Por Germán Ayala Osorio
En la documento del uribismo, ¿Cuál verdad?, con el que buscan
controvertir el informe de la Comisión de la Verdad, aparece la particular
noción que tiene Álvaro Uribe Vélez de lo que es el Estado. En el ya referido
texto se lee lo siguiente: “La Comisión
de la Verdad ha producido como titular de su obra la frase <<El Estado
es el responsable>>. Eso es nada más y nada menos que la
justificación de la violencia, el terrorismo, el asesinato, el secuestro, las
violaciones, el reclutamiento de menores, las destrucciones, el atraso y la
pobreza de todos los años por actuación de grupos violentos. Algunos pensamos
todo lo contrario, creemos que el
Estado ha transcurrido fundamentalmente en la búsqueda generosa de la paz, que
aparece como elemento común del recorrido gubernamental. Por supuesto
con variaciones en algunos cortos períodos y durante los años de la Seguridad
Democrática, cuyo cometido era
alcanzar la paz a través de la seguridad como valor democrático y fuente de
recursos”.
La lectura que hace el expresidente está atada al paradigma
desinstitucionalizante en el que él está instalado de tiempo atrás. Uribe no
cree en las instituciones y mucho menos en las formas regladas y protocolos que
de manera natural provoquen o den vida a procesos de revisión, control e
indagación sobre las decisiones tomadas. En sus actuaciones como presidente de
la República dejó ver su tendencia a pactar acuerdos en los que ponía por
encima de la institucionalidad no solo el sentido de lo acordado, sino su
carácter de negociante, de vendedor de bestias y por supuesto, su
autoritarismo.
Su formación política está sostenida en buena medida en las
acciones prácticas de su pasado como administrador público. Por ejemplo, cuando
estuvo al frente de la Aerocivil, en su fugaz paso por la alcaldía de Medellín
y la gobernación de Antioquia. Su ejercicio del poder está fundado en la toma
de decisiones en las que las dinámicas y los intereses del establecimiento se
ponen por encima de las obligaciones morales del Estado. Por ello, cuando alude
al Estado en el párrafo citado, lo hace más desde la retórica, que desde su
real convencimiento de qué es eso del Estado y para qué sirve y a quién le debe
servir.
Al hacer referencia al Plan Colombia como “un logro sobresaliente del Presidente Andrés
Pastrana y del Embajador Luis Alberto Moreno”, el 1087985 deja ver su real
noción del Estado, en particular en términos de la soberanía estatal,
pulverizada, justamente por esa política pública de origen transnacional,
aprobada en el Congreso americano, gracias en buena parte al lobby desarrollado
por las empresas fabricantes de armas y de los helicópteros Black Hawk que
llegaron al país en el marco del Plan Colombia. Guarda silencio el ladino
político sobre el nulo control político del Congreso de la época alrededor de
dicha política contra la insurgencia y el narcotráfico. En su relato, un tanto
deshilvanado de hechos históricos, alude a la administración de su ungido, Iván
Duque Márquez. Y lo hace, en virtud de los diálogos de paz con el ELN. Dice el
exmandatario que “el presidente Duque
recibió una bofetada a su interés en continuar negociaciones con el ELN cuando
esta guerrilla realizó el criminal ataque terrorista contra la Escuela de
Cadetes de la Policía en enero de 2019, con lo que ese proceso se
interrumpió. Sin embargo, toda la presión de las fuerzas opositoras y de las ONGs
sesgadas, atribuían la culpa de ese fracaso, no al terrorismo del ELN sino a la
supuesta intransigencia del presidente Duque”.
Le cabe razón a Uribe en que se trató de una acción
criminal y torpe del ELN. Guarda conveniente silencio el caballista y
latifundista frente al desconocimiento que Duque hizo de los protocolos
firmados por el Estado, durante la administración de Santos, con los que se
garantizaba el regreso al país de los plenipotenciarios del ELN. Siguiendo su
idea de no aludir a compromisos de Estado, Duque negó la legitimidad y la
legalidad de los protocolos, a pesar de fungir como jefe de Estado.
En su diatriba contra la Comisión de la Verdad, Uribe
Vélez, el Gran Imputado, señala que “la
Comisión presenta el Estado Comunitario como una sustitución del Estado Social
de Derecho, a sabiendas que dicha participación ciudadana permitía el reclamo
de fundamentos sociales de este último. Todo lo reducen a la burla del Líder
Carismático o del Embrujo Autoritario, admisible en la sátira política mas no
en una Comisión de la Verdad, de la cual predicaron tanto rigor”.
Sus ideas de Estado Comunitario y Estado de Opinión se
conectan a partir de su carácter megalómano y de la búsqueda de un Estado que
operara de acuerdo con las demandas y exigencias de una comunidad imaginada,
que debía defender los principios y los valores de la seguridad democrática. Una
comunidad imaginada resultante de una opinión pública construida desde el
unanimismo mediático que los grandes medios de comunicación le impusieron al
país. Así, un Estado comunitario solo fue un intento fallido de anular los
procesos organizativos de las comunidades afro, campesinas e indígenas y de
imponer dos nomenclaturas alejadas de lo que consignado en la Carta política
sobre el Estado Social de Derecho. Al respecto, Montoya
Brand (2010) sostiene que “…la
referencia caprichosa al ESD como EC y EO pareciera una expresión de la
arbitrariedad presidencial y, como consecuencia, una manifestación de
personalismo que desde luego rompe con la literalidad y los contenidos de la
Carta”. Insiste Montoya: “en todo lo
anterior se sigue que la redefinición discursiva del tipo estatal mediante una
denominación que no figura en la Constitución Política de 1991 sugiere
prácticas personalizadas de mutación constitucional, tales como si, por
decisión de quien gobierna, se hablase en adelante de primer ministro o de
monarca en lugar de presidente”.
En cuanto al registro del Embrujo Autoritario, de
manera maliciosa el 1087985 desestima el trabajo académico de la Plataforma Colombiana
de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, justamente porque asumieron el
rol vigilante y crítico que la gran prensa abandonó, para plegarse, por miedo o
convicción, al unanimismo ideológico que Uribe Vélez orientó, basado en la
relación amigo-enemigo que tantos réditos político-militares le dieron a él y a
su política de seguridad democrática.
Alude también al tema de la reelección presidencial
inmediata. Dice Uribe Vélez que “la
Comisión engaña a las nuevas generaciones con el tema de la reelección. Antes
de la Constitución de 1991 se permitía la reelección presidencial con período
de por medio. Cuando asumí avanzaba un proyecto para revivirla y finalmente se
aprobó el que permitió mi reelección”. Nuevamente calla sobre hechos que le
restaron legitimidad al proyecto reeleccionista. Por ejemplo, a la compra de
los votos de los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Además, de
las malas prácticas en el trámite al interior del Congreso del proyecto
reeleccionista que buscaba su tercer mandato. Anomalías que el magistrado
Humberto Sierra Porto supo detallar en su ponencia negativa.
Y en cuanto a los paramilitares, en su versión, Uribe
señala que “la Corte Suprema eliminó
la sedición para los paramilitares. Expresé mi desacuerdo con el delito
político, atenuante de responsabilidad penal, que no debería existir en países
libres como el nuestro. Lo incluimos en la ley de Justicia, Paz y Reparación
para aprovechar que su presencia en el Ordenamiento Jurídico facilitara la
desmovilización de miles de integrantes de los grupos criminales. La Corte
Suprema, en una sentencia lo aceptó para la guerrilla y lo negó para los
paramilitares. Adujo que estos últimos carecían del propósito de cambio del
sistema económico. Alegué, inútilmente, que unos y otros expresaban
motivaciones ideológicas, y que ambos tenían el elemento común de la gravedad
de los hechos y de la capacidad de interferir al Estado de Derecho”.
Su molestia por el no reconocimiento político a los
paramilitares, a partir del reconocimiento del delito de sedición, está fundada
en las simpatías que su proyecto político neoliberal y autoritario originó en
las huestes paramilitares de donde salieron los apoyos electorales que
finalmente lo llevaron a la presidencia, por conducto de los políticos que
firmaron los pactos de Ralito, Chivolo y Santafé de Ralito.
Imagen tomada de Semana.com
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