Por Germán Ayala Osorio
Los constantes roces entre el
presidente de la República y el alcalde mayor de Bogotá se desprenden de dos
visiones irreconciliables alrededor del desarrollo urbanístico, incluido en
este el asunto de la movilidad.
Por cuenta de un borrador de
resolución del Ministerio del Medio Ambiente, Galán y el gobierno Petro están metidos en una discusión que va más
allá de tecnicismos, porque gira en torno a asuntos ideológicos y políticos con
los que el alcalde de Bogotá quiere tapar su incapacidad para entender
sistémicamente los problemas ecológicos y socioambientales que enfrenta Bogotá alrededor
del agua.
La exministra de ambiente, Susana
Muhamad señaló que “la resolución para la Sabana de Bogotá no está en contra
del desarrollo ni de la ciudad. Es un proceso técnico y participativo que lleva
meses en construcción. El Distrito siempre fue invitado y conocía estos
lineamientos. El @MinAmbienteCo siempre mantuvo abiertas las puertas al
Distrito: 3 asambleas y 7 mesas técnicas. La resolución está en consulta, no
cambia el POT ni impide proyectos. Su objetivo es claro: proteger el agua y los
suelos agrícolas ante una crisis hídrica que Bogotá no puede seguir ignorando”.
Mientras que Galán sigue instalado
en un modelo de ciudad liderado por empresas urbanizadoras a las que poco o
nada les importó en el pasado desecar humedales, el presidente Petro, consciente
de las pluricrisis que produce el cambio climático, le está apostando a
reordenar el territorio nacional en torno al agua. Es decir, Galán está
siguiendo el modelo de ciudad que promovieron los alcaldes Enrique Peñalosa y
Claudia López: urbanizar y llenar de buses la ciudad.
La postura de Galán deviene
infantil en la medida en que expone débiles argumentos como la soberanía y la
autonomía territorial de Bogotá, variables políticas que alrededor de la crisis
del agua que afronta la capital del país se tornan marginales porque hacer
sostenible la ciudad pasa por dejar de asumir la sostenibilidad exclusivamente desde
la perspectiva económica y política, para empezar a pensarla desde criterios
ecológicos y socioambientales, atados a una ética ecológica que dejaron de lado
las administraciones de Peñalosa y López.
Peñalosa, López y ahora Carlos Fernando
Galán fungen como agentes dinamizadores de lo que se conoce como la Sostenibilidad
Asistémica Funcional (SAF), que no es otra cosa que la aplicación a rajatabla
de un modelo de desarrollo fincado en la economía política, dejando de lado
consideraciones ecológicas fundamentales como las zonas de recarga, el ciclo
del agua, los ríos voladores y los efectos que generan las hidroeléctricas y
sus embalses. Una SAF es el resultado de transacciones económicas y políticas
que claramente amarraron a anteriores alcaldes de Bogotá a los designios de las
constructoras proclives a desentenderse de las variables ecológicas y socioambientales.
Galán parece estar defendiendo
los intereses de las empresas constructoras que financiaron su campaña
electoral, obviando la crisis estructural que ya afronta la ciudad en torno a
las fuentes de abastecimiento de agua para una ciudad que creció de manera
desordenada justamente porque la visión de desarrollo que se impuso siempre caminó
de la mano de los intereses del gran capital.
El alcalde mayor de Bogotá está librando una pelea ideológica y política con Petro y el gobierno central que terminará por confirmar su incapacidad para entender de manera sistémica los problemas y las circunstancias ecológicas y socioambientales en las que está la capital del país por cuenta de sucesivos gobiernos distritales amantes del cemento. Terminar de afectar la reserva Van der Hammen es extender en el tiempo los problemas de abastecimiento del preciado líquido. La crisis del agua que afronta la capital es real. Galán está actuando de manera irresponsable.
Foto tomada de Galán y Petro se enfrentan por resolución del Ministerio de Ambiente sobre la Sabana de Bogotá
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