Por Germán Ayala
Osorio
El regreso de Salvatore Mancuso Gómez,
después de purgar una larga condena en los Estados Unidos, despertó suspicacias
en las huestes uribistas que asocian la llegada del criminal paramilitar a un plan
del gobierno para atacar política y jurídicamente al expresidente antioqueño, Álvaro
Uribe Vélez. Después de publicada la misiva del Centro Democrático (CD) en la que
exponen sus miedos por la existencia de dicho plan, el expresidente Uribe propuso
que se abra la posibilidad de otorgar una especie de “amnistía política” para
aquellos agentes políticos ya condenados por delitos cometidos en el marco de
las dinámicas del conflicto armado interno.
Días antes de que se confirmara
la deportación al país de Mancuso, el partido Comunes envió una carta al
presidente Petro en la que proponen la conformación de un tribunal de cierre,
distinto al de la JEP. Consideran los comparecientes de las antiguas Farc-Ep,
que el espíritu con el que fue creada la jurisdicción especial de paz se perdió.
En concreto, los miembros del partido Comunes exigen que las sanciones morales
y políticas que se les aplicará por haber aceptado ser responsables de delitos
de lesa humanidad y de guerra, se las impongan cuanto antes; igualmente,
solicitan el cierre de todos aquellos procesos penales que siguen abiertos en la
Fiscalía que, al ser amnistiables, como el delito de rebelión, daría tranquilidad
jurídica a los excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz de La Habana.
Así entonces, la confluencia en
el tiempo del regreso de Salvatore Mancuso al país, la propuesta de los comparecientes
de las antiguas Farc de crear un tribunal de cierre distinto a la JEP y la propuesta
del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez de otorgar una especie de “amnistía
política” a los políticos condenados para que recuperen sus derechos políticos,
hace pensar que más que un plan macabro del gobierno, lo que se estaría
cocinando entre una parte importante del Establecimiento, el actual gobierno e
incluso, la misma JEP, es propiciar un
ambiente político y por esa misma vía, un consenso generalizado alrededor de la
necesidad de que los sectores sociales y políticos (empresarios, expresidentes
de la República, exalcaldes y exgobernadores, entre otros) que quedaron por fuera de la JEP,
gracias a que el triunfo del No en el plebiscito por la paz obligó a hacerle
ajustes al texto firmado entre el Estado y las Farc en Cuba, comparezcan ante la JEP y asuman responsabilidades políticas, mas no penales.
A todas luces resulta inconveniente
pensar en crear otro tribunal de cierre, por cuanto la JEP fue creada con esa
pretensión. Es decir, lo que habría que hacer es ajustar los tiempos del alto
tribunal de paz, lo que implica ir cerrando los macro casos y generando las sanciones
morales y políticas acordadas para aquellos comparecientes que aportaron
verdad, repararon a las víctimas y expresaron su compromiso de volver a delinquir.
Darle gusto al partido Comunes es abrir la posibilidad para que sectores de
poder, como el uribismo, empiecen a ambientar una “ley de punto final” que
beneficie política y jurídicamente al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe
Vélez y a los actores políticos y económicos, cercanos al exmandatario, que
patrocinaron el paramilitarismo en Colombia.
Por lo anterior, la llegada de
Mancuso Gómez y su aceptación en la JEP como “agente bisagra” por haber actuado
como un “General” de facto y mando de tropa constituye un riesgo político y
jurídico para Uribe y los sectores de poder tradicional que el
expresidente representa de tiempo atrás. Y es así, por los señalamientos que
Mancuso viene haciendo en torno a que el hijo ilustre de Salgar (Antioquia) siempre
estuvo al tanto de la ocurrencia de la masacre del Aro. Incluso, por la responsabilidad
que según Mancuso y otros, le cabe a Uribe por el crimen de José María Valle.
Todo lo anterior, en los tiempos en los que fungió como gobernador de Antioquia.
El gobierno de Petro no puede ambientar
la creación de otro tribunal de cierre, por cuanto eso sería ir en contravía de
lo acordado en La Habana, documento que no solo hace parte del bloque de constitucionalidad
nacional, sino que es reconocido por la ONU como un texto oficial que obliga al
Estado a dar cumplimiento al acuerdo de paz firmado en el 2016. De igual manera,
tampoco puede prestarse para que en el Congreso se tramite una ley de “amnistía
política” en el sentido en el que lo propuso Uribe Vélez.
El jefe del Estado debe esperar a
que la Corte Suprema de Justicia elija a la nueva fiscal general, para que sea
ella, quien acoja las peticiones del partido Comunes, en el sentido de cerrar
todos los procesos penales que aún se mantienen activos en contra de los
comparecientes de las Farc-Ep y que sean susceptibles de una amnistía generalizada.
De igual manera, la nueva fiscal deberá dar la directriz para que todos los
procesos que se llevan en contra del expresidente Uribe Vélez sean
desempolvados, para que, si hay lugar a ello, se acuse formalmente al
expresidente antioqueño por su aparente complicidad con las actividades
criminales desplegadas por las estructuras paramilitares.
No debe permitir el gobierno que sectores
de poder y la opinión pública asocien la idea de la Paz Total, con la búsqueda
de una “amnistía política” para alcanzar una mayor gobernabilidad, permitiendo
el regreso a la política electoral de operadores políticos, en su mayoría uribistas,
que cohonestaron con crímenes cometidos por los grupos paramilitares.
Imagen tomada de EL ESPECTADOR.com
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