Por Germán Ayala Osorio
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) por fin eligió a la nueva
fiscal general de la Nación. Se trata de Luz Adriana Camargo Garzón. El tortuoso y
enrarecido proceso de elección deja varios hechos que dicen mucho de lo que
somos como Estado y sociedad.
El primero de esos hechos es que el mecanismo interno de
votación de la CSJ es sinuoso y genera suspicacias. Al tratarse de una decisión
administrativa, las demoras en el cumplimiento de la orden constitucional de
elegir en propiedad al fiscal general de la Nación hacen pensar en que dentro
de la corporación judicial hubo togados interesados en afectar el equilibrio de
poderes, al dejar en la interinidad a la cuestionada vicefiscal Martha Mancera.
La obligación era y es clara: elegir
fiscal en propiedad, lo que implica evitar a toda costa la interinidad, tal y
como finalmente no sucedió. Ese juego político en el que cayeron los miembros
del alto tribunal confirma que el señalado equilibrio entre los tres poderes
públicos no siempre se rompe desde el Ejecutivo. El presidente de la República
cumplió con mandar con mucho tiempo de antelación una terna de calidad, para
que fuera elegida el remplazo del inefable Francisco Barbosa. Quienes
incumplieron la orden constitucional fueron los togados y togadas de la CSJ.
El daño que dejó la interinidad de Mancera, la misma que la
CSJ pudo evitar, está representado en la oleada de resoluciones (9 en total) con las que la
vicefiscal encargada modificó la estructura operativa del ente acusador. Ya
vendrán las demandas en contra de las decisiones tomadas por Martha Mancera.
Igualmente, se espera que Luz Adriana Camargo eche para atrás aquellas resoluciones
que afectan en materia grave la consistencia y los objetivos institucionales del
plan que la entonces ternada presentó ante los magistrados.
También es probable pensar que aquellas magistradas y
magistrados que votaron repetidamente en blanco recibieron presiones externas
de agentes políticos y económicos preocupados por la altura ética de las tres
ternadas y por la posibilidad de que con la llegada de cualquiera de las abogadas
a dirigir la Fiscalía, tomaría la decisión de reabrir casos delicados como
Odebrecht, el crimen de Jorge Enrique Pizano, así como la advertida captura de
la Fiscalía de parte de clanes políticos mafiosos e incluso, de parte del Clan
del Golfo.
El segundo hecho tiene que ver con la actitud machista y misógina
de periodistas y del exmagistrado Jaime Arrubla quien dijo que las mujeres ternadas
eran “tres señoras que conocen el oficio, pero [son] tres personas enseñadas a
llevar expedientes”. Es decir,
mandaderas sin criterio penal alguno. Presentado por los medios masivos como
una “fuente idónea”, la opinión de Arrubla, cercano al uribismo, se sumó al
proceso de desprestigio que desde los medios masivos se alentó para evitar que
Amelia Pérez fuera elegida como la nueva fiscal, pues alcanzó en unas de las
votaciones, 13 votos.
Su eventual elección debió haber generado preocupación y algo
de urticaria en agentes políticos cercanos al paramilitarismo, fenómeno que Pérez
investigó a fondo, al igual que su compañero de vida, Gregorio Oviedo. Amelia
Pérez fue atacada con fiereza por unos trinos de su esposo, en la red X.
En su carta de renuncia, Pérez explicó que la decisión “obedece al surgimiento e interferencia de
factores extraños a una tranquila y pacífica elección, los cuales han sido
atravesados por episodios perturbadores, como, por ejemplo, el cuestionamiento
a opiniones ajenas a la suscrita difundidas en las llamadas redes sociales,
pero que, absurdamente, han sido a mí atribuidas sin fundamento alguno, en una
anormal postura de querer aplicar el inexistente 'delito de opinión' con el
agravante de que tales opiniones son elaboración exclusiva, y excluyente, de un
tercero, pero que sus consecuencias, increíblemente, deben ser asumidas por
persona distinta a quien las emitió”.
Sin duda alguna, el machismo de un sector de la sociedad colombiana
permitió dudar de la idoneidad de Amelia Pérez, asumiendo que ella no tomaría
decisiones de manera autónoma, sino orientada por las ideas, prejuicios y el
criterio del marido.
El tercer hecho alude a lo inconveniente que resultó la
presión del jefe del Estado sobre el alto tribunal. Haber convocado a sus
simpatizantes frente al edificio del Palacio de Justicia solo sirvió de excusa
para que los magistrados dilataran la decisión administrativa, bajo el
argumento de que no había garantías para agotar el perverso mecanismo de elección.
Eso sí, la presión presidencial puso en evidencia a los sectores de poder
social, político y económico a los que no les convenía que una mujer proba y
digna asumiera las riendas de la Fiscalía. El apoyo del uribismo a la autonomía
de la CSJ y la felicidad de varios de sus miembros más visibles por la interinidad
de Mancera deja ver con claridad que les gusta la operación de una Fiscalía
capturada por clanes políticos, en particular, prefieren a un fiscal que sea un
apéndice del gobierno, tal y como lo fue Francisco Barbosa, cuyo único mérito académico
y profesional fue haber sido compañero de pupitre del presidente-títere, Iván
Duque Márquez.
Ya veremos qué puede hacer Luz Adriana Camargo para recuperar,
para el Estado de derecho y la sociedad, a la Fiscalía. Camargo sabe de
antemano que la institucionalidad del ente acusador deviene de tiempo atrás permeada
por un ethos mafioso. Me uno a las voces de quienes recomiendan a Camargo que
llame a sus dos compañeras de terna para que hagan parte de la Fiscalía.
En la historia quedará que, en una sesión extraordinaria, y
después de un tortuoso proceso de elección al interior de la CSJ, el 12 de
marzo de 2024 fue elegida Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal general de
la Nación.
Imagen tomada de la Red X.
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