Por Germán Ayala Osorio
El caso Pegasus sirve académica,
periodística y políticamente para confirmar tres hechos irrefutables: el
primero, que los criterios de noticia no son universales; el segundo, que la
autocensura es quizás uno de las peores prácticas de los periodistas y las
empresas mediáticas; y el tercero, que el Estado, bajo la administración de
Iván Duque Márquez, usó el malicioso software para espiar a la campaña de Petro
y a quienes desde sectores sociales y políticos legitimaron las movilizaciones
y las protestas en el contexto del estallido social.
Sobre el primer hecho hay que
decir que aquello de que los criterios de noticia son universales y que por lo tanto, todos los medios y periodistas están obligados a elevar al estatus de noticia a los hechos noticiables, es falso. Esa elección obedece a intereses corporativos y a decisiones ideologizadas. Es claro que a las empresas mediáticas que hoy le hacen oposición política al
gobierno Petro no les interesaba convertir en noticia y mucho menos en un
fenómeno noticioso y político la compra ya confirmada del instrumento informático
por parte del Gobierno de Duque. Las referencias que han hecho magazines como
La FM y Blu Radio sobre el espinoso asunto se explican por una razón natural: es
el presidente de la República quien impuso el tema en la agenda noticiosa,
circunstancia que los obligó aludir al tema con dos propósitos. El primero,
para negar la transacción y por esa vía ridiculizar al jefe del Estado. Lo hicieron
mientras el presidente Petro no expusiera un documento que así lo confirmara. Una
vez la empresa privada NSO Group confirmó la compra y venta del software y la
Revista Raya divulgara los vuelos que dejaron el instrumento informático y
recogieron en efectivo la millonaria suma de dinero que costó, esos mismos
medios se dieron a la tarea de desmentir los usos que según Petro le habrían
dado en el gobierno Duque al software: chuzar a su campaña y a los jóvenes
líderes de la Primera Línea. Al socarrón tratamiento se suma que a los
periodistas de La FM y Blu radio, de Néstor Morales, poco o no nada les llama
la atención que la compra legal de Pegasus se haya pagado en efectivo, dinero que
fue fletado en aviones israelíes.
En lo que respecta al segundo
hecho, la autocensura se configuró desde el primer momento en el que el jefe
del Estado en su alocución le advirtió al país y al mundo lo que había hecho el
gobierno Duque con la oposición: chuzarlos, espiarlos. El tratamiento
periodístico que La FM y Blu Radio, entre otros medios, le dieron al hecho
resulta emblemático porque confirma que la autocensura es tan real como la compra
de Pegasus. En un primer momento, la inefable “periodista” Darcy Quinn, de La
FM, en su sección de bochinches, dijo que Pegasus no existía. Una vez Petro
demostró lo contrario, entonces el director de La FM, el ultra uribista Juan Lozano
salió a reconocer que efectivamente la compra del malicioso software fue real, sin cuestionar que se usó para espiar a la campaña de Petro y mucho menos para afectar
a los líderes de la Primera Línea. Le
cabe razón a la gran periodista Cecilia Orozco, cuando dice que “hay una
norma infalible en periodismo de investigación: las tácticas de engaño siempre
son derrotadas por los hechos. Y estos, añado por mi parte, conducen a la
verdad sin importar el tamaño del operativo de distracción que se active. La
adquisición oscura del espía Pegasus (que roba los datos íntimos de cualquiera
sin que nadie se dé cuenta), y el fracaso del intento por ocultar su existencia
y uso en Colombia, constituyen una prueba de que, pese al escepticismo
generalizado, la realidad termina imponiéndose sobre la mentira”.
Eso sí, si se descubriera que el gobierno Petro chuza a sus opositores, los medios que hoy minimizan la importancia y la gravedad de lo ocurrido con Pegasus lo habrían convertido en un colosal escándalo superior al Proceso 8.000. Pero como se trata de agentes de la derecha, empresas mediáticas como La FM y Blu Radio, esta última dirigida por Néstor Morales, cuñado de Iván Duque están obligadas editorial, económica y políticamente a bajarle el tono al hecho noticioso que quisieron ocultar.
Y en lo concerniente al tercer y
último hecho fáctico, se espera que lo divulgado hasta el momento por la presidencia
de la República alcance una dimensión penal y política que esos mismos medios
uribizados intentarán bajarle el perfil noticioso. Quizás hagan lo contrario,
cuando sea la propia fiscalía general de la Nación la que emita noticia criminal
contra aquellos funcionarios aforados o no que participaron de la compra del software
malicioso.
El caso Pegasus nos regresa a los
tiempos de las chuzadas del DAS, perpetradas durante el gobierno de Álvaro
Uribe Vélez. De confirmarse el uso criminal de Pegasus y una vez la fiscalía
abra las investigaciones y requiera a exministros y exdirectores de la Policía
del gobierno de Duque, podremos hacer el comparativo entre los seguimientos y
los procesos de estigmatización, persecución y muertes acaecidas durante la
operación criminal del antiguo DAS y las acciones adelantadas con el malicioso
software. De igual manera servirá para ratificar que Duque Márquez fue el
títere de Uribe Vélez, el padre de la temida política de seguridad democrática.
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