Por Germán Ayala Osorio
No hay frase más manida que
aquella a la que suelen apelar quienes a pesar de las evidencias de la captura privada
y mafiosa de las instituciones estatales, insisten en que “hay que respetar
la institucionalidad”. Lo acaba de hacer el presidente del Senado, Iván
Name, quien además se declaró “sorprendido” por el llamado a la movilización
social que hizo el presidente de la República.
El quiebre o la ruptura institucional
a la que alude el jefe del Estado debería de convocar tanto al Congreso, como a
los agentes económicos y políticos que por largo tiempo han manejado, con
criterios politiqueros, el control sobre el Ministerio Público, la Contraloría
General de la República con sede en Bogotá y las sucursales departamentales y municipales.
Entonces, aparecen los clanes y las familias de políticos tradicionales como
los Char, Name y Gnecco, para nombrar solo a los que hoy sostienen un enfrentamiento
político con el presidente de la República.
Listaré algunas de las maneras
tradicionales con las que suele afectarse eso que llaman la institucionalidad:
la entrega de puestos corbatas (lo hacen todos los gobiernos), el clientelismo,
la contratación a dedo; la entrega de secretarías y ministerios a partidos políticos
o políticos profesionales. En general, el pago de favores electorales con
puestos y recursos económicos.
También aparecen los contratos
millonarios a particulares que financian las campañas políticas. Esas “inversiones”
de los reconocidos mecenas son el foco de corrupción y captura privada del Estado.
Y pasa en todos los gobiernos. En todos. ¿Entonces, de qué tipo de respeto a la
institucionalidad estamos hablando? ¿De aquel que valida la corrupción
público-privada en cabeza de algunas familias poderosas que ven comprometidas
sus ganancias por las acciones emprendidas en su contra por el gobierno de
Petro?
Julio César Londoño, reconocido
escritor y columnista, sostiene que “este gobierno no nos sacará del foso
(tiene dos siglos de profundidad) pero los cambios propuestos -las reformas, la
descarbonización, el proyecto hídrico, la justicia legal y la justicia social- tienen
que ser políticas de Estado si queremos ser un país viable algún día”.
Londoño alude a un asunto que
supera en importancia a aquello que llaman la “institucionalidad” y el consabido
respeto que debemos tenerle todos. Ese asunto es el Estado. No existe una única
concepción de Estado entre la dirigencia política y empresarial, justamente
porque históricamente a sus miembros jamás les interesó pensar desde la perspectiva
colectiva que acompaña y le da sentido al concepto de Estado y con este, a políticas
públicas de Estado. Por el contrario, lo que les gusta es que cada cuatro años
se diseñen e implementen políticas de gobierno que sirvan a efímeros intereses
o, unas de Estado, que aseguren la compra de votos y la naturalización de la pobreza.
Daré dos ejemplos. 1. Iván Duque
Márquez, siendo presidente de la República, diseñó la política pública de gobierno,
llamada Paz con Legalidad para atacar la política de paz de Estado que nació de
la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. En lugar de dar curso a la política
de paz estatal, para lograr una efectiva implementación de lo acordado entre el
Estado y las Farc-Ep, Duque la atacó usando la institucionalidad presidencial y
comprometiendo las de otras entidades públicas. ¿De qué respeto a la institucionalidad estamos
hablando?
2. Familias en Acción, desde el gobierno
de Andrés Pastrana, se convirtió en una política pública de Estado de corte asistencialista
y de uso electoral por sucesivos gobiernos. La idea con esa política es
garantizar unos votos de la población beneficiada. Además, naturalizan y extienden
en el tiempo las condiciones de la pobreza y marginalidad, porque la aplicación
de políticas como Familias en Acción termina en lo que se conoce como las “trampas
de la pobreza”, que no es más que el aseguramiento de que los pobres y sus
descendientes seguirán siendo pobres.
Sería bueno que estos momentos de
crispación sirvan para que el gobierno de Petro y quienes quieren sacarlo a
sombrerazos de la Casa de Nariño se sienten para acordar qué tipo de Estado
necesita este país y qué institucionalidad deberá derivarse de la operación de
un Estado responsable y legítimo que cumpla con lo prescrito en la Constitución
de 1991. Hasta tanto no se dé lo anterior, hablar de “respeto a la institucionalidad”
constituye una bobada y una narrativa insulsa que no deja ver con claridad el
gran problema que tenemos como sociedad: somos mafiosos y corruptos.
Adenda: no es convocando a una masiva movilización social, que bien puede terminar en actos de violencia, como vamos a superar nuestras diferencias y
mucho menos, para dejar de ser corruptos y mafiosos.
Imagen tomada de EL TIEMPO.com
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