Por Germán Ayala Osorio
En tono celebrativo, los medios y periodistas que le hacen oposición política al gobierno de Gustavo Petro informaron de la decisión tomada por dos consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) consistente en presentar ponencia positiva con la que se abriría investigación en contra de la campaña Petro presidente y el propio presidente de la República por la violación de los topes establecidos para recibir aportes a la pasada campaña electoral de 2022. Se trata del político uribista, Álvaro Hernán Prada, reconocido por ser enemigo del presidente Petro y ficha del expresidente Álvaro Uribe Vélez, también declarado enemigo del jefe del Estado. El otro consejero que firma la ponencia es Benjamín Ortiz.
Del CNE hay que señalar que es
una entidad eminentemente política y que los consejeros emiten conceptos políticos
cargados de lecturas amañadas y no jurídicos, basados en la ley penal. Aunque
la ponencia deberá discutirse al interior de la cuestionada entidad, el sentido
del fallo molestó al jefe del Estado, a pesar de saber el presidente que el CNE
no tiene la competencia legal para investigarlo y mucho menos para solicitar
sanciones de tipo penal o administrativo.
Petro los llamó “vagabundos”, reconociéndoles
de alguna manera, competencia para investigarlo e incluso, para sacarlo de la Casa de Nariño, cuando no es así. “El
presidente tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos
de la politiquería así lo quieren”, dijo el jefe del Estado. De inmediato, el
mandatario calificó la decisión de los consejeros como parte del golpe blando
que el régimen uribizado le quiere dar desde el 7 de agostos de 2022.
La emoción del hecho político embargó
de felicidad a los periodistas que dijeron que la investigación que se ordenaría,
de aprobarse dicha ponencia en la plenaria del CNE, era contra el presidente de
la República, cuando esa institución, como ya se dijo, no es competente para investigar al jefe
del Estado. Para esos menesteres está la inocua Comisión de Acusaciones de la Cámara
de Representantes, a donde finalmente deberá ir la cuestionada decisión de los dos consejeros, de llegarse a aprobar.
Más allá de la sinuosa la decisión política
es importante visibilizar un hecho jurídico-político, moral y ético que le
restaría legitimidad social y política a la decisión y proposición de uno de
los consejeros- no son magistrados- el anodino uribista, Álvaro Hernán Prada:
el excongresista está en una condición sub júdice, porque está vinculado a un
proceso penal por soborno a testigos y el 15 de mayo afrontará la primera
sesión del juicio al que lo llamó la Corte Suprema de Justicia. Es decir, antes
de que se inicie el juicio, Prada firma una ponencia viciada, impúdica y a todas
luces ilegítima por venir de un consejero que, de acuerdo con el material
probatorio que circula en las redes y medios de comunicación, participó, junto
a Uribe y Cadena, de la comisión de los graves delitos de soborno a testigos.
Entonces, en este punto salen los defensores a ultranza de la "presunción de inocencia" para intentar quitarle al nombramiento de Prada en el CNE ese carácter burlesco con el cual el uribismo siempre miró a la justicia que los investiga y procesa.
La condición sub júdice que pesa
sobre el excongresista vicia política, moral y éticamente cualquier actuación
que en el marco de su ejercicio como consejero pueda tomar. Y en particular
cuando el país sabe que Prada es un simple mandadero del expresidente Álvaro Uribe
Vélez. El lío judicial en el que está Prada es el mismo en el que están el
expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez y el aboganster de este último,
Diego Cadena, quien ya está afrontando un juicio por fraude procesal y soborno
a testigos. Como el país sabe, el juicio contra el caballista y latifundista
antioqueño empezará el 17 de mayo.
En el ejercicio de la democracia
y más dentro de un sistema presidencialista como el nuestro, opera un sistema
de pesos y contrapesos que, con la máxima legitimidad social y política de sus
instituciones, controla al jefe del Estado para que este no termine, con sus
decisiones y actuaciones, sometiendo a los otros dos poderes públicos. Lo curioso es que el CNE viene operando como
una perversa entidad de contrapeso al poder político y administrativo de los
presidentes de la República, cuando un sector poderoso siente afectados sus
intereses clientelistas o reducidas las cuotas burocráticas que solía recibir
en el marco de los siempre cuestionados “acuerdos programáticos y políticos”
entre quienes ganan las elecciones y los perdedores.
La derecha uribizada sostiene de tiempo atrás que defiende a dentelladas las instituciones y la institucionalidad derivada de la operación
diaria de aquellas. Con el caso de Prada convendría tener algo de coherencia política al momento de
poner en instituciones como el CNE a excongresistas que han violado la ley y están adportas de enfrentar un juicio. Eso es vergonzoso y le resta legitimidad a la
entidad electoral, que no es más que un reducto burocrático con el que se pagan
favores políticos. Prada fue premiado por Uribe Vélez entregándole un puesto en
el CNE, por haberlo acompañado en las actividades aquellas por las que ambos están
llamados a juicio.
Ahora se entiende qué significa cuando la derecha uribizada dice "defender la institucionalidad". Lo que realmente defienden sus militantes es el derecho a burlarse de los jueces y a reducir la operación de las instituciones a sus siempre mezquinos intereses políticos y económicos.
Adenda: la reacción del presidente Petro en contra de la decisión de los dos consejeros se comprende por el asedio del que es víctima su gobierno y él mismo como persona, de parte del régimen uribizado. Lo están acorralando para hacerlo aparecer como un déspota que desconoce los pesos y contra pesos de la democracia, así estos devengan contaminados de intereses politiqueros como es el caso de la operación del CNE. El jefe del Estado debe calmarse. De ser acogida la ponencia liderada por el inefable Álvaro Hernán Prada, esta irá a la también cuestionada e inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
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