Por Germán Ayala Osorio
Los miembros más visibles y representativos
del Secretariado de las extintas Farc-Ep por fin aceptaron – después de años de
negarlo- que reclutaron de manera forzada a 18.677 menores de edad, entre niñ@s
y adolescentes; cientos de niñas sometidas a formas de violencia sexual y convertidas
en “juguetes” sexuales de los comandantes guerrilleros; fruto de esas violaciones, varias de ellas quedaron en embarazo y fueron obligadas a abortar.
En una misiva dirigida a la JEP, Rodrigo
Londoño Echeverry, conocido como ‘Timochenko’, Pastor Alape Lascarro, Julián
Gallo Cubillos (alias Carlos Antonio Losada), Milton de Jesús Toncel Redondo,
Pablo Catatumbo Torres, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez
reconocieron el reclutamiento forzoso y en video expresaron que están dispuestos
a pedirles perdón a las familias de las niñas, niños y adolescentes sometidos a
toda suerte de vejámenes al interior de la organización criminal.
La JEP identificó por lo menos cinco
patrones criminales: reclutamiento y utilización de menores, malos tratos y
homicidios dentro de las filas, violencia reproductiva, violencia sexual y
delitos motivados por prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de
género. A pesar de la gravedad de los delitos cometidos, los máximos
responsables no serán condenados: recibirán sanciones simbólicas diseñadas
dentro del modelo de justicia restaurativa, consignado en el Acuerdo
Final (2016) que puso fin a las hostilidades entre el Estado y esa organización
al margen de la ley.
En los próximos días el país
conocerá y verá las audiencias de petición de perdón a las víctimas. Unas dispuestas a
perdonarlos, otras dejando en las manos de Dios la suerte de los victimarios; y
otras, por supuesto, negándose a perdonar a quienes, envilecidos por las
lógicas y dinámicas de un degradado conflicto armado y guiados por las más primitivas
pulsiones de Machos cabríos, sometieron a esos 18.677 menores de edad a tratos crueles.
Una vez el país conoció del “arrepentimiento
y el reconocimiento” de las infames prácticas por parte de los excomandantes,
la prensa hegemónica activó el discurso moralizante con la frase “tocó
tragarse ese sapo”, con la que se indica que como sociedad debemos
aceptar que no pagarán ni un día de cárcel por los graves delitos. Dentro de
ese discurso moral aparece el epíteto más común con el que se suelen condenar
socialmente a quienes cometen delitos graves: “monstruos” muy seguramente espetan
quienes necesitan “bestializarlos” para sentir algo de alivio en su dolor como víctimas
directas de los “Señores” de las Farc-Ep.
No suelo usar ese tipo de
adjetivos para calificar o descalificar a quienes cometen ese tipo de delitos e
incluso, homicidios o prácticas genocidas como las de Israel contra el pueblo
palestino. Esos comportamientos hacen parte de la aviesa condición humana de la
que se puede esperar lo peor o lo más sublime. De un mundo masculino,
masculinizado y masculinizante se puede esperar siempre lo peor. Por lo anterior,
con llamarlos “criminales” es suficiente. Y en Colombia, visten de camuflado, andan
perfumados, y a varios los vemos a diario en la televisión de saco y corbata.
Los políticos y periodistas de la derecha, en pleno escenario electoral, aprovechan la ocasión para asociar los crímenes perpetrados por los comandantes farianos con la izquierda como espectro ideológico. Por supuesto que la asociación resulta perversa cuando los políticos y periodistas que la hacen guardan silencio frente a las violaciones de niñas y adolescentes en la isla de Jeffrey Epstein de las que participaron, de acuerdo con los archivos desclasificados por la justicia de los Estados Unidos, Donald Trump, miembros de la realeza británica y multimillonarios. Esa misma actitud complaciente la asumen en favor de los curas pederastas denunciados por Casa Macondo. Igual sucede cuando “hombres públicos” (expresidentes, políticos y empresarios) resultan sindicados de disímiles formas de violencia, sexual, verbal y física, contra mujeres y menores de edad. ¿Quiénes deben perdonarlos? ¿Únicamente las familias de los y las menores reclutadas y violentadas o el resto de los colombianos?
Nota: imagen de Colprensa. Tomada de Infobae.
No hay comentarios:
Publicar un comentario