Por Germán Ayala Osorio
Las exhortaciones que hicieron la
OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de DDHH
de la ONU en Colombia para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) elija cuanto
antes a la nueva fiscal general de la Nación no constituyen necesariamente una
intromisión en los asuntos internos de Colombia, por dos razones fundamentales,
a saber:
La primera, es que Colombia hace
parte de los sistemas de las Naciones Unidas y el interamericano, lo que legitima
estas recomendaciones y otras que en adelante estos organismos decidan hacerle
al país. Esa, digamos, es una razón y una circunstancia jurídico-política que
no es posible desconocer, por más molestias que genere en quienes insisten en
desestimar las graves denuncias periodísticas que ensucian los nombres de la
fiscal encargada, Martha Mancera y el de su exjefe, Francisco Barbosa. Justamente,
los tres organismos ven en la interinidad un problema de legitimidad que la Oposición
no quiere ver, porque no les conviene a sus más connotados miembros, que se elija, por primera vez en el país,
a una fiscal recta, proba y que no sea amiga del presidente de la República.
En lugar de protestar por las
misivas enviadas por los tres organismos, en las que también exhortaron al
presidente Petro a brindar garantías y a evitar presiones sociales que de
manera violenta impidan a la CSJ cumplir cabalmente con lo que le ordena la Carta Política, deberían los miembros de la Oposición entender
que lo que está en juego es la legitimidad del ente acusador, el mismo que
deviene capturado por mafias políticas y organizaciones criminales, de acuerdo
con las mismas fuentes periodísticas y las propias actuaciones de la Fiscalía
consistentes en favorecer intereses de poderosos agentes económicos y políticos
que debieron ser acusados por corrupción y otros que ostentan la calidad de procesados
e imputados. Pero no. Hablan de defender la institucionalidad, mirando de
soslayo la impunidad del 94% en los casos de corrupción público-privada que dejó
el nefasto periodo de Francisco Barbosa.
Y la segunda razón nace de la credibilidad
que le reconocen al presidente Gustavo Petro los organismos mencionados en
virtud de que sus denuncias de un quiebre institucional o golpe blando son del
resorte de la ONU, la OEA y la CIDH. Así entonces, no se trata de una
intromisión maliciosa en los asuntos internos de Colombia como lo aseguran
miembros visibles de la Oposición, entre estos el también nefasto exfiscal
general, Néstor Humberto Martínez Neira, sino de la observación de una delicada
situación política que, de darse en Colombia, obligaría a los tres organismos a
actuar en consecuencia.
Lo que hizo el gobierno de Petro
fue internacionalizar la situación anómala que según él se estaría
fraguando al interior del país: el quiebre institucional azuzado por Francisco
Barbosa, desde su cargo de Fiscal general de la Nación, siguiendo instrucciones
de agentes del establecimiento. Guardando
las proporciones, lo que hizo el actual gobierno se parece en algo a lo que hizo
Pastrana cuando internacionalizó el conflicto armado interno, expuso a las
Farc-Ep ante el mundo, entregándole la zona de distensión sin verificación de
la ONU y naturalizó la injerencia militar de los Estados Unidos. Todo lo
anterior, en el marco del Plan Colombia, política pública de corte transnacional
que se aprobó en el Congreso americano, sin el visto bueno de la corporación legislativa
de Colombia.
La gran diferencia entre las dos situaciones
está en que Petro prendió las alarmas en la ONU y la OEA por los riesgos de un
quiebre democrático en el país, lo que supondría además el abandono de todo
esfuerzo por pacificar al país; mientras que en el caso de Pastrana
(1998-2002), lo que hizo fue generar las condiciones internas y externas que
terminaron escalando el conflicto armado interno de tal manera, que la propia
ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos terminaron, la primera,
validando el acuerdo de paz de La Habana firmado durante el gobierno de Santos;
y la segunda, declarando como culpable al Estado colombiano por la violación sistemática
de los derechos humanos cometida durante las administraciones de Pastrana y
Uribe, con la aplicación del Plan Colombia.
Es decir, Pastrana, Uribe y Duque
lo que hicieron fue naturalizar las condiciones de una democracia de mano dura,
mientras que Petro lo que hizo al llamar la atención de los tres organismos fue
evitar un quiebre institucional que regrese a Colombia a las sistemáticas violaciones
de los DDHH, reeditando las circunstancias de la guerra perpetua a la que le
apostaron Pastrana, Uribe y Duque.
Imagen tomada de Youtube.com
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