Por Germán Ayala Osorio
La denuncia de una “ruptura institucional”
que el presidente Gustavo Petro hizo en su cuenta de X se da por un cúmulo de
hechos políticos y de narrativas que bien vale la pena recopilar, para dimensionar
la gravedad de lo expresado por el jefe del Estado.
Con el triunfo político, social y
electoral de la izquierda en 2022, el Establecimiento colombiano se resintió en
sus estructuras más godas, anacrónicas, mafiosas y violentas. De las grietas que
dejó el remezón en las correlaciones de fuerza, brotaron serias incertidumbres
y malestares en agentes económicos y políticos que, acostumbrados a tomar
decisiones y a presionar otras, desde sus mezquinos intereses, asumieron a Gustavo
Petro como el enemigo a vencer, de la única manera que les queda: defenestrarlo.
En todo este entramado de golpe
blando, la “ruptura institucional” de la que habla Petro, los medios de
comunicación tradicional vienen jugando un papel clave: desinforman, generan
pánico económico, ocultan logros del Gobierno y exageran errores, haciéndole
creer a las audiencias que el país va hacia un abismo. Otra manera de colaborar
es abrir los micrófonos y las páginas de opinión para que, desde esas tribunas,
leídas en exclusivos clubes, opinen los enemigos del presidente y de todo lo que huela
a izquierda y progresismo.
En su momento, Luigi Echeverry y
Alberto Carrasquilla dejaron ver su animadversión. En el diario económico La
República, Echeverry escribió lo siguiente: “¡un presidente puede estar
enfermo de la cabeza, pero más enfermo está el país que a sabiendas, lo elige!
La problemática de Colombia se agravó con la conducta mafiosa que
caracteriza al populismo aliado al narcoterrorismo, ese es un grave
problema. Pero cuando un líder revolucionario destructor de valor llega al
poder, es porque la que está enferma y narcotizada es nuestra sociedad y al que
tenemos que curar de las consecuencias de conductas de insensibilidad,
indiferencia y corrupción, es al país”.
Si se mira con atención, el discurso
del perfumado oligarca se parece mucho al del fiscal Barbosa, quien pregona por
el mundo que “él no es opositor de Petro, sino que se opone al
narcotráfico y a las mafias”. En esa misma dirección habló el
expresidente Pastrana, marginal agente político que la ultraderecha usa para consolidar
lo que Petro llama la “ruptura institucional”.
Entre tanto, Carrasquilla dijo en
La W de Julio Sánchez Cristo, que “el gobierno está pasando aceite,
porque ya se acabó”. Es decir, de manera temprana el economista
neoliberal y uribista dio por terminado el periodo presidencial, por la
incapacidad del presidente de guiar los destinos de Colombia, de acuerdo con su
interesado parecer.
Sacar del cargo a Petro deviene
en un objetivo estratégico de ese grupo poderoso de agentes económicos y
políticos que no acepta que un “guerrillero comunista” los gobierne. Acostumbrados
a dar órdenes desde un escritorio, la consecución de ese objetivo debe darse
aparentemente dentro de la constitución y la ley.
Cuando Petro habla de una “ruptura
institucional” alude a las maniobras y acciones de persecución política emprendidas
desde la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de la ficha del clan Char
en el Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco. Las sanciones al canciller
Leyva Durán y al director de la SAE, Daniel Rojas dan cuenta de las
pretensiones desestabilizadoras de Cabello Blanco. Las decisiones administrativas
de la funcionaria parecen ir en defensa de los intereses de actores políticos y
económicos asociados al negocio de los pasaportes y al manejo irregular y
mafioso que se venía dando de los bienes administrados por la SAE, históricamente
manejados con criterios politiqueros, clientelistas y mafiosos. Así las cosas,
las actuaciones disciplinantes de la jefa del Ministerio Público estarían
motivadas por presiones aceptadas de grupos de poder, legales e ilegales.
Mientras que Cabello Blanco actúa,
al compás lo viene haciendo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa
quien convirtió a la Fiscalía en un partido político y en plataforma electoral,
lo que le permitió erigirse como un precoz candidato de la ultraderecha para
las elecciones de 2026. Gremios económicos como Fenalco y Andi apoyan al
vocinglero funcionario que este 12 de febrero deja el cargo de fiscal general
con una gestión negativa en materia de investigaciones y procesos penales concluidos.
Con un 94% de impunidad en los casos de corrupción público-privada, Barbosa
bien podría ser el “tigre” que Uribe presentará totalmente amaestrado a las elecciones
de 2026.
Al respecto, Petro señaló en su
trino que “la respuesta desesperada será no solo suspender el canciller
de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al
superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido
Colombia Humana. La fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha
hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el
pueblo no les otorgó”
Entre tanto, a la fuerza desestabilizadora
y desinstitucionalizante de Cabello y Barbosa se sumó el silencio cómplice de los
magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que nunca llamaron la
atención del fiscal Barbosa, por sus intervenciones en política, en particular
por los agrios enfrentamientos públicos con el jefe del Estado.
Mientras desde la Procuraduría y
la Fiscalía se ataca al jefe del Estado, desde la Corte Constitucional se
frenan decisiones de política pública encaminadas a resolver de una vez por todas
los ECI (Estados de Cosas Inconstitucionales) que se expresan de tiempo atrás
en La Guajira. El 8 de febrero la Corte Suprema de Justicia en pleno podrá
deslindarse de la Ruptura Institucional de la que habla el presidente en relación
con la elección de la nueva fiscal general, de una terna de lujo. Al respecto,
Petro señala en su denuncia que “esta ruptura institucional ha llegado
al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones
enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna
de mujeres decentes”.
Lo expresado por Petro mete más
presión a los togados y togadas del alto tribunal, en particular a los 13 que
votaron en blanco, cuando votar en esa dirección se lee como un tardío rechazo
a las calidades de las ternadas, cuyas hojas de vida ya han sido estudiadas por
los magistrados y magistradas.
El proyecto político de la
ultraderecha, consistente en sacar a Petro del poder, termina con el juicio
político que ya anunció el exguerrillero del M-19 y excompañero de Petro,
Carlos Alonso Lucio. Esta veleta ideológica fijó para el 12 de junio el juicio político contra Petro, orquestado desde la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes. En plenaria del Senado se fijaría
la salida del cargo del jefe del Estado.
Lo mejor que puede hacer el
presidente de la República es cumplir con la promesa de campaña, consistente en
convocar una comisión internacional contra la corrupción, con el apoyo de la
ONU. La misma que actuó en Guatemala, liderada por el hoy ministro de la Defensa,
Iván Velásquez Gómez.
Ni siquiera en los tiempos de
Samper Pizano se buscó un quiebre o una ruptura institucional por la probada financiación de su campaña electoral con dineros del Cartel de Cali. En
esta ocasión el quiebre institucional que se propone desde las entrañas del
Estado está motivado por los resquemores hacia el primer presidente de izquierda
que gobierna un país manejado por una derecha que no quiere soltar privilegios
y mucho menos entregar el Estado para que desde sus instituciones se dé cumplimiento
a los mandatos de la Carta Política de 1991. Por el contrario, esa misma derecha sueña con regresarnos a los principios de la Constitución de 1886, la misma que les facilitó la captura mafiosa del Estado.
Imagen tomada de Semana.com
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