Por Germán Ayala Osorio
En el marco de la COP16 vuelve a
plantearse la idea de que los países biodiversos como Colombia salden sus
deudas con el sistema financiero internacional a través de acciones climáticas que
coadyuven a minimizar los graves impactos que ya vienen dejando las pluricrisis (cambio
climático) que se registran tanto en el sur como en el norte global.
Intercambiar deuda por acciones climáticas tiene sus riesgos y de eso hablaré
en esta columna.
Toda propuesta económica o
ambiental que se haga desde América del Sur para paliar los efectos negativos
de la impagable deuda externa de países como Colombia, trae enormes riesgos
políticos y comunitarios. El presidente Petro le propuso al Norte opulento
negociar deuda externa por acciones climáticas. Esto es, cuidar las selvas
amazónicas y las del Chocó Biogeográfico, pulmones del mundo y ejes sobre los que gravita hoy el ya golpeado equilibrio climático del planeta.
En principio, nadie tendría por
qué oponerse a semejante propuesta tan audaz. Pero surgen varios interrogantes que se deben resolver antes de que el FMI y el Banco Mundial empiecen a
discutir la viabilidad de la propuesta y la creación de otro mecanismo de
dominación igual o más poderoso que aquel que obliga a países como Colombia a
pagar los intereses que genera su creciente deuda externa. No podemos ser
ingenuos: que al presidente de los Estados Unidos le suene la propuesta de
Petro y con ese aval, los organismos multilaterales de crédito asuman su
estudio no significa que las relaciones de dominación Norte-Sur llegarán a su
fin. No. Por el contrario, afinarán las formas, instrumentos o mecanismos de
dominación y de expoliación.
Cuidar nuestras selvas para beneficio de la humanidad suena loable y responsable desde una ética ecológica fundada en valores como la corresponsabilidad política, lo que nos obligaría a cuidar la vida en todas sus manifestaciones en beneficio de la biodiversidad, lo que minimizaría los impactos del cambio climático. Ética ecológica que los países desarrollados jamás tuvieron como guía al momento de aplicar sus políticas extractivas y de máximo aprovechamiento de los recursos del suelo y el subsuelo. Incluso, cuando de apoyar el modelo de la gran plantación en países de América Latina se trató.
Expongo a continuación algunas
preguntas que habría que hacerse como país amazónico y biodiverso. ¿Qué pasará
con la soberanía nacional en cuanto al aprovechamiento racional de los recursos
que guarda ese ecosistema boscoso? ¿Qué piensan las comunidades ancestrales que
durante años y años han cuidado el Amazonas y las selvas del Chocó
Biogeográfico de continuar cumpliendo con esa acción climática, atada a su
cosmovisión? ¿Qué derechos se otorgarían a organismos como el FMI y BM y a su
principal agente político y económico, los Estados Unidos, cuando se diseñen
los mecanismos para cambiar deuda externa con acciones climáticas? ¿De qué tipo
de acciones climáticas estamos hablando? ¿Cuidar, conservar o restaurar? Y si
los Estados Unidos y otras potencias económicas proponen acciones de
aprovechamiento racional de los recursos genéticos que ofrece las selvas colombianas,
¿qué papel jugarían la academia, las multinacionales farmacéuticas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y todos los organismos que hacen parte del Sistema Nacional
Ambiental (SINA)? ¿Y si las comunidades ancestrales se oponen, cuál sería la
reacción de dichos organismos financieros? ¿A la biopiratería, legal e ilegal,
se le pondrán límites?
Como es de público conocimiento, en los territorios amazónicos y del Chocó Biogeográfico hacen presencia narcotraficantes, elenos y disidencias de las Farc. Estas últimas dedicadas recientemente a la ganadería extensiva; de igual manera, empresas nacionales y extranjeras que explotan oro y coltán, así como agentes agroindustriales interesados en instalar monocultivos de caña de azúcar y palma africana. ¿Acaso la ONU estaría dispuesta a intervenir en esas regiones con una fuerza armada (cascos verdes) con capacidad para neutralizar a esos agentes ilegales y de negociar con los actores legales que de todas maneras aportan a la degradación de esos complejos ecosistemas boscosos? La operación criminal de actores armados es un factor que claramente se opone a cambiar deuda externa por acciones climáticas.
Mientras la propuesta es pensada
y madurada a la sazón de los intereses de los países responsables de las crisis
climáticas que hoy confluyen en lo que se conoce como Cambio Climático, la
sociedad colombiana debe seguir en el proceso de reconocer la importancia de
contar con los pueblos indígenas y afros como protectores naturales de la
biodiversidad y agentes de acciones climáticas responsables.
Las altas cortes, junto con los aportes de los ambientalistas, deben adelantarse a la discusión de cuáles serán esas acciones climáticas a las que nos vamos a comprometer como Estado, cuando el FMI y el BM acepten la propuesta del presidente Petro y la pongan en marcha. Una pregunta final: si se aprueban los mecanismos de reducción del pago de la deuda externa, ¿qué pasará con esos dineros que juiciosamente se separan para abonar al pago de intereses de dicha deuda? Esta pregunta es clave por los altos niveles de corrupción público-privada en Colombia, uno de los países más corruptos del mundo.
Adenda: en el pasado multinacionales como Chiquita Brands patrocinaron a los grupos paramilitares para que estos les quitaran las tierras a los campesinos. ¿Aparecerán otras empresas de ese tipo con el objetivo de cooptar a las comunidades ancestrales para aprovecharse de los recursos genéticos que aún se conservan en nuestras selvas?
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