RAZONES DEL FRACASO DE LA PAZ TOTAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El fracaso de la Paz Total del gobierno Petro no obedece exclusivamente al carácter maximalista con el que asumió el presidente de la República la tarea de pacificar el país por la vía política, pues se sabe que para alcanzar dicho estadio civilizatorio se necesita de las voluntades de los disímiles grupos armados ilegales que operan en Colombia. A juzgar por los resultados de varios de los procesos de diálogo echados a andar por el gobierno lo que menos hubo fue voluntad de paz en los ilegales.

Aparecen, entonces, factores institucionales, ético-políticos y aquellos que están íntimamente anclados a los procesos de transformación de las guerrillas en estructuras prepolíticas, lumpenizadas y narcotizadas por las lógicas y dinámicas de las economías ilícitas.

Los factores institucionales se desprenden de la “empresarización” del conflicto armado, esto es, la naturalización de la guerra como un lucrativo negocio al que siempre estuvieron atados oficiales y suboficiales de la policía y el Ejército encargados de vender armas y material de intendencia a las estructuras narco paramilitares, bandas criminales y narcoguerrillas. Y debe haber empresarios, pequeños, medianos y grandes metidos en el fructuoso negocio de la guerra, del que hacen parte la minería y la producción y venta de cocaína. No se puede descartar que ese empresariado haga parte de las élites tradicionales o simplemente existen algunos miembros que sostienen conexiones con traficantes de pertrechos para la guerra, traquetos y agentes mineros que se mueven entre las ya borrosas fronteras entre lo legal y lo ilegal.

Así las cosas, las dinámicas del conflicto armado fueron permeando varias instituciones del Estado haciendo casi imposible concebir y consolidar una institucionalidad para la paz por una razón poderosa: es mejor negocio hacer la guerra, que construir escenarios de paz. La paz termina beneficiando a fundaciones y a la academia, mientras que el atractivo negocio de la guerra y sus otras variables favorece a los actores de poder, legales e ilegales que se mueven entre el mundo castrense y las relaciones que policías y militares consolidaron en el tiempo con narcoguerrilleros, paracos y pandillas como las que operan en Buenaventura.

La felicidad que produce el fracaso de la  Paz Total en los más visibles agentes políticos de la derecha se explica fundamentalmente porque de haber conseguido pacificar el país, el fenómeno Petro se constituiría en un peligro electoral para el 2026 y en un reto político, social y económico para los actores más poderosos del Establecimiento colombiano acostumbrados a sacar provecho de las condiciones de inseguridad que generan la operación de las organizaciones armadas ilegales. Los desplazamientos forzados y las masacres beneficiaron a una élite económica enemiga de campesinos. 

La derecha colombiana estaría dispuesta a pacificar el país a través del diálogo político siempre y cuando esos procesos de paz no estén atados a que haya verdad, justicia, reparación y no repetición; se suma a lo anterior el mayor impedimento: tener que abandonar el fabuloso negocio de las armas, la coca y la minería, variables económicas que están soportadas institucional y éticamente. Hay un ethos mafioso y criminal que supera con creces el débil ethos de lo público que se desprende de las acciones estatales. Los 38 años que lleva Diego Marín Buitrago es la constatación de esa realidad ético-política que compromete al Estado como forma de dominación y a la clase política y empresarial que guardó silencio y coadyuvó a la consagración de Papá Pitufo como agente corruptor y al contrabando como política de Estado.

La transformación de las antiguas guerrillas en organizaciones de traquetos con brazaletes alusivos al ELN y a las disidencias farianas hace aún más compleja la consecución de la paz por cuanto el lucrativo negocio de la droga, la minería y la coca les impide aceptar curules  en el Congreso y ponerse a cultivar la tierra, actividades con las que el gobierno de Santos logró seducir a los ya envejecidos miembros del Secretariado de las Farc con los que finalmente logró la firma del armisticio y la construcción de una paz incompleta, legítima y que aún corre el riesgo de fracasar. Esas condiciones de resocialización no llaman la atención de los líderes del ELN y las disidencias de las Farc-Ep y mucho menos a los miembros del Clan del Golfo y a Chotas y Espartanos.

Por todo lo anterior, Colombia parece condenada a vivir en medio de disímiles formas de violencia que se explican en buena medida por la naturalización de un ethos mafioso y criminal en la política y en la operación de la sociedad y el Estado, y por la codicia compartida entre estructuras de poder legal e ilegal a las que jamás les interesó reversar las condiciones propias de un país incivilizado.

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