la responsabilidad del mando fueron los militares que prácticamente sacaron de la ecuación al presidente Belisario Betancur Cuartas.

La legitimidad del Estado y del uso de la violencia o de la fuerza no puede asumirse como una patente de corso para debilitar la democracia y mucho menos violar derechos y libertades. La degradación del conflicto armado interno y de los actores armados, legales e ilegales, comprometidos, exige del jefe del Estado ecuanimidad y sindéresis al momento de examinar las actuaciones de los militares durante las ofensivas en contra de las organizaciones criminales. Posar o actuar como un militar más no es un detalle menor en una sociedad que desde el plebiscito por la Paz evidenció una fuerte fractura social, política e ideológica que terminó dividiendo al país entre “buenos” y “malos”. No vaya a ser que, De la Espriella, frente a un hecho parecido al del holocausto del Palacio de Justicia termine diciéndole a la prensa, “aquí, defendiendo el Estado gendarme”.

 

“AQUÍ DEFENDIENDO LA DEMOCRACIA, MAESTRO”, 40 AÑOS DESPUÉS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La prensa hegemónica conmemora por estos días los 40 años de la cruenta y criminal toma y retoma del Palacio de Justicia con un evidente propósito:  asociar de manera directa e indirecta el criminal operativo ejecutado por el M-19 con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en este entonces miembro de esa agrupación guerrillera, pero no partícipe de la acción temeraria que terminó con un saldo de casi un centenar de víctimas.

La conmemoración y el señalado propósito van acompañados por la polémica en la que está inmerso el presidente de la República en torno a la responsabilidad del crimen del magistrado Manuel Gaona Cruz y por el uso político que de la bandera del M-19 ha hecho en varios eventos públicos Gustavo Petro.  

José Mauricio Gaona, jurista e hijo del inmolado magistrado en los hechos del holocausto del Palacio de Justicia le dijo a la revista Semana que “nuestra lucha es la verdad; la del presidente Petro es propaganda”.

El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas en entrevista con Carlos Medellín Becerra, hijo del sacrificado magistrado Carlos Medellín Forero, destaca lo dicho por la víctima del M-19 y del Ejército en la toma y retoma del edificio: “Medellín revela detalles inéditos de dos expedientes de la justicia contra la cúpula de ese grupo guerrillero por el acto terrorista. Asegura que el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, fue llamado a juicio dos veces, junto a los demás miembros de la cúpula del M-19, por los delitos como terrorismo e incendio”.

Mientras las empresas mediáticas cumplen con ese propósito moral y político, ya poco se recuerda la emblemática frase expresada por el entonces coronel del arma de la Caballería, Alfonso Plazas Vega al momento de dar las primeras declaraciones a la prensa de la época en torno a la situación vivida una vez se inició la retoma del Palacio de Justicia por parte del Ejército nacional. El alto oficial espetó: “Aquí defendiendo la democracia, maestro”.

En una primera y rápida asociación de lo dicho por Plazas Vega nos lleva a pensar en que el oficial que comandó la operación de recuperación del edificio asaltado y tomado por el M-19 tenía en su momento una idea básica de la democracia atada esta al funcionamiento de una de las tres ramas del poder público amenazada por la irrupción armada de los guerrilleros.

Curiosamente, durante más de 24 horas la rama ejecutiva en cabeza del presidente de la República, Belisario Betancur Cuartas no operó bajo la dirección del jefe del Estado sino bajo las directrices de la tropera cúpula militar interesada más en acabar física y militarmente con los miembros del M-19, que en proteger la vida de los magistrados, visitantes y empleados de la cafetería del Palacio de Justicia.

Hay consenso académico, periodístico y político alrededor de que lo que vivió el país durante un poco más de 24 horas fue un "golpe de Estado exprés” que le impidió al entonces jefe del Estado tomar decisiones dirigidas a ordenar el cese del fuego tal y como lo suplicó el magistrado y presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía.  Bajo esas condiciones, la defensa de la democracia de Plazas Vega era meramente retórica por cuanto las decisiones una vez inició la retoma del Palacio de Justicia ya no las tomaba el presidente de la República, Belisario Betancur Cuartas, sino los superiores del señalado coronel.  

Noticias Caracol también entrevistó al entonces presidente del Consejo de Estado, Carlos Julio Betancur Jaramillo, quien a sus 90 años recuerda con lucidez los dolorosos hechos que cumplen ya 40 años.

“Salí arrastrándome por ese sótano que parecía el fin del mundo, con las balas rebotando en las paredes y el olor a pólvora quemada en la nariz. Grité '¡Soy el presidente del Consejo de Estado!' hasta quedarme ronco, pero en esa niebla de guerra, donde el Ejército nos barría a todos como si fuéramos del M-19, solo un soplo de suerte me salvó. Y hoy, a mis 90 años, con mi hijo aquí ayudándome a revivirlo página a página, le digo con gratitud forzada: gracias al Ejército por no haberme disparado en ese segundo eterno. Salí ileso, pero ¿a qué costo? Esa retoma no rescató justicia, la sepultó en sangre inocente”.

Si se mira en perspectiva histórica y de acuerdo con lo dicho por Betancur Jaramillo y los relatos periodísticos publicados en torno a los hechos del Palacio de Justicia, la “defensa de la democracia” de la que sacó pecho Plazas Vega fue meramente retórica y quizás con una alta dosis de cinismo. Después de 40 años, la democracia formal y procedimental que en su momento creyó defender el alto oficial sigue operando en Colombia, lo que confirma que aún estamos lejos de vivir en plena Democracia.

foto de Plazas Vega en el operativo de retoma del palacio de justicia - Búsqueda Imágenes

CONFIRMAN EXPULSIÓN DEL GENERAL (R) JESÚS ARMANDO ARIAS CABRALES DE LA JEP

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Magistrados de la JEP confirman la expulsión del general en retiro, Jesús Armando Arias Cabrales, después de revisar la apelación que el alto oficial hizo a la decisión del alto tribunal de paz de expulsarlo por sus nulos aportes para esclarecer su responsabilidad y la de otros oficiales comprometidos en el operativo de retoma del Palacio de Justicia. Huelga recordar que el 16 de marzo del año en curso la JEP tomó la decisión de sacar al compareciente por su prolongado silencio ante las preguntas y cuestionamientos de los magistrados.

Colombia recordará las imágenes de un general abatido que, en el ocaso de su vida y vestido de civil, escuchó los reclamos y las súplicas de los familiares de los desaparecidos del holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en 1985. En la escena en la que fue confrontado por los dolientes, Arias Cabrales se vio cansado y lánguido por el proceso penal que no solo le arrebató su libertad, sino que redujo a cenizas la altivez y la arrogancia de un General que, en aquellos años 80, creyó que estaba, junto al coronel Plazas Vega, defendiendo la democracia, cuando lo que realmente estaban resguardando era un régimen criminal que supo instalarse de la mano del Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala (1978-1982).

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es la jurisdicción a la que compareció Jesús Armando Arias Cabrales en calidad de victimario. Los magistrados de ese alto tribunal esperaban que el condenado por la justicia ordinaria aportara al esclarecimiento de lo que sucedió esos fatídicos 6 y 7 de noviembre de 1985. Después de las audiencias, el General (R) insistió en que él también es víctima del holocausto del Palacio de Justicia.

El gran error de Jesús Arias Cabrales y del coronel Alfonso Plazas Vega, entre otros oficiales que participaron de la retoma del Palacio de Justicia, fue reducir la democracia a la recuperación de un edificio. Ese reduccionismo les permitió ponerse en un plano moral superior y en una actitud claramente vindicativa, que los llevó a violar los derechos humanos. Después de casi 40 años, estos mismos soldados son testigos de que el régimen democrático que juraron defender sigue casi igual. Al final, el país entendió que el objetivo militar y político de los militares no era arrancar de las garras de los guerrilleros a los secuestrados, sino darle un golpe contundente a esa estructura subversiva que tantos dolores de cabeza les había producido: el M-19. Tanto el General como el Coronel en mención, jamás les perdonaron a los líderes de esa guerrilla el haber cavado un túnel y extraer del Cantón Norte por lo menos 5.000 armas, como tampoco el robo de la espada de Bolívar y la toma de la embajada de República Dominicana.

Del carácter tropero con el que asumió los operativos de los que hizo parte Jesús Armando Arias Cabrales, incluido por supuesto el que provocó la muerte de los magistrados y demás empleados que se encontraban en el Palacio de Justicia cuando guerrilleros del M-19 irrumpieron en la edificación, poco queda en el ex alto oficial: se vio en las diligencias en la JEP, desvalido, como cualquier anciano de caminar cansino y con una vida pública menos expuesta.

Eso sí, fue ese carácter tropero el que dio inicio al más garrafal error que cometieron los militares, compañeros de Arias Cabrales.  Los uniformados oficiales cayeron en el grave error de quemar el edificio con el claro propósito de desaparecer evidencias; en ese momento, quizás pensaron en que de alcanzar la gloria militar, ello impediría o evitaría la acción de la justicia. Eso sí, no podemos dejar de señalar el error político y los crímenes que cometieron los guerrilleros al secuestrar civiles y el de no haber previsto la reacción violenta del Ejército en la retoma del edificio. Al final, unos y otros cayeron en la trampa retórica de creer que estaban defendiendo la democracia.

Sin sus medallas e insignias, y con el peso de los años,  un General en retiro es un civil dócil. ¿Qué es un General desnudo?, se preguntaba la abuela de Facundo Cabral. Y sí, Arias Cabrales debió haberse sentido desnudo frente a los civiles que muy seguramente despreció durante su larga carrera militar. Sin su sable, sin su pistola y sin subalternos a la vista, el procesado General se vio desnudo, desprovisto de la soberbia de quienes creen que al portar un uniforme, un arma y estar iluminados por unos, dos, tres o cuatro soles, la senectud se puede evitar.

Al ver las imágenes de Arias Cabrales, la respuesta a la pregunta qué es un General desnudo es esta: un hombre común y corriente, sin gloria y, al parecer, sin memoria para asumir las responsabilidades que como comandante debería de asumir por la desaparición de por los menos 10 civiles, así ese delito haya sido cometido por sus subalternos. En cualquier caso, Arias Cabrales es responsable por acción u omisión.   

Los guerreros son guerreros no tanto por su fiereza, sino por lo que representa llevar un uniforme en una sociedad que aprendió a amar la guerra; en el ocaso de sus vidas, esos mismos guerreros, despojados de su indumentaria y de sus pesadas charreteras, son viejos lobos solitarios en una sociedad en la que envejecer no es sinónimo de sabiduría, sino de tragedia, angustia y desnudez.

Arias Cabrales se llevará a la tumba las decisiones y las órdenes que impartió durante la retoma del Palacio de Justicia. Muy seguramente, cuando llegue a su última morada, el registro noticioso dará cuenta de un general que murió con el peso moral de una culpa que jamás aceptó, porque se lo impidió su negativa concepción de la vida y de la democracia.

Imagen tomada de Semana.com

 

HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA Y EXTERMINIO DE LA UP: ¿PODREMOS PASAR LA PÁGINA?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay hechos de la violencia política de Colombia que parecen ser los mayores obstáculos para que como sociedad allanemos el camino en aras de consolidar relaciones sociales y políticas respetuosas en medio de las diferencias en el ya caldeado ambiente electoral de cara a las elecciones de 2026.

La toma y retoma del Palacio de Justicia y el casi exterminio de la Unión Patriótica (UP) sirven por estos días para discurrir  alrededor de  si esos dos particulares y dolorosos hechos políticos y prepolíticos en sí mismos impiden que podamos como sociedad “pasar la página” o si son las interpretaciones jurídico-políticas que todavía circulan sobre ambos sucesos las que hacen prácticamente imposible allanar esa ruta que nos lleve como colectivo a perdonar a todos los responsables y a tratar de entender a quienes pretenden reivindicarlos por representar las luchas políticas que daban cuenta de una realidad superior: la existencia de un conflicto armado interno que terminó degradándose  y evitando la discusión sensata y argumentada en torno a su naturaleza social, económica y política y por supuesto sus dinámicas.

Los enfrentamientos políticos, discursivos e incluso los choques entre el presidente Petro y miembros de la familia Gaona, víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia; y por supuesto, la grosería con la que María Fernanda Cabal trató al sumiso periodista Daniel Pacheco en reciente entrevista a propósito de la responsabilidad del Estado colombiano en el genocidio político de la UP hacen pensar en que los hechos en sí mismos no impiden el entendimiento y el diálogo respetuoso, y que más bien el pétreo obstáculo está atado a la concepción que cada uno tiene de la Verdad y de la Memoria, elementos que al devenir contaminados por intereses e ideologías, facilitan y promueven la irritabilidad, la construcción de nuevos enemigos, la negación comunicativa del Otro como un interlocutor válido, los deseos de reescribir la historia negando los fallos de la justicia e incluso el aplauso del saldo trágico de víctimas fatales aludiendo al “bien superior del Estado”, forma de dominación que arrastra graves problemas de legitimidad.

En este discurrir hay que señalar que como animal simbólico el presidente Petro ha exagerado en la exhibición de la bandera del M-19 y en la reivindicación de su lucha como guerrillero y revolucionario en una sociedad que a pesar de procesos de paz fallidos y otros exitosos, sigue viendo su consecución como un desgaste innecesario no solo por los elevados costos económicos de los diálogos de paz, la rebaja de penas y las desmovilizaciones de los grupos al margen de la ley, sino porque al no producirse la eliminación física de los excombatientes se asume como una derrota social y política de aquellos que defienden la institucionalidad estatal sin el más mínimo asomo de responsabilidad política por haber evitado la construcción de una verdadera República.

Por todo lo que representa para el país el presidente de la República, al agitar en varias ocasiones la bandera del M-19 reabre heridas, alimenta los reduccionismos conceptuales que al final evitan la comprensión de las lógicas de los llamados “revolucionarios” y las propias de los “contrarrevolucionarios y la circulación de versiones oficiales y no oficiales que extienden en el tiempo las dudas sobre la Verdad y la Memoria en torno a los dos hechos que provocaron la escritura de esta reflexión.

Lo mejor que podemos hacer como sociedad es dejar que “hablen” las historias, las memorias y las verdades, judiciales y las versiones populares construidas sobre los vergonzosos hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia y la eliminación de los militantes de la UP. No es necesario estar de acuerdo alrededor de quiénes fueron los responsables directos e indirectos; bastaría con sentirnos avergonzados por esos dos episodios que dicen mucho de lo que somos como ciudadanos y colectivo. Quizás a partir de ese momento estemos listos para “pasar estas dos y otras páginas de nuestra vergonzante historia como pueblo aparentemente civilizado.

 

petro, los gaona y el palacio de justicia - Búsqueda Imágenes

JESÚS ARMANDO ARIAS CABRALES, UN GENERAL SIN CONDECORACIONES Y GLORIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con un decreto ministerial, al general Jesús Armando Arias Cabrales le acaban de retirar cinco de las más altas condecoraciones que recibió durante su larga carrera militar, la misma que el alto oficial manchó con sus actuaciones durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

Sin duda alguna, se trata de una decisión con una enorme carga simbólica con la que se acaba de hundir en el mayor descrédito y deshonra a la que se puede someter a un militar como Arias Cabrales que, en algún momento de la historia del país, sectores de la opinión y del establecimiento colombiano consideraron como un “héroe de la Patria”. Condenado a 35 años de prisión y expulsado de la JEP por negarse a reconocer sus responsabilidades durante el operativo con el que el Ejército retomó el control del Palacio de Justicia a sangre y fuego, acción temeraria que terminó con la vida de magistrados. Entre las víctimas del operativo militar se cuenta el magistrado Carlos Urán Rojas, quien fue asesinado por tropas oficiales.

La decisión político-administrativa con la que se despoja a Arias Cabrales de cinco condecoraciones constituye una acción ética ejemplarizante justamente por su condición de general de la República. Por lo anterior, la decisión alcanza una especial notoriedad. Aunque se trata de un acto político, ya otros oficiales de manera voluntaria habrían devuelto las condecoraciones que en otros tiempos lucieron con orgullo.

Jesús Armando Arias Cabrales morirá en la deshonra por haber creído, como otros altos oficiales que al recuperar el edificio del Palacio de Justicia “estaba defendiendo la democracia”. El coronel Plazas Vega, autor de la tristemente célebre frase, “aquí, defendiendo la democracia, maestro”, debería de devolver sus condecoraciones y medallas por el vergonzoso y ultrajante operativo de retoma del Palacio de Justicia del que hizo parte, aunque la justicia señala las mayores responsabilidades en generales troperos como Arias Cabrales.

Ojalá que en las escuelas de formación de oficiales y suboficiales se estudie con rigor histórico, militar, humanístico y ético-político lo ocurrido con la toma y retoma del Palacio de Justicia. Es preciso también que el concepto de democracia no se vuelva a reducir a la defensa de un edificio, tomado por un grupo armado ilegal. Primero está la vida de los civiles, lo demás, es secundario. Tan secundario,  como las medallas y condecoraciones que, manchadas de sangre de inocentes, brillaron en los pechos de generales y coroneles.

Imagen tomada de Semana.com

PETRO Y OTRA VEZ LA BANDERA DEL M-19

  

Por Germán Ayala Osorio

 

Como animal simbólico, el presidente Petro nuevamente alborota a la derecha y en particular a sus enemigos ideológicos y políticos con la bandera del M-19. En esta oportunidad, aunque un poco confusa la exhibición del lábaro indicado, lo hizo en medio de la entrega de la Cruz de Boyacá, en territorio del Uruguay, al expresidente Pepe Mujica, quien, como Petro, se alzó en armas contra el Estado. Mujica hizo parte de la guerrilla de los Tupamaros (MLN-T), mientras que Petro militó en la guerrilla urbana del M-19.

Lo curioso es que las reacciones de los “ofendidos” se limitan a decir que Petro revictimiza a quienes sufrieron y fueron víctimas de los funestos hechos ocurridos dentro del Palacio de Justicia en 1985. No se les ocurre nada más porque su condición de animales simbólicos parece devenir atrofiada por las comodidades que les ofreció siempre el ser hijos de una élite privilegiada que jamás intentó comprender las razones históricas que legitimaron el levantamiento armado en los turbulentos años 60 en América Latina.  

Hasta donde se sabe, no fue por cuenta directa de la toma del edificio por parte de un piquete del M-19 que se produjeron las víctimas civiles y los desaparecidos. Por el contrario, los hechos violatorios de los derechos humanos estuvieron a cargo de los militares que lideraron el operativo de retoma de la edificación. En cualquier caso, el acto simbólico siempre resultará provocador e indeseable para quienes a pesar de no ser víctimas directas del M-19, aprovechan cada gesto simbólico del presidente Petro para exponer lo que corresponde realmente a un fastidio personal y no a la comprensión real del dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos durante el holocausto del Palacio de Justicia.

Pocos o casi ninguno de los “ofendidos” se atrevió a responderle a Petro con un acto simbólico similar. Por ejemplo, izando la bandera de Colombia para exaltar la pluralidad, la diversidad cultural y el orgullo de venir todos de un proceso de mestizaje en el que aparecen como dominantes los genes de negros e indígenas. Por desconocer ese mestizaje, los exaltados ciudadanos solo pueden apelar a ese restringido sentido patriótico que les despierta la Selección de fútbol.

Provocador o no, Petro es un hombre simbólico que parece comprender muy bien lo dicho por Ernest Cassirer: “[el hombre] no encuentra un mundo de objetos físicos sino un universo simbólico, un mundo de símbolos. Debe aprender, antes que nada, a leerlos, pues todo hecho histórico, por muy simple que parezca, no se determina y comprende más que mediante un análisis previo de símbolos”.

Lo cierto es que Petro vive aún en ese universo simbólico del que jamás se desprenderá porque es el que le da sentido a su vida: la lucha armada, su pasado revolucionario y sus luchas contra la desigualdad, la pobreza y especialmente contra aquellas características de la oligarquía colombiana: el racismo y el clasismo.

Bien podrían los detractores de la entrega de la bandera del M-19 a Pepe Mujica intentar comprender las conductas y los actos simbólicos del presidente Petro, en lugar de desgastarse de esa manera. Es más, podrían sentarse a escribir columnas para tramitar de esa manera las molestias provocadas por este acto simbólico, por los anteriores y por los que muy seguramente vendrán de aquí al 7 de agosto de 2026 cuando abandone la Casa de Nariño. Recordemos que, durante la conmemoración del día del trabajo, el primero de Mayo del año en curso, prácticamente las banderas de Colombia y del M-19 se “fusionaron” con la complicidad del viento.  Posteriormente, fue el reconocimiento al sombrero de Pizarro como símbolo de paz por parte del Ministerio de Cultura. O ese 7 de agosto de 2022 cuando ordenó a la Guardia Presidencial, en su primer acto como jefe del Estado, traer la espada de Bolívar, la misma que el M-19 había hurtado y devuelto al país. 

No se les haga extraño que el simbólico y provocador presidente de la República le dé por hacer un acto público por el hallazgo de los restos del exguerrillero del M-19 Guillermo Elvencio Ruiz quien dirigió la toma del Palacio de Justicia y murió durante la retoma. No olviden que Petro anda en "modo de lucha simbólica contra la historia oficial-castrense" con la que se busca desprestigiar a esa guerrilla. Eso sí, no se puede negar que los entonces comandantes del M-19 se equivocaron en las formas y en el objetivo trazado al momento de planear la toma del edificio del Palacio de Justicia. Al parecer no contaron con que la cúpula tropera de la época estaba harta de sus actos simbólicos. A lo mejor ese odio visceral les hizo obviar la versión que indicaba que el M-19 estaba planeando semanas atrás tomarse la edificación, para actuar de la manera como actuaron al recuperar el edificio: a sangre y fuego, asesinando magistrados, empleados de la cafetería y por supuesto, a los subversivos. 

Adenda: pareciera que Petro es el único guerrillero “malo” del M-19, a juzgar por la militancia de varios de sus compañeros en las inmorales mesnadas del Centro Democrático. 

JESÚS ARMANDO ARIAS CABRALES NO PODRÁ ENTRAR A LOS ESTADOS UNIDOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El 24 de noviembre los Estados Unidos, a través de un comunicado, informó que el ex alto oficial, uno de los responsables del operativo de retoma del Palacio de Justicia en 1985 y, por lo tanto, de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante esa acción militar, no sería aceptado en territorio americano.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió que el “ex general Jesús Armando Arias Cabrales, su esposa Martha Paulina Isaza de Arias y sus hijos Francisco Armando Arias Isaza y Martha Lucia Arias Isaza no son elegibles para ingresar a Estados Unidos”.  La decisión se adopta por “su participación en una violación grave de derechos humanos durante la operación de retoma del Palacio de Justicia de Bogotá en noviembre de 1985”.

Arias Cabrales fue expulsado de la JEP por su nula colaboración para el esclarecimiento de lo acontecido en la retoma del Palacio de Justicia, en manos de una célula del M-19. Junto al señalado ex oficial, aparecen otros exmilitares colombianos a los que los gringos restringieron su entrada a territorio americano. De acuerdo con El Espectador “el Gobierno de Estados Unidos ya le había cerrado las puertas de su país a tres altos mandos militares por presuntamente participar en “graves violaciones de derechos humanos” durante el conflicto armado. Los implicados eran los coroneles en retiro Juan Carlos Figueroa Suárez y Publio Hernán Mejía, exmiembros del Batallón La Popa, y el general en retiro Iván Ramírez Quintero, excomandante de Inteligencia del Batallón Charry Solano, de la XIII Brigada del Ejército”.

Para ciertos sectores societales tener la visa americana constituye un plus y quizás también se asuma como la puerta para salir y escapar de obligaciones penales en Colombia o simplemente para huir de presiones mediáticas y/o descansar de la agobiante realidad del país. En particular, para hijos de clanes políticos, tener la visa gringa es sinónimo de prestigio y reconocimiento social y político. Incluso, dicho permiso los políticos lo asumen como un aprobado examen de “buena conducta”.  

Las cancelaciones de las visas a personajes públicos o el aviso de prohibición para pisar territorio americano se producen en medio del carácter discrecional de la medida, aunque las mismas autoridades americanas dejan entrever que hay motivaciones que van desde la violación de los derechos humanos, información de inteligencia que asocia a políticos colombianos con mafias del narcotráfico o lavado de dinero, entre otras actividades ilegales.

Lo cierto es que, para los políticos, magistrados, militares activos o en uso de buen retiro, perder la visa o no poder pisar suelo americano constituye una vergüenza que raya con el ostracismo o el confinamiento en el país en el que no suelen pasar vacaciones: Colombia.

Baste con recordar el impacto mediático que en su momento tuvo la cancelación de la visa al entonces presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, por los escandalosos hechos por la probada entrada de dinero del Cartel de Cali a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño. El país no olvida la reacción de Samper ante el aviso: “Yo no necesito visa para venir a Chaparral". Y posterior a la cancelación, el expresidente espetó: “la visa sirve para que presionen magistrados. Sin visa sí hay paraíso, han creado el mito de que perderla es la muerte, como si fuera un certificado de buena conducta”.

Hay que sumar también los casos de Fuad y Alex Char, miembros del clan que domina Barranquilla y el departamento del Atlántico, como si se tratara de su feudo. Así registró Cambio lo sucedido con estos poderosos políticos: “Alejandro Char recientemente vio cómo su trámite de renovación de visa le fue denegado. Su padre, Fuad Char, quien fue gobernador del Atlántico, senador, embajador en Portugal y ministro de Desarrollo Económico en el gobierno de Virgilio Barco, también perdió su visa en la década de los noventa”.

Eso sí, el país no podrá esperar que Arias Cabrales diga algo similar a lo que en su momento dijo Ernesto Samper, pues lo de él es guardar prudente y obediente silencio.   

Imagen tomada de las 2 Orillas. 

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ Y SU RELATIVISMO MORAL

 

Por Germán Ayala Osorio

Iván Duque Márquez y Martha Lucía Ramírez, así como el comandante de la Policía, el general Jorge Luis Vargas,  no aceptaron el calificativo de masacre que la ONU dio al informe que entregó a Colombia, a propósito de los hechos acaecidos en Bogotá los días 9 y 10 de septiembre de 2020.

Después de la poco creíble solicitud de perdón que hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, las críticas desde otros sectores políticos no se hicieron esperar, en relación con la conclusión a la que llega la ONU en su informe.

La reacción de Iván Duque, en el marco de un evento oficial frente a la tropa, en relación con el epíteto de <<gobierno asesino>> que lanzó Gustavo Petro en referencia a la masacre policial del 9 y 19 de septiembre,  el huésped de la Casa de Nariño dijo lo siguiente:

“quienes asesinaron policías, quienes secuestraron, quienes pretendieron tomarse la sede de la justicia de nuestro país y que dejaron un macabro recuerdo no pueden venir a hablar de honor frente a quienes siempre han obrado del lado de la legalidad…he sido y seré un demócrata y nunca he empuñado un arma para justificar ninguna causa y nunca lo haré. Uno de los grandes errores que se han cometido en Colombia, históricamente, es el relativismo moral que se ha tenido con quienes han tratado de justificar asesinatos, secuestros y reclutamiento, minas antipersonales con ribetes y aromas políticos. Esas conductas son criminales e ilegales. Y no pretendemos ahora modificar la historia, pero que no pretendan también los beneficiarios de la impunidad que nunca respondieron por esos crímenes tratar de sacar un dedo inquisidor cuando se han surtido los debidos procesos sobre todo, frente a quienes protegen a toda la ciudadanía del país”

Sin duda, Duque exhibió su molestia frente a lo dicho por Petro, insistiendo en una parte del relato oficial que señala que el hoy candidato de la Colombia Humana participó de la toma del Palacio de Justicia, cuando no fue así. Lo dicho por Iván Duque amerita un rápido análisis. En varias columnas he hecho referencia a  que Iván Duque Márquez es, además de obsecuente con su Patrón, un político fatuo y retador. A esas características hay que sumarle que es un defensor de oficio de la institucionalidad castrense y policial, ancorada esa defensa en una ciega confianza en  la legalidad de las acciones adelantadas por policías y militares. Lo que más preocupa de Duque es que moralmente descalifica a quienes se levantaron en armas contra el Estado, al tiempo que justifica y minimiza los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, por el simple hecho de estar del lado de la institucionalidad estatal.

Considera Iván Duque que haberse levantado en armas es un acto inmoral y criminal que no tiene ninguna justificación. Hay que recordarle que fue el mismo presidente Belisario Betancur quien reconoció que había unas <<causas objetivas>> que explicarían y legitimarían el levantamiento de las guerrillas en los años 60. Además, el marco contextual de la época de alguna manera abocó a que el malestar social y político impulsara a un grupo de ciudadanos a levantarse en armas contra el Estado. Intenta fortalecer su argumento moral, señalando que él jamás empuñó un arma y que jamás lo haría. Esa opción de vida es respetable y millones de colombianos la hemos adoptado, pero no por ello estamos dispuestos a  justificar y aceptar las acciones oprobiosas, criminales y mezquinas de quienes son miembros de la élite que está detrás del actual régimen de poder.

Que Duque Márquez haya tomado distancia de lo que su padre, Iván Duque Escobar pensaba alrededor de Álvaro Uribe cuando fungía como director de la Aerocivil, e incluso, haya reversado lo que de joven pensaba del mismo que años después sería su mentor, confirma su pusilánime carácter, el mismo con el que hoy defiende a dentelladas la institucionalidad estatal, así esta venga manchada de sangre.

Habla de relativismo moral, pero Duque cae justamente en la trampa en la que, según él, cayó el país. No se trata  de justificar y mucho menos de olvidar los crímenes cometidos por las guerrillas, de lo que se trata es de aceptar que todos los actores armados, incluidos los miembros de la fuerza pública, violaron los derechos humanos y el DIH. Al ubicarse como un terco defensor del establecimiento, Duque Márquez cae en el craso error de creer a pie juntillas en la legalidad, solo por el hecho de que esta viene de una fuente oficial dominante.

Y de contera, Duque, nuevamente, deja ver su molestia con los procesos de paz e incluso, con la decisión política de la que en su momento participó Uribe Vélez, al plantear una política de perdón y olvido para el M-19. Olvida el señor Duque que a la amnistía e indulto que benefició a Petro y a otros guerrilleros, incluidos los que hoy militan en el Centro Democrático, fue ofrecida a los militares que participaron de la retoma del Palacio de Justicia. Que  no hayan querido participar o hacer parte, aduciendo cuestiones de honor, no invalida la decisión de pasar esa página de nuestra violenta historia política.

La historia de este país está manchada de sangre, señor Duque. Su postura moral y política no lo hace mejor ciudadano, pues el haber sido congresista y nominalmente presidente de la República, lo hacen responsable de los crímenes y vejámenes que en nombre de la patria vienen cometiendo los hombres en armas que hoy están bajo su mando.

Lo sucedido en Bogotá fue una masacre y así quedará registrado en la historia política de Colombia. Y por más que desconozca ese informe, el país sabe que sobre su espalda recaen responsabilidades políticas. Su lealtad a la institucionalidad castrense y policial no lo convierte en demócrata. Usted está lejos de serlo. Los crímenes de Estado cometidos entre el 2018 y el 2022 son y serán la prueba de su talante fatuo, retador, inmoral, pero sobre todo, de ser un aprendiz de sátrapa.

Imagen tomada de Colombia.com

EL SOMBRERO DE PIZARRO

 

Por Germán Ayala Osorio

El reconocimiento como símbolo de paz y objeto de memoria del sombrero que portaba Carlos Pizarro Leóngomez, entonces comandante del M-19, se suma a la lista de hechos y acciones simbólicas de este gobierno que dividen y generan polémicas en una sociedad en la que la reconciliación parece un imposible político y socio cultural. 

Quienes fustigan la decisión del Ministerio de Cultura hacen parte de grupos de poder hegemónico que representan a los sectores más conservadores y godos de Colombia. Sus más visibles miembros solo reconocen como símbolos de unidad cultural y patriotismo al busto de Laureano Gómez, conocido como el Monstruo; o el carriel y el poncho antioqueños, que simbolizan "berraquera, arrojo, emprendimiento y capacidad de trabajo", sin mayores consideraciones ecológicas y ambientales de parte de la "cultura" arriera a la que están atados esos dos elementos. Por lo anterior, no es posible que acepten el sombrero de Pizarro como símbolo de paz y objeto de construcción de memoria histórica. Poco valoran la decisión del entonces comandante de esa guerrilla de hacer la paz con el Estado. Recordemos que un mes después de haber dejado las armas y firmado el armisticio con el gobierno de Virgilio Barco Vargas, fue asesinado. El sicario actuó con la anuencia de autoridades y agentes estatales. Un crimen de Estado que aún no se aclara.

Por el contrario, a la derecha colombiana le parece una herejía y una provocación de parte del presidente de la República, cuya vida ha estado atada a símbolos como la Espada de Bolívar, la bandera del M-19 y todos aquellos que den cuenta de la lucha revolucionaria que dio en el pasado. 

La lista de esos hechos y acciones simbólicamente significativas no es larga, pero si tormentosa para quienes ven en Petro a una figura diabólica por haberse levantado en armas contra el Estado. El primer hecho simbólico inaceptable para la godarria colombiana está atado a la figura de Gustavo Petro. Su llegada a la Casa de Nariño es símbolo de decadencia de la justicia que lo perdonó y quizás de debilidad del Estado militarista en el que creen ciegamente, justamente por no haber "dado de baja" a quien hoy es el presidente de la República. 

El segundo hecho simbólico se dio durante la ceremonia de transición de mando, el 7 de agosto de 2022. El presidente Petro dio la orden a la Guardia Presidencial de traer la Espada de Bolívar, una vez investido de Jefe del Estado. Esa acción simbólica pudo entenderse como un gesto de paz y reconciliación, pero también como el regreso triunfal de las ideas que guiaron la lucha armada del M-19. Para la derecha tradicional, la presencia de la Espada de Bolívar resultó ser una infame provocación política de un presidente que a pesar de resultar electo por la vía de la elección popular, su victoria siempre será ilegítima por toda la carga libertaria y contestataria que arrastra la vida política de Gustavo Petro Urrego. 

El otro gesto ocurrió durante las movilizaciones por el Día del Trabajo, de las que participó el presidente de la República. Mientras daba su discurso, Petro recibió las banderas de Colombia y del M-19. Al ondear juntas,  con la complicidad del viento, pareció darse una fusión o un entrelazamiento momentáneo que también molestó a la derecha colombiana, que asumió el gesto como una revictimización de las adoloridas familias que perdieron familiares en el holocausto del Palacio de Justicia de 1985. La toma de una célula del M-19 de esa edificación y la retoma aún más violenta del Ejército, terminó con el asesinato de por lo menos 94 personas, entre ellas, 11 magistrados de la entonces Corte Suprema de Justicia.   

Más allá de la polémica moral, ética y política, la decisión del Ministerio de Cultura sirve para reiterar que somos la única especie capaz de generar símbolos y de crear cultura. Ese elemento nos diferencia de los animales no humanos. Junto al sombrero de Pizarro o quizás rodeándolo, debería de aparecer su memorable frase: "Para que la vida no sea asesinada en primavera". 

Nos falta mucho como sociedad para entender que tanto la figura de Laureano Gómez, el poncho y el carriel y el sombrero de Pizarro, la Espada de Bolívar, la Bandera del M-19, así como la "escopetarra" y el "balígrafo" con el que Santos y Timochencko firmaron el Acuerdo de Paz, entre otros más, hacen parte sustancial de nuestra historia política. Una historia cargada por la insuperable incapacidad cultural de aceptarnos en la diferencia y de respetar la vida de aquellos que no piensan igual. 

Adenda: muy seguramente para las elecciones de 2026, o quizás antes, un candidato o candidata de la derecha prometa en campaña que su primer acto de gobierno, de resultar electo o electa presidente de la República, será anular la resolución que reconoce el sombrero de Pizarro símbolo de paz y memoria. O pedirle al mismo ministerio de Cultura que reconozca a la boina que usó en vida  Carlos Castaño como símbolo de la captura mafiosa y paramilitar del Estado. 

Imagen tomada de la Silla Vacía. 

HAY EXGUERRILLEROS BUENOS Y MALOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

De confirmarse que el ex guerrillero del M-19, Carlos Alonso Lucio López hará parte del equipo de empalme que conformó el presidente electo, Abelardo de la Espriella, estaría el país frente a lo que bien podría llamarse la moral acomodaticia que a partir del 7 de agosto guiará las decisiones que tomará el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

Dicha moral, complaciente, dúctil y funcional para los miembros de la ultraderecha neoliberal que representa De la Espriella, les sirvió durante cuatro años como parapeto desde el que atacaron al presidente Petro por haber militado en la organización guerrillera de origen y operación urbana. La misma que firmó la paz con el gobierno de Virgilio Barco Vargas, se desmovilizaron sus miembros y aceptaron hacer política con las reglas de la democracia colombiana.  

Exguerrillero, asesino y terrorista le gritaron desde diversas tribunas. Hasta se atrevieron a decir que participó de la toma del Palacio de Justicia. De la Espriella lo llamó “guerrillero de cafetería” durante una conversación con Miguel Abraham Polo Polo en la que el hoy flamante presidente electo dijo: “Si yo hubiese sido paraco tendría las pelotas de hacer lo que hay que hacer”.

Por supuesto que a Lucio López nadie se atreverá a gritarle exguerrillero, asesino y terrorista porque el Manual de la Doble moral o de la Moral Acomodaticia que aplicaron en el pasado todos los militantes del Centro Democrático es el mismo que guiará las decisiones que adoptará Abelardo De la Espriella. El país recordará que Everth Bustamante, Rosemberg Pabón (conocido como comandante Uno), Augusto Osorno y Eduardo Chávez, entre otros, ocuparon cargos públicos durante los gobiernos de Álvaro Uribe y hacen parte del Centro Democrático.

En la introducción de dicho Manual se lee que hay “exguerrilleros buenos y los hay malos. Los primeros serán aquellos que demuestren estar dispuestos a unirse a las fuerzas defensoras del Establecimiento y rendir pleitesía a sus líderes políticos más destacados; por el contrario, los malos serán aquellos que insistan en recordar su pasado en armas como si se tratara de una gesta y agitar la bandera de dicha organización armada ilegal”.

Carlos Alonso Lucio López es un personaje. Pasó de militar en el M-19 y de ser amigo y compañero de Petro, a enemigo número uno del presidente de la República. Es más, a mediados de enero de 2024 Lucio dijo en una columna que en junio de ese mismo año iniciaría un juicio político contra Petro. “Volvió a la vida pública asumiendo roles de asesoría política y participando en negociaciones de paz, fue pieza clave, como asesor, durante el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez”. Lucio militó en la izquierda armada y ahora hace parte de la ultraderecha neoliberal. Bueno, De la Espriella fue ateo y ahora es creyente. En eso se parecen: cambian de parecer como de calzoncillos. 

La posibilidad de que Lucio López haga parte del equipo de empalme para la transición armónica del poder fue registrada por varios medios. Infobae, por ejemplo, dijo en su portal: “Entre los nombres que han sido mencionados sorprende que esté Carlos Alonso Lucio, que, aunque es un crítico del presidente Gustavo Petro, fue parte del M-19, algo que De la Espriella ha mencionado como un aspecto negativo de lo que representa el actual mandatario”.

Lucio López fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por dos delitos. “Fue condenado por los delitos de estafa y falsa denuncia. La Corte Suprema de Justicia lo sentenció luego de determinar que había incurrido en estos delitos durante su actividad política y empresarial tras la desmovilización del M-19. Lucio cumplió una pena de prisión por estos cargos en la cárcel La Picota de Bogotá”.

Ya suenan varios nombres de políticos, de los que De la Espriella llamó los “de siempre”, como eventuales ministros del próximo gobierno. A los que le creyeron el cuento al  “Tigre” de que iba a gobernar con los “Nunca”, deben de saber que los engañaron. Con el Manual de la Doble Moral que aquí cito, Colombia regresa al pasado, esto es, a los tiempos de la Seguridad Democrática y al ethos mafioso que el uribismo naturalizó entre 2002 y 2010. Bienvenidos.

 

MARÍA FERNANDA CABAL: NEGACIONISTA, INTOLERANTE Y GROSERA CON LA PRENSA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Negar la responsabilidad del Estado colombiano en las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos y en el exterminio de la Unión Patriótica (UP) es parte fundamental de la narrativa de los uribistas. Son, además, negacionistas de la naturaleza política del conflicto armado interno y del cambio climático. El país recordará que en la política de seguridad democrática de Uribe se afirma que en el país no había en ese momento un conflicto armado sino una amenaza terrorista.

María Fernanda Cabal Molina, una de las “tigresas” del expresidente Álvaro Uribe Vélez se hizo viral en las últimas horas porque negó la responsabilidad del Estado en el genocidio político de la UP. Lo hizo en un tenso diálogo con el periodista Daniel Pacheco a quien además ofendió al decirle que “tenía cemento en el cerebro” por recoger la versión oficial e incluso la propia sentencia de la CIDH[1] (2023) por el asesinato de por lo menos 4153 militantes de la Unión a manos de miembros de las AUC, los Pepes, los 12 Apóstoles y el MAS (Muerte a Secuestradores), en connivencia de actores estatales, en particular de agentes del temido y ya desaparecido DAS.

La actitud grosera de la senadora Cabal Molina hacia el periodista y su reiterada intención de invalidar los tozudos hechos de la violencia política y desconocer las sentencias de los jueces hacen pensar en los riesgos que correrían los periodistas en una eventual presidencia de la señora Cabal. El país pasaría de “otra pregunta amigo”, como decía Uribe, a “Usted no le contesto porque tiene cemento en el cerebro”. Incluso, de llegarse a presentar nuevos hechos criminales en los que estuviesen comprometidos agentes estatales, lo más probable es que desde la Casa de Nariño se ordenaría torpedear las investigaciones de la justicia.

En el referido rifirrafe con el periodista, Cabal espetó: “No me diga jamás que el Estado aniquiló a la Unión Patriótica, a la Unión Patriótica la aniquiló…”. El periodista, con evidente timidez, dijo que fue el Estado. En ese preciso momento la precandidata presidencial de la derecha montó en cólera y le dijo a su interlocutor que “es muy difícil conversar con personas con cemento en el cerebro, de verdad”.

Llama la atención la reacción de Daniel Pacheco quien trató de defenderse de la patanería de la senadora uribista. Lo hizo en un tono timorato que terminó por agrandar la ya evidente intolerancia de Cabal Molina frente a quienes no comparten su versión de unos hechos criminales probados por la justicia colombiana y la internacional. Esto dijo Pacheco: “pero tampoco, no tiene por qué decir eso, podemos estar de acuerdo…”.

En su andanada en contra del reportero, Cabal Molina continuó en estos términos: “no, no, ese es el problema cuando a usted le capturan las fuentes de la historia y las vuelven memoria, la Unión Patriótica tuvo una tragedia porque le mataron mucha de su militancia y gente que no tenía nada que ver…”. Aunque el gremio periodística se caracteriza por su desunión, la actitud arrogante, estólida, displicente, sobradora, altanera, grosera e intimidante de María Fernanda Cabal debe asumirse como una afrenta contra la prensa en general. Pacheco hoy sufrió los embates de la intransigente precandidata presidencial, mañana puede ser cualquier otro periodista. Eso sí, no se espera una reacción colectiva de las empresas mediáticas en defensa del reportero ofendido, pues dentro de aquellas hay colegas uribizados que se rinden a los pies de la señora Cabal y a los de su mentor, el caballista, expresidente antioqueño y exdirector de la Aerocivil. ¿Se atreverá la FLIP a decir algo?

Detengámonos un instante en algunos términos que usa la senadora. Dice que la UP “tuvo una tragedia”. De manera sinuosa la precandidata presidencial elude hablar de exterminio o de genocidio político. Su intención es clara: minimizar la naturaleza política de la persecución y el aniquilamiento de los militantes de la UP. Hay tragedias aéreas y familias que sufren la pérdida de varios familiares en masacres, accidentes de tránsito. Lo que vivieron las familias de los militantes de la UP asesinados fue más que una tragedia: fueron estigmatizados, perseguidos y sintieron el terror de un Estado que los convirtió que los buscó para "cazarlos" como si se tratara de animales. 

A renglón seguido, con la expresión “le mataron mucha gente” pretende borrar cualquier responsabilidad penal y política de los agentes estatales y no estatales que de manera coordinada perpetraron los crímenes. Se puede matar sin querer a otra persona, en un accidente, por ejemplo.

Si hay algo que a la señora Cabal y al propio expresidente Uribe les molesta es que el país conozca la verdad en relación con las dinámicas del conflicto armado interno y los hechos del Palacio de Justicia, los falsos positivos y el exterminio de la UP. Por ello siempre se opusieron al tratado de paz de La Habana y a la operación de la JEP. Su actitud negacionista se explica porque creen ciegamente en aquella doctrina de la “violencia legítima del Estado”, pues la convirtieron entre 2002 y 2010 en la patente de corso para perseguir y estigmatizar a periodistas y a otros que se atrevieron a cuestionar sus decisiones.

 

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[1] “En la mañana del lunes 30 de enero de 2023, tras casi tres décadas de espera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en un fallo histórico, condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica por las múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellos, los derechos políticos. La sentencia leída por el presidente de la Corte, juez Ricardo Pérez, señaló, entre otras cosas, que el Estado violó los derechos a la vida, honra, libertad de expresión, circulación y residencia, así como el derecho a conocer la verdad de lo que sucedió con el exterminio desatado en 1984 en contra de este partido político. La Corte también ordenó que, en un plazo no mayor a dos años, “el Estado debe iniciar, impulsar, reabrir y continuar, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir, y remover todos los obstáculos de facto y de jure que mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso”. Tomado de https://corporacionreiniciar.org/caso-up/caso-up-sistema-interamericano/sentencia-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-sobre-el-caso-up/

 

DESPUÉS DE UN TORTUOSO PROCESO, COLOMBIA TIENE NUEVA FISCAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) por fin eligió a la nueva fiscal general de la Nación. Se trata de Luz Adriana Camargo Garzón. El tortuoso y enrarecido proceso de elección deja varios hechos que dicen mucho de lo que somos como Estado y sociedad.

El primero de esos hechos es que el mecanismo interno de votación de la CSJ es sinuoso y genera suspicacias. Al tratarse de una decisión administrativa, las demoras en el cumplimiento de la orden constitucional de elegir en propiedad al fiscal general de la Nación hacen pensar en que dentro de la corporación judicial hubo togados interesados en afectar el equilibrio de poderes, al dejar en la interinidad a la cuestionada vicefiscal Martha Mancera.  La obligación era y es clara: elegir fiscal en propiedad, lo que implica evitar a toda costa la interinidad, tal y como finalmente no sucedió. Ese juego político en el que cayeron los miembros del alto tribunal confirma que el señalado equilibrio entre los tres poderes públicos no siempre se rompe desde el Ejecutivo. El presidente de la República cumplió con mandar con mucho tiempo de antelación una terna de calidad, para que fuera elegida el remplazo del inefable Francisco Barbosa. Quienes incumplieron la orden constitucional fueron los togados y togadas de la CSJ.

El daño que dejó la interinidad de Mancera, la misma que la CSJ pudo evitar, está representado en la oleada de resoluciones (9 en total) con las que la vicefiscal encargada modificó la estructura operativa del ente acusador. Ya vendrán las demandas en contra de las decisiones tomadas por Martha Mancera. Igualmente, se espera que Luz Adriana Camargo eche para atrás aquellas resoluciones que afectan en materia grave la consistencia y los objetivos institucionales del plan que la entonces ternada presentó ante los magistrados.

También es probable pensar que aquellas magistradas y magistrados que votaron repetidamente en blanco recibieron presiones externas de agentes políticos y económicos preocupados por la altura ética de las tres ternadas y por la posibilidad de que con la llegada de cualquiera de las abogadas a dirigir la Fiscalía, tomaría la decisión de reabrir casos delicados como Odebrecht, el crimen de Jorge Enrique Pizano, así como la advertida captura de la Fiscalía de parte de clanes políticos mafiosos e incluso, de parte del Clan del Golfo.

El segundo hecho tiene que ver con la actitud machista y misógina de periodistas y del exmagistrado Jaime Arrubla quien dijo que las mujeres ternadas eran “tres señoras que conocen el oficio, pero [son] tres personas enseñadas a llevar expedientes”.  Es decir, mandaderas sin criterio penal alguno. Presentado por los medios masivos como una “fuente idónea”, la opinión de Arrubla, cercano al uribismo, se sumó al proceso de desprestigio que desde los medios masivos se alentó para evitar que Amelia Pérez fuera elegida como la nueva fiscal, pues alcanzó en unas de las votaciones, 13 votos.

Su eventual elección debió haber generado preocupación y algo de urticaria en agentes políticos cercanos al paramilitarismo, fenómeno que Pérez investigó a fondo, al igual que su compañero de vida, Gregorio Oviedo. Amelia Pérez fue atacada con fiereza por unos trinos de su esposo, en la red X.

En su carta de renuncia, Pérez explicó que la decisión  “obedece al surgimiento e interferencia de factores extraños a una tranquila y pacífica elección, los cuales han sido atravesados por episodios perturbadores, como, por ejemplo, el cuestionamiento a opiniones ajenas a la suscrita difundidas en las llamadas redes sociales, pero que, absurdamente, han sido a mí atribuidas sin fundamento alguno, en una anormal postura de querer aplicar el inexistente 'delito de opinión' con el agravante de que tales opiniones son elaboración exclusiva, y excluyente, de un tercero, pero que sus consecuencias, increíblemente, deben ser asumidas por persona distinta a quien las emitió”.

Sin duda alguna, el machismo de un sector de la sociedad colombiana permitió dudar de la idoneidad de Amelia Pérez, asumiendo que ella no tomaría decisiones de manera autónoma, sino orientada por las ideas, prejuicios y el criterio del marido.

El tercer hecho alude a lo inconveniente que resultó la presión del jefe del Estado sobre el alto tribunal. Haber convocado a sus simpatizantes frente al edificio del Palacio de Justicia solo sirvió de excusa para que los magistrados dilataran la decisión administrativa, bajo el argumento de que no había garantías para agotar el perverso mecanismo de elección. Eso sí, la presión presidencial puso en evidencia a los sectores de poder social, político y económico a los que no les convenía que una mujer proba y digna asumiera las riendas de la Fiscalía. El apoyo del uribismo a la autonomía de la CSJ y la felicidad de varios de sus miembros más visibles por la interinidad de Mancera deja ver con claridad que les gusta la operación de una Fiscalía capturada por clanes políticos, en particular, prefieren a un fiscal que sea un apéndice del gobierno, tal y como lo fue Francisco Barbosa, cuyo único mérito académico y profesional fue haber sido compañero de pupitre del presidente-títere, Iván Duque Márquez.

Ya veremos qué puede hacer Luz Adriana Camargo para recuperar, para el Estado de derecho y la sociedad, a la Fiscalía. Camargo sabe de antemano que la institucionalidad del ente acusador deviene de tiempo atrás permeada por un ethos mafioso. Me uno a las voces de quienes recomiendan a Camargo que llame a sus dos compañeras de terna para que hagan parte de la Fiscalía.  

En la historia quedará que, en una sesión extraordinaria, y después de un tortuoso proceso de elección al interior de la CSJ, el 12 de marzo de 2024 fue elegida Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal general de la Nación.

Imagen tomada de la Red X. 

SEIS EXPRESIDENTES QUE NO ENTENDIERON EL MENSAJE DE BELISARIO BETANCUR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Una vez convertido en expresidente, Belisario Betancur Cuartas se desentendió de la vida pública, agobiado muy seguramente por los hechos luctuosos del Palacio de Justicia en los que quedaron en evidencia, además de las violaciones a los DDHH por parte del Ejército, la actitud pusilánime del presidente de la República frente a los generales que le arrebataron el mando por 48 horas. Frente al temporal golpe de Estado, Betancur optó por guardar silencio.

En adelante, Betancur se retiró a sus aposentos y de la algarabía del poder político, en un país en el que las voces estridentes de los expresidentes incomodan no solo a quien intenta gobernar y manejar este complejo país, sino a un sector creciente de la opinión pública que los recuerda por sus crasos errores, andanzas y hasta crímenes.

El silencio de Betancur debería de servir de ejemplo a los expresidentes Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque, convertidos en opinadores profesionales en materias que ellos, siendo presidentes de la República, no aprobaron o las pasaron “raspando”. Pero no. Insisten estos seis exmandatarios en hablar, criticar, pontificar y opinar, con la anuencia de los medios hegemónicos. Y lo que es peor: insisten en mantener su vigencia política a como dé lugar.

César Gaviria Trujillo, iliberal y neoliberal consumado, se aferra a su partido Liberal con la intención clara de “negociar” con el presidente Petro sus apoyos a las reformas sociales que hacen trámite en el Congreso de la República. Menos mal hay congresistas rebeldes que no acogen sus órdenes y prefieren aportar a la posibilidad de construir por fin en Colombia un Estado social de derecho, una democracia y una República reales.

Los negativos efectos que dejó su política económica, la famosa apertura económica de los 90 y su pérdida de legitimidad social y política son razones suficientes para que opte por retirarse de la vida pública y guarde sepulcral silencio, como lo hizo Betancur.

El menos visible mediáticamente hablando es Ernesto Samper Pizano, recordado porque a la campaña Samper presidente, entraron dineros del Cartel de Cali. Por ahí de cuando en cuando dice cosas interesantes en su cuenta de X. Los graves hechos que lo relacionan con los narcotraficantes de la Sultana del Valle son suficientes razones para que hubiese abandonado la vida pública. Y ya que en la inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le precluyeron la investigación en su contra, Samper ya está condenado a aguantarse el humor de su sobrino, Daniel Samper Ospina y sus alusiones al “elefante y al 8.000”.

Entre tanto, Andrés Pastrana sigue dando lora con el tema de la paz. Y lo hace, para ocultar su propio fracaso con el proceso del Caguán, al que llegó con un Plan Colombia que escaló el conflicto y permitió, con el tiempo, la aparición de la peligrosa seguridad democrática de Uribe. Este hijo de Misael le entregó a las Farc-Ep de la época, 42 mil kilómetros cuadrados para que fundaran en esa amplia zona, un Estado dentro del Estado. Por su desastroso gobierno y por estar señalado de hacer parte de los vuelos Lolita Express, debería de seguir el camino que trazó Betancur Cuartas y retirarse a escribir sus memorias o quizás, a recapacitar alrededor de todo lo que hizo mal durante su vida como político.

En lo que respecta a Álvaro Uribe Vélez, hay que decir que su paso por la presidencia le hizo mucho daño al país. Si tuviera un mínimo grado de conciencia sobre sus decisiones como gobernante, hace rato el expresidente antioqueño debió seguir los pasos de Betancur. Pero no, su enfermiza relación con el poder y la necesidad de evitar ser llevado a la justicia por los crímenes que se le endilgan, le han evitado al país ese descanso de verlo retirado para siempre en El Ubérrimo. Su condición súb judice y las responsabilidades que Mancuso le señala en las masacres del Aro y La Granja, se suman a las razones, suficiente por demás, que harían posible su retiro. El país, de verdad, se lo agradecería. Es más, si los jueces le temen tanto como se cree en la opinión pública, podría proponer a la justicia anular sus líos judiciales, a cambio de su retiro forzado de la vida pública y a que pague a la DIAN lo que debe pagar por ser un hombre rico.

En lo que toca al más joven de los expresidentes, hay que decir que ya la historia le dio el lugar que se merece. Iván Duque Márquez es reconocido hoy en Colombia como el más grande error que la derecha uribizada cometió al ponerlo y usarlo como presidente de la República. Su imagen de títere de Uribe no se borrará jamás, pues está atada al algoritmo “títere colombiano” y a la pregunta que le lanzó al aire la periodista de CNN, Angela Patricia Janiot. Este joven homúnculo, además de intentar hacer trizas el acuerdo de paz de La Habana se atreve a posar de ambientalista, cuando desde la Casa de Nariño fue permisivo con todos los actores, legales e ilegales, empeñados en deforestar las selvas, en particular la del Amazonas.

Pastrana y Duque cargarán sobre sus espaldas los cuestionamientos que los ponen como los peores presidentes de la República, a lo que suman las sindicaciones de ser infantiles y pueriles en sus formas de actuar y razonar. Baste con recordar dos episodios para entender que Duque Márquez es un “pobre pendejo”: cuando en visita oficial al Rey de España, le dijo a su majestad que “Uribe le mandaba saludos, que lo quiere mucho”; y el segundo episodio, cuando en un discurso ante la Unesco, relacionó su fantasmal “economía naranja” con los 7 enanitos, en un fluido, pero insustancial inglés.

Y termino con Juan Manuel Santos, el Nobel de Paz, quien recientemente criticó la Paz Total de Petro. El país recuerda positivamente a Santos por la firma del tratado de paz que puso fin al conflicto armado entre las Farc-Ep y el Estado colombiano. Lo que no puede hacer Santos es pretender que el modelo de negociación aplicado se convierta en una talanquera para avanzar en la desmovilización de grupos subversivos diferentes como el ELN y las propias disidencias farianas. Santos pudo negociar con unas Farc-Ep diezmadas militarmente en su cúpula y tardíamente maduros sus comandantes para allanar el camino de la paz. No se puede esperar lo mismo del ELN, grupo cuya operación y tamaño no facilita a las fuerzas militares asestarles golpes contundentes que dieron con la muerte de Alfonso Cano, Raúl Reyes y el Mono Jojoy, por el lado de las Farc-Ep.

De verdad que el país les agradecería que se retiren a sus aposentos. Santos y Duque, a escribir sus memorias, que pocos leerán; Samper, se puede quedar en X; Uribe, a cuidar de sus finos caballos y tomar precauciones con la estela de enemigos que acumuló en su larga y oscura vida pública; en cuanto a Gaviria y Pastrana…, que, simplemente, guarden silencio.

También es posible pensar en arrumar a estos seis expresidentes en una casa de reposo, sin internet, para que allá sigan hablando y “arreglando” el país que ellos tampoco pudieron arreglar. A lo mejor, Pastrana y Samper hacen las paces, con la intervención del Nobel de Paz; y Uribe Vélez, perdona a Santos.

Imagen tomada de Agencia de Medios Hoy Noticias.