sábado, 3 de febrero de 2024

DE RUPTURAS Y RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

 

No hay frase más manida que aquella a la que suelen apelar quienes a pesar de las evidencias de la captura privada y mafiosa de las instituciones estatales, insisten en que “hay que respetar la institucionalidad”. Lo acaba de hacer el presidente del Senado, Iván Name, quien además se declaró “sorprendido” por el llamado a la movilización social que hizo el presidente de la República.

El quiebre o la ruptura institucional a la que alude el jefe del Estado debería de convocar tanto al Congreso, como a los agentes económicos y políticos que por largo tiempo han manejado, con criterios politiqueros, el control sobre el Ministerio Público, la Contraloría General de la República con sede en Bogotá y las sucursales departamentales y municipales. Entonces, aparecen los clanes y las familias de políticos tradicionales como los Char, Name y Gnecco, para nombrar solo a los que hoy sostienen un enfrentamiento político con el presidente de la República.

Listaré algunas de las maneras tradicionales con las que suele afectarse eso que llaman la institucionalidad: la entrega de puestos corbatas (lo hacen todos los gobiernos), el clientelismo, la contratación a dedo; la entrega de secretarías y ministerios a partidos políticos o políticos profesionales. En general, el pago de favores electorales con puestos y recursos económicos.

También aparecen los contratos millonarios a particulares que financian las campañas políticas. Esas “inversiones” de los reconocidos mecenas son el foco de corrupción y captura privada del Estado. Y pasa en todos los gobiernos. En todos. ¿Entonces, de qué tipo de respeto a la institucionalidad estamos hablando? ¿De aquel que valida la corrupción público-privada en cabeza de algunas familias poderosas que ven comprometidas sus ganancias por las acciones emprendidas en su contra por el gobierno de Petro?

Julio César Londoño, reconocido escritor y columnista, sostiene que “este gobierno no nos sacará del foso (tiene dos siglos de profundidad) pero los cambios propuestos -las reformas, la descarbonización, el proyecto hídrico, la justicia legal y la justicia social- tienen que ser políticas de Estado si queremos ser un país viable algún día”.

Londoño alude a un asunto que supera en importancia a aquello que llaman la “institucionalidad” y el consabido respeto que debemos tenerle todos. Ese asunto es el Estado. No existe una única concepción de Estado entre la dirigencia política y empresarial, justamente porque históricamente a sus miembros jamás les interesó pensar desde la perspectiva colectiva que acompaña y le da sentido al concepto de Estado y con este, a políticas públicas de Estado. Por el contrario, lo que les gusta es que cada cuatro años se diseñen e implementen políticas de gobierno que sirvan a efímeros intereses o, unas de Estado, que aseguren la compra de votos y la naturalización de la pobreza.

Daré dos ejemplos. 1. Iván Duque Márquez, siendo presidente de la República, diseñó la política pública de gobierno, llamada Paz con Legalidad para atacar la política de paz de Estado que nació de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. En lugar de dar curso a la política de paz estatal, para lograr una efectiva implementación de lo acordado entre el Estado y las Farc-Ep, Duque la atacó usando la institucionalidad presidencial y comprometiendo las de otras entidades públicas.  ¿De qué respeto a la institucionalidad estamos hablando?

2. Familias en Acción, desde el gobierno de Andrés Pastrana, se convirtió en una política pública de Estado de corte asistencialista y de uso electoral por sucesivos gobiernos. La idea con esa política es garantizar unos votos de la población beneficiada. Además, naturalizan y extienden en el tiempo las condiciones de la pobreza y marginalidad, porque la aplicación de políticas como Familias en Acción termina en lo que se conoce como las “trampas de la pobreza”, que no es más que el aseguramiento de que los pobres y sus descendientes seguirán siendo pobres.

Sería bueno que estos momentos de crispación sirvan para que el gobierno de Petro y quienes quieren sacarlo a sombrerazos de la Casa de Nariño se sienten para acordar qué tipo de Estado necesita este país y qué institucionalidad deberá derivarse de la operación de un Estado responsable y legítimo que cumpla con lo prescrito en la Constitución de 1991. Hasta tanto no se dé lo anterior, hablar de “respeto a la institucionalidad” constituye una bobada y una narrativa insulsa que no deja ver con claridad el gran problema que tenemos como sociedad: somos mafiosos y corruptos.

 Adenda: no es convocando a una masiva movilización social, que bien puede terminar en actos de violencia, como vamos a superar nuestras diferencias y mucho menos, para dejar de ser corruptos y mafiosos.



Imagen tomada de EL TIEMPO.com 

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