Por Germán
Ayala Osorio
La compra del
software Pegasus confirma que los límites entre lo legal e ilegal se borraron
por completo. Estamos ante una práctica naturalizada en Colombia desde hace marras
y es, en sí misma, una marca cultural y política con la que se identifica al
uribismo. Hay pruebas suficientes de que ese sector de poder político y económico volvió la desaparición de las fronteras entre lo legal y lo ilegal en su
distintivo moral y manera de asumir el ejercicio de la política. Baste con
recordar los hechos de la parapolítica, el ingreso subrepticio de alias Job a
la Casa de Nari y las chuzadas del DAS a los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia de entonces, entre otros hechos públicos.
La adquisición
de la maliciosa herramienta de espionaje es legal en tanto que de la
transacción participaron el Estado colombiano, representado por el gobierno de
Iván Duque Márquez y la empresa NSO Group. Es decir, la transacción tuvo y
tiene visos de legalidad, aunque su inspiración esté asociada a pérfidos objetivos
políticos y a asuntos de seguridad nacional manejados bajo los viejos criterios
de la política de seguridad democrática en los que se recrea la existencia de
un “enemigo interno” capaz de poner en riesgo la operación del Estado; el componente
ilegal estaría representado en el origen de los millones de dólares en efectivo
que recogieron en un hangar de la Policía Antinarcóticos de Bogotá. De igual
manera, lo ilegal se pondría de presente a través del uso criminal del software,
esto es, chuzar la campaña Petro presidente y los perfilamientos, seguimientos
y violaciones a los DDHH que se habrían cometido contra jóvenes y líderes de la
llamada Primera Línea, convertidos en objetivos militares del Gobierno Duque
durante el estallido social.
El caso Pegasus supera
las dimensiones éticas, morales, políticas, institucionales y culturales del Proceso
8.000, lo que debería de convertirlo en un gran suceso mediático y político. Por
tratarse de un hecho social y político con raíces en un sector de la derecha,
le corresponde a la fiscalía general de la Nación asumir sin ambages de ninguna
naturaleza las investigaciones y las imputaciones dado el desinterés de la
prensa tradicional que defiende al uribismo, de cubrir los hechos que el propio
jefe del Estado ha dado a conocer a través de alocuciones y redes sociales.
Ante el silencio
de las empresas mediáticas que le hacen oposición política al gobierno Petro y
la intención manifiesta de no darle el carácter de escándalo a la compra y uso
criminal de Pegasus, le corresponde a la fiscalía asumir con rigor las
investigaciones para develar lo ocurrido. Los congresistas del Pacto Histórico,
con sus abogados, están en la obligación ético-política de denunciar a los responsables
de la compra, con el firme propósito de presionarlos para ver si el visible pacto
de silencio se revienta por la parte más débil. Y están obligados los congresistas
del partido de gobierno por una razón: Pegasus se habría usado para violar los
derechos humanos de jóvenes que participaron de las movilizaciones y las protestas
en el marco del estallido social. Y todos sabemos que en buena manera el triunfo
de Petro es fruto de ese entorno violento provocado por la respuesta violenta y
la mezquindad con la que Duque enfrentó semejante desafío.
El columnista, exdirector
del DAS y columnista de El Espectador sostiene que “de los once millones de
dólares transportados desde Bogotá a Israel está claro que sí fueron
consignados en un banco de ese país pues era imposible borrar la huella de
tanta cantidad en efectivo, que en ninguna parte del universo es platica de
bolsillo. Sin duda, lo que va a ser difícil de establecer, salvo que
algún “garganta profunda” se reviente, es de dónde salieron tantos dólares en
efectivo”.
Entre más rápido
actúen los abogados del Pacto Histórico y la fiscalía, el pacto de silencio se
irá resquebrajando hasta que aparezca el “garganta profunda” que señale a los responsables
de la compra y del uso criminal de Pegasus.
PEGASUS Y DUQUE - Búsqueda Imágenes
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