Por Germán Ayala Osorio
Hace bien el presidente de
la República en advertirle al país y al Consejo de Seguridad de la ONU que al
Estado colombiano “le quedó grande” cumplir con lo acordado en el tratado de
paz firmado con las entonces Farc-Ep. Exactamente esto dijo el jefe del Estado:
“Esta vez va a ir el presidente de la república y va a tener que decir: definitivamente
el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Yo no
puedo decir mentiras”.
El anuncio presidencial
generó todo tipo de reacciones en particular en quienes no entienden cómo el
propio jefe del Estado anuncia que le reconocerá a la ONU y a los países
garantes y acompañantes del proceso de paz de La Habana que el Estado fue inferior al compromiso que asumió con la paz. Aunque puede sonar “raro”
que el propio presidente de la República haga ese tipo de reconocimientos, lo que
hace Petro es poner de presente que las otras dos ramas del poder público son
responsables, junto al Ejecutivo, de los incumplimientos a lo que se acordó en
Cuba entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc-Ep.
Los incumplimientos a lo
firmado en el teatro Colón de Bogotá ponen de presente responsabilidades
políticas que deberán asumir funcionarios y los gobiernos de Santos, Duque y
Petro. De igual manera, las que tienen que arrogarse agencias estatales que
operan bajo las viejas dinámicas de un Estado desordenado, paquidérmico,
ineficiente e incapaz, administrativamente hablando, de ejecutar el mandato
legal en el que está soportado el acuerdo de paz de La Habana. Siete años
después de la firma del armisticio entre el Estado y las entonces Farc-Ep, el
Congreso aprobó la jurisdicción agraria. Esto dijo la ministra de Agricultura, Jennifer
Mojica: “la jurisdicción agraria va a permitir que la paz llegue al campo
con una vía judicial por la cual se puedan tramitar todas las diferencias que
tenemos sobre los derechos a la tierra, a los baldíos y los bienes de uso
público”.
A pesar de ese tardío
avance, la reforma agraria sigue siendo el problema central en los
incumplimientos porque ni se ha logrado cumplir con la entrega de los 3
millones de hectáreas de tierra, como tampoco consolidar el Fondo de Tierras acordado
para tal efecto. Reducir la reforma agraria a la entrega de tierras es un error
en el que incurrieron dos de las tres administraciones arriba señaladas (Santos y Duque). Se debió
diseñar, una vez firmado la paz, un plan de industrialización del campo con
todos los latifundistas del país, esto es, con aquellas personas naturales y
jurídicas que acaparan grandes extensiones de tierra dedicadas a ganadería de
baja producción, a la especulación del precio de la tierra y a la siembra de
monocultivos de caña de azúcar y palma africana.
Al no haberse diseñado ese
plan de industrialización, los PDET se hicieron inaplicables por cuanto no solo
no se tocó la propiedad concentrada de la tierra, sino que su deseada
distribución no está pensada, por ejemplo, para que el minifundio y el
latifundio puedan convivir bajo un modelo agrario moderno que convierta al país
en una despensa agrícola para el mundo. Poco interés hay en dejar de ser un
simple exportador de café y azúcar, en beneficio de unos cuantos agentes
privados, porque históricamente se construyó una azarosa relación con la tierra,
ancorada su concentración al poder político y económico que esa condición genera.
Un punto que poco se
advierte al momento de evaluar la etapa de implementación de los acuerdos de
paz de La Habana en la que estamos, tiene que ver con la noción de Estado.
Pocos son los funcionarios, magistrados, empresarios del campo, jueces,
ministros, e incluso, presidentes de la República, entre otros, que tienen una
visión de Estado que supere las lógicas y dinámicas políticas asociadas a los tiempos
que duran los gobiernos. El ejemplo de Iván Duque Márquez resulta
paradigmático. Con el claro objetivo de frenar la implementación del acuerdo de
paz, Duque redactó su propia política de paz a la que llamó Paz con Legalidad.
Es decir, con una política de gobierno y con todo el poder político y
administrativo, el entonces presidente-títere, afectó la política de paz de
Estado que emergió cuando se firmó en el teatro Colón de Bogotá la versión final
del Acuerdo Final. No se puede olvidar que Duque fue una ficha incondicional de Uribe y de
otros agentes del llamado uribismo, que hizo todo para cumplir con el deseo del
exministro Fernando Londoño Hoyos y del exprocurador Alejandro Ordóñez de “hacer
trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final”.
Estos dos godos
recalcitrantes además de oponerse a la negociación política entre el gobierno de
Santos y los voceros farianos, son hijos del cortoplacismo. En Colombia se
planea el desarrollo para cumplir las metas de un gobierno, esto es, para
cuatro años. Por ello los ejercicios de prospectiva que se hacen se abandonan
por razones políticas e ideológicas e incluso, por lecturas macartizantes que
se hacen sobre los campesinos y los exguerrilleros, incluyendo por supuesto al
presidente Petro por haber militado en el M-19. Entran en ese juego ideológico
el clasismo y el racismo, elementos que por décadas han impedido un
acercamiento entre quienes concentran la tierra y aquellos que quieren
trabajarla para aportar a la autonomía y la soberanía alimentarias.
Al final, el llamado que
hace el presidente Petro va dirigido a que en todos los estamentos de los tres
poderes públicos se revisen los procedimientos y las actuaciones que terminaron
consolidando los incumplimientos a lo acordado en La Habana, Cuba. Pero no puede
dejar por fuera el jefe del Estado las responsabilidades políticas de los
gremios y agentes de poder asociadas a las actividades agrícolas, en particular
aquellos que dijeron No al plebiscito por la paz, coyuntura que terminó
provocando y legitimando los primeros incumplimientos a lo acordado, en virtud
a los ajustes que sufrió el texto final de paz.
No podemos olvidar que mantener
las dinámicas del conflicto armado interno en las zonas apartadas del país,
favorece directamente a los latifundistas y ganaderos que llegan a esos
territorios a acaparar más tierra, bien sea de la mano de estructuras
paramilitares o de las condiciones de un mercado de tierras golpeado por la
violencia política que abarata el valor de la tierra.
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