CLASISMO JUDICIAL Y LA CASA POR CÁRCEL PARA DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO

 

Por Germán Ayala Osorio

La sempiterna corrupción público-privada en Colombia, más una impunidad del 94% de los procesos penales por corrupción y la maliciosa figura de la casa por cárcel para delincuentes de cuello blanco, son factores generadores de violencia e incertidumbre en una sociedad que deviene de tiempo atrás confundida moral y éticamente.

El primero de esos factores es el resultado de la captura mafiosa del Estado que lograron hacer congresistas, clanes políticos y familias con poder económico y político. Una vez cooptadas las instituciones estatales, la distribución abusiva y discrecional de los presupuestos les garantizará el poder suficiente para, cada cuatro años, desangrar las finanzas públicas y comprar jueces, magistrados y fiscales que les harán la tarea de desaparecer expedientes, torcer decisiones de jueces que fallaron en derecho, o simplemente, lograr el vencimiento de términos y el cierre de los casos por prescripción. Es tal su poder, que se hacen partícipes en la elección del fiscal general de la Nación para que este se encargue de cerrar procesos o desvíe las investigaciones. Son estos los mismos que hoy tienen pavor ante la eventual elección de una mujer fiscal, sin tacha.

En todo lo anterior se dibuja la ruta de la impunidad cuyos efectos sociales son claros: la desconfianza en la justicia de los ciudadanos de a pie, las acciones de justicia por propia mano y la confirmación de que esta es, para los de ruana, es decir, para los más pendejos o para los que no tienen con qué comprar un juez o un magistrado.

El guarismo del 94% es la más clara expresión de la corrupción de la justicia en todos los niveles: desde encopetados magistrados y magistradas (¿Recuerdan el Cartel de la Toga?), pasando por jueces de tribunales y fiscales delegados, hasta llegar a jueces municipales.

Y cuando no hay forma de torcer fallos, entonces viene la valoración de las condenas a pagar y el lugar de reclusión. Aparece la figura de la casa por cárcel, amparada en artificios judiciales o lecturas amañadas de realidades que tocan el sistema penitenciario: en las prisiones estatales corren peligro las vidas de los ladrones de cuello blanco o no hay cupo en los pabellones especiales, exclaman sus abogados; esos pabellones especiales  confirman lo que aquí llamaré el clasismo judicial, que no es otra cosa que la extrapolación del clasismo de una sociedad como la colombiana en la que conviven ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta y hasta de quinta categoría, en escenarios de exclusión e inclusión.  

Ese clasismo judicial impide ver que reconocidos exministros de Estado sean recluidos en prisiones sin comodidad alguna y sin privilegios. Huelga recordar el caso del penado uribista, Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a 15 años por delitos como la celebración de contratos sin cumplimento de requisitos legales y peculado por apropiación. Arias jamás pisó una cárcel en Colombia. Se la pasó “recluido” en cómodas casas fiscales de unidades militares. Recientemente se conoció el fallo condenatorio contra Luis Alberto Monsalve Gnecco. Aunque el tiempo de la condena se conocerá hasta marzo, su abogado pidió que sea recluido en su casa. Muy seguramente, por hacer parte del poderoso clan Gnecco (es hijo de la matrona, Cielo Gnecco Cerchar), la CSJ le dará la casa por cárcel a este bandido perfumado.

Los delincuentes de cuello blanco reciben un tratamiento preferencial porque no “representan un peligro para la sociedad”, o porque simplemente, al no poderse evitar la investigación, el proceso y la condena, lo que queda es garantizarles a estos perfumados criminales que paguen la pena “recluidos” en sus mansiones o en su defecto en unidades militares o de la policía. Una sinvergüencería que deslegitima el orden establecido, mancilla el nombre de la justicia y genera violencia y desazón en quienes deben someterse al imperio de la ley, por casos de los que pudieron salir libres si tuvieran acceso a costosos abogados o cómo corromper a un juez o a un fiscal.

Aquello de que no “representan un peligro para la sociedad” no es más que un eufemismo con el que se realmente se oculta la peligrosidad de individuos estudiados, formados en la función pública, y que conocen muy bien cómo dilatar procesos judiciales y que mantienen el control político de las entidades estatales de las que se robaron billones de pesos. Por el contrario, su actuar criminal debe ser castigado de manera ejemplar por su visibilidad y por las simpatías que generan sus nombres; además, por haber alcanzado mayores estudios y por la responsabilidad que asumieron al llegar al Estado. 

Entre un ladrón callejero y un político corrupto, la justicia y la sociedad creen que el primero es más peligroso que el segundo, lo que hace posible que sobre la randa callejera caiga todo el peso de la ley o en el peor de los casos, reciba el castigo de ciudadanos hastiados de sus andanzas; mientras que la justicia y gran parte de la sociedad tratan con finas pinzas y aplauden a las sabandijas encorbatadas que roen con rapidez el presupuesto nacional.

Así las cosas, resulta improbable que reduzcamos la corrupción a sus justas proporciones como lo propuso el violador de derechos humanos, el entonces presidente Julio César Turbay Ayala. El ethos mafioso que guía la vida de los bandidos de cuello blanco se naturalizó de tal forma que no robar o no desviar recursos públicos es propio de tontos.

Está lejos el día aquel en el que hayamos construido un país decente, una verdadera República. Seguiremos viviendo en este muladar de ambiciosos, criminales y mafiosos de cuello blanco. Porque en una sociedad decente, “las élites políticas y económicas no extraen los recursos de sus ciudadanos mediante la corrupción, tampoco evaden impuestos. Ni exponen a sus ciudadanos a la pobreza, a falta de educación, a muerte por desnutrición de los niños en familias muy pobres. Y mucho menos permiten que grupos armados ataquen y abusen de las minorías, los campesinos, los líderes sociales. A pesar del gran avance que se ha hecho en las negociaciones para alcanzar la paz, Colombia no clasifica tampoco en el ranquin de sociedad decente, porque la corrupción la mata”.

Imagen tomada de Caracol radio.