Por Germán Ayala Osorio
Son ya innumerables los casos de
enfrentamientos verbales y físicos entre
agentes de tránsito y conductores, especialmente de motocicletas en la ciudad
de Cali. Las reyertas entre los agentes de movilidad y los motorizados parecen
no decirle nada al alcalde Alejandro Eder sobre los graves impactos que viene
generando su política institucional de castigar a los infractores con multas,
en lugar de jugársela por educarlos y por esa vía evitar las trifulcas y la mutua
animadversión que ya hizo carrera entre usuarios de las vías y las autoridades
de control.
No se trata de negar que efectivamente
hay conductores que infringen las normas de tránsito y que esas conductas van invitando
a que la indisciplina social se legitime y se haga costumbre. Pero insistir exclusivamente
en el castigo económico por la vía de la imposición de multas e inmovilizaciones
de los vehículos invitan a que los infractores reaccionen de manera violenta,
así como los conductores que a pesar de contar con los documentos en regla sienten
que los constantes requerimientos constituyen un acoso institucional, al
parecer justificado por el afán de la Secretaría de Movilidad de imponer comparendos
exclusivamente para cumplir con metas de tipo económico.
Las agresiones verbales y físicas
entre unos y otros pueden terminar en acciones que pueden tipificarse como
tentativas de homicidio o lesiones personales. Es tiempo de que la Alcaldía
revise el sentido punitivo de los operativos viales para darle una oportunidad
a las campañas pedagógicas e incluso a darles un compas de espera a los
conductores para que, en un tiempo prudente, se pongan al día con los documentos
y asuman el compromiso de respetar las normas de tránsito.
Los recurrentes casos de agresiones
entre conductores y usuarios de aeropuertos y agentes de tránsito y policías
son claras expresiones de intolerancia e irrespeto, pero también del
desconocimiento de los límites entre dos conceptos que suelen confundirse: poder
y autoridad.
Es posible que en la vida
cotidiana los ciudadanos comprometidos en las refriegas que se hacen virales en
las redes sociales tengan esa confusión, en especial los uniformados de la
policía y del tránsito que son los que finalmente representan objetivamente la
autoridad y hacen uso del poder que les confiere la ley.
A propósito de los dos conceptos,
Sartori sostiene que “la diferencia entre poder y autoridad puede ser
traducida, entonces, en la diferencia entre modalidad desagradable y modalidad
deseable de control. El poder, como tal, es un hecho de fuerza sostenido por
sanciones; es una fuerza que se impone desde arriba sobre quien la sufre. En
cambio, la autoridad emerge de una investidura espontánea y recaba su fuerza
del reconocimiento: es un poder de prestigio que recibe de él su legitimidad y
eficacia”.
El país recuerda el caso del
agente de tránsito de Bucaramanga que le lanzó un cono a un motociclista que
invadió el carril exclusivo del transporte masivo de esa ciudad. Ese funcionario
no ejerció su autoridad, sino que usó un instrumento con el que claramente
buscaba desestabilizar al motorizado, lo que finalmente ocurrió, con el
desenlace fatal jamás esperado por el guarda de tránsito: el muchacho murió, lo
que desató la ira de cientos de motociclistas que participaron de los
disturbios en los que derivó la acción del agente de tránsito. En este caso, lo
que hizo el guarda fue desviar su poder sancionatorio hacia una acción
temeraria y violenta que terminó con la muerte del joven infractor. Esto puede
suceder en Cali, si las autoridades no morigeran sus actitudes, muchas hostiles
y explicables por las violentas reacciones de los conductores sancionados o
requeridos en los retenes viales.
En ese caso, el agente se
equivocó, pues bien pudo apelar a otros recursos y acciones para sancionar al
motociclista que violó la norma. Por ejemplo, informar por radio para que más
adelante el infractor fuera detenido y multado como corresponde según la norma
vigente. Queda por examinar y evaluar en
este y en otros casos los grados de legitimidad social que la ciudadanía les
está reconociendo a los agentes de tránsito y de policía involucrados en las
mutuas agresiones.
Para el caso de Cali, le
corresponde a la Alcaldía de Cali y a su Secretaría de Movilidad averiguar si entre
los ciudadanos y en particular entre los conductores de motos si las conductas
violentas obedecen a la falta de reconocimiento social de la autoridad de
tránsito y de sus agentes, circunstancia social, cultural e institucional que los
impulsa a desobedecer las normas y agredir a los agentes. Insistir en aplicar
las normas sin examinar las circunstancias contextuales y las que subsisten
para cada caso, constituye un error.
Quienes están investidos de un
uniforme deben entender que el reconocimiento de su autoridad depende también de
las maneras como se acercan a los ciudadanos. Es por eso que deben exhibir un
comportamiento moral y éticamente superior al de los demás ciudadanos sobre los
que puede recaer el poder derivado de la función pública. Igualarse a los
golpes y al lanzamiento mutuo de improperios y amenazas con los infractores que
los agreden no es el camino para ganarse el respeto de la ciudadanía.
enfrentamientos entre guardas de transito y motociclisats en Cali - Búsqueda Imágenes
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