Por Germán Ayala Osorio
La periodista Victoria Eugenia Dávila
de Gnecco acaba de ser demandada por el Orlando José Serpa Teherán por varios
delitos. La acción judicial se conoció a través de una noticia criminal
publicada por la fiscalía general de la Nación, lo que constituye un hecho noticioso,
jurídico y político que puede terminar catapultando la aspiración presidencial
de la directora de Semana o, por el contrario, sepultándola ante una decisión
judicial inobjetable que frene las intenciones de los clanes que la quieren
poner en la Casa de Nariño.
Como era de esperarse, la
periodista de inmediato se victimiza alegando una persecución política que,
aunque no existe, le sirve a la derecha y a ella misma para insistir en la
narrativa que indica que Petro es un dictador igual a Maduro y que como ya lo indicó
la propia comunicadora, “la fiscal de bolsillo estaría cumpliendo órdenes al
presidente de la República”. Sin duda alguna, un señalamiento temerario de
parte de la periodista que en varias ocasiones ha exigido respeto a las
instituciones y a la institucionalidad.
Dávila olvida que ante cualquier
demanda penal la Fiscalía está obligada, dentro de sus procedimientos reglados,
informar a través de una noticia criminal de la apertura de un proceso
judicial. De manera maliciosa, la periodista convierte esa acción informativa
de la FGN en una acción política en su contra, orquestada por la fiscal general,
Luz Adriana Camargo.
El expresidente y expresidiario,
Álvaro Uribe Vélez salió a respaldar a una de sus más fervientes escuderas,
aludiendo, justamente al sentido de esa narrativa con la que se insiste en igualar
a Petro con el inefable Nicolas Maduro Moros.
Ya varios medios se manifestaron
en ese sentido. Vanguardia, por ejemplo, sostiene que “las redes sociales
están volcadas a un intenso debate sobre la posible persecución del Gobierno a
la prensa en Colombia. La discusión fue iniciada por la directora de la Revista
Semana, Vicky Dávila, después de que la Fiscalía General le notificara la apertura
de una noticia criminal por hechos aún sin precisar”.
Entre tanto, EL TIEMPO, periódico
que le hace fuerte oposición política a Petro, reproduce lo dicho por Semana: “Dávila
había subrayado en sus redes sociales que la denuncia estaba ligada a los
'petrovideos', grabaciones destapadas en medios de comunicación en las que se
ven, previo a las votaciones, reuniones de miembros de la campaña de Gustavo
Petro a la Presidencia de 2022 en las que hablan de jugadas políticas contra
sus contendores. Según Semana, la denuncia fue radicada el pasado 24 de
septiembre, a las 8:02 p. m., por Orlando José Serpa Teherán. "En el
escrito le da estatus de 'indiciada' a la periodista y solicita que la
investiguen por 'interceptaciones ilegales, concierto para delinquir, espionaje
ilegal, traición a la patria, y los demás que resulten de la investigación'”.
Mientras ese proceso judicial
avanza, le corresponde al gobierno Petro entregar todas las pruebas que tenga
en sus manos para dilucidar todo lo que confluye en la compra de Pegasus, el malicioso software
que adquirió el gobierno uribista de Iván Duque y el uso delictivo de esa
herramienta para espiar a Petro y a su campaña presidencial y a los jóvenes que
participaron en el estallido social.
Sacar a Vicky Dávila de la
contienda electoral por vía judicial siempre se leerá como un acto político
enmarcado en la fuerte oposición que la periodista le viene haciendo al gobierno
Petro desde la revista Semana, convertida por la vallecaucana en una plataforma
ideologizada desde donde se ataca al presidente y a su familia, se minimizan
los logros de su administración y se insiste en generar miedo, incertidumbre y
rabia en las audiencias en contra del petrismo.
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