Por Germán Ayala Osorio
En medio de un paro armado, las
delegaciones del gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) avanzan
en la discusión de los puntos de la agenda. En particular, hay uno de vital
importancia para los elenos: la participación de la sociedad civil para lograr
las transformaciones por las que, según ellos mismos, han luchado militarmente por
más de 50 años.
Según el senador Cepeda, ya están
trabajando en el diseño de los mecanismos que permitirán, a partir de mayo de
este año, la participación de agentes de la sociedad civil. Ojalá los
mecanismos diseñados, con alcance nacional, pero territorialmente ancorados, terminen
con el fin del conflicto entre el Estado y esa agrupación armada ilegal. Eso
sí, la participación ciudadana organizada expone una situación suigéneris: el
ELN termina convertido en un mediador entre lo que propongan los agentes de la
sociedad civil y la delegación de paz del gobierno que, en nombre del Estado,
deberá dar cuenta en tiempos muy precisos, de las transformaciones sociales,
políticas y económicas que hacen parte del ideario del grupo armado y que
aspiran a que sean las mismas de los agentes sociales, económicos y políticos que participarán a partir de mayo en las mesas de trabajo.
Es decir, la negociación política adquiere un carácter indirecto que complejiza
aún más el proceso de diálogo: los plenipotenciarios del Gobierno, en nombre
del Estado, no negociarán directamente con sus similares del ELN, como ocurrió durante
el proceso de paz y negociación de La Habana, entre el Estado y las entonces Farc-Ep.
Imagino que la intervención y
participación de agentes sociales, económicos y políticos de la sociedad civil tendrá
un enfoque territorial diferenciado, lo que de inmediato pondrá en evidencia los
avances en su aplicación de los planes de desarrollo local y regional que a la
fecha el Estado esté ejecutando y priorizando. Ese podría ser un primer
obstáculo en los avances de las transformaciones que el ELN espera, en
consonancia con lo expresado por los actores de la sociedad civil que
participen de los encuentros. A esto se suma que varias regiones y municipios
quedaron en manos de actores políticos que hoy le hacen oposición al gobierno
de Petro en el Congreso, a los que no necesariamente les interesará ayudar a que se concrete lo de la paz total.
En esa misma línea, bajo qué
criterios técnicos y presupuestales se ejecutarán las exigencias y las propuestas,
locales y regionales, expuestas por esos actores de la sociedad civil y cómo
estos dialogarán con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Habrá dinero suficiente y
capacidad operativa de un Estado históricamente paquidérmico para ejecutar
obras y responder a exigencias de la ciudadanía?
¿Qué pasará en y con los municipios PDET? Hasta el momento, la estructura agraria y la concentración de la tierra en pocas manos no ha cambiado en esos territorios. ¿Los agentes sociales, económicos y políticos de la sociedad civil de varios de esos municipios querrán participar de las discusiones que se darán en el marco de la dinámica planteada por el ELN?
Las dinámicas y los encuentros entre
esos agentes de la sociedad civil y el Estado, con la mediación de los elenos,
podrían convertirse en fuente de nuevos conflictos por los intereses encontrados
y diferenciados que de todas maneras van a quedar expuestos cuando aparezcan
agentes económicos de la sociedad civil que no compartan lo dicho o exigido por
actores sociales e incluso, por los agentes políticos en una misma región.
Como la participación tendrá un
carácter nacional, surge de inmediato la pregunta: ¿De estos encuentros harán
parte los agentes económicos de la sociedad civil que a diario aparecen en los
medios masivos tradicionales? ¿Es decir, veremos a la ANDI, Acopi y Fenalco,
entre otros, discutiendo las propuestas y exigencias de actores sociales y
políticos que históricamente jamás fueron escuchados?
Son muchos los detalles que
deberán tener en cuenta quienes en la mesa de diálogo se sentarán a diseñar los
mecanismos y los protocolos de participación. Nadie niega que garantizar la
participación de la sociedad civil resulta novedoso, pero también hay enormes
riesgos de que semejante apuesta termine generando expectativas en las
comunidades que llevan años esperando a que la cara civil del Estado, con todo
y su carácter civilizatorio, llegue a territorios a los que jamás llegó, porque solo hubo el interés de que el Estado hiciera presencia con la bota militar.
¿Estarán comprometidos todos los
frentes de guerra del ELN en esa apuesta? ¿O tempranamente aparecerán disidencias
que, en lugares específicos, torpedearán los procesos participativos?
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