Por Germán Ayala
Osorio
La aceptación de Salvatore
Mancuso Gómez en la JEP constituye un hecho jurídico-político que permitirá
determinar la responsabilidad del Estado en la comisión de crímenes de lesa
humanidad (falsos positivos) y la que le corresponderá dilucidar a los
magistrados en lo que corresponde al rol jugado por Álvaro Uribe Vélez, en particular,
frente a la masacre del Aro.
Mancuso Gómez, como agente estatal
de facto, participó del largo proceso de consolidación del Estado colombiano
como un orden criminal, un asesino serial, que debe ser sentado en el banquillo
de los acusados, tal y como lo solicitó Álvaro Leyva Durán en agosto de este
año. El hoy canciller propuso a la JEP que abriera el macrocaso de la
responsabilidad del Estado. Aunque la JEP no atendió la solicitud elevada por
Leyva, con la aceptación de Mancuso como agente bisagra entre los paramilitares
y el Ejército nacional, prácticamente se dan puntadas para que se abra el
macrocaso o simplemente, para que la responsabilidad del Estado colombiano por
los falsos positivos haga parte de narrativas jurídicas en los tribunales
nacionales e internacionales, lo que muy seguramente conllevará a más sanciones
morales y políticas, de acuerdo con fallos que en adelante entregue, por
ejemplo, la CIDH.
Dentro de lo expresado y
confesado por Mancuso ante la JEP se destaca que “Uribe Vélez todo el tiempo
estuvo al tanto de la ocurrencia de la masacre del Aro” en su calidad de
gobernador de Antioquia. El señalamiento, temerario o no, cierto o no, ubica al
expresidente Uribe, sin que así lo haya dicho la JEP, como un actor bisagra
institucional entre el poder de un gobernador y los paramilitares.
Mientras que a Mancuso la JEP lo
reconoce como un “agente estatal de facto” y bisagra entre la fuerza pública y
los paramilitares, el mismo alto tribunal, al validar y confrontar lo dicho por
el exjefe paramilitar y compareciente, expone a Uribe Vélez como un “agente
político estatal y bisagra institucional” entre el Estado, en su calidad de
gobernador de Antioquia y posteriormente como presidente de la República, y las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de acuerdo con el apoyo electoral que el
mismo Mancuso y otros paramilitares reconocieron que le entregaron a la campaña
Uribe presidente y por captura de por lo menos el 35% del Congreso que lograron
las AUC.
Estamos, pues, ante dos actores
bisagras que, en momentos muy precisos de la historia del país impulsaron,
aceptaron y cohonestaron con las conductas criminales de militares y
paramilitares, que terminaron con el asesinato de por lo menos 6402 jóvenes,
conocidos mediáticamente como falsos positivos. Si la JEP consolida una
narrativa judicial o jurídica con la que sea posible probar la responsabilidad
de Uribe Vélez en la comisión de la masacre del Aro, tal y como lo incrimina
Mancuso Gómez y con ese mismo discurso, probar que las ejecuciones
extrajudiciales perpetradas entre paras y militares hicieron parte de una
política institucional, tanto Uribe como Mancuso compartirían el mismo rol de
agentes bisagras y el Estado colombiano tendría que terminar sentado en los
estrados judiciales y procesado como un orden criminal y un asesino serial.
Imagen tomada de Vorágine
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