Por Germán Ayala Osorio
En el engañoso y sofista debate
entre tecnócratas y políticos aparece la formación académica como un factor de
clase que sirve ideológicamente para descalificar los recientes nombramientos
del presidente Petro en el DPS, Planeación Nacional y en la UNGR.
Durante décadas la derecha
colombiana, compuesta por tecnócratas y políticos neoliberales, hizo que profesionales
de distintas áreas de formación universitaria asumieran ministerios y departamentos
administrativos sin tener experiencia alguna, pues bastaba con hacer parte de
cofradías políticas y académicas atadas a prestigiosas universidades privadas,
como el Externado, Javeriana y los Andes y por supuesto, a los sempiternos
partidos políticos convertidos en nidos clientelares y fieros negociadores de
cuotas burocráticas en todos los gobiernos.
La entrega de ministerios a cada
colectividad se hacía para que los puestos a proveer se entregaran a verdaderas
corbatas, esto es, a políticos inescrupulosos, parásitos y corruptos. Eso en la
minucia burocrática. Ya en el marco general de las políticas macroeconómicas, todos
los gobiernos de derecha le apuntaron a concentrar más la riqueza en pocas
manos, así como la tierra; acabar con la agricultura de subsistencia para
premiar el modelo de la gran plantación para monocultivos de caña de azúcar y
palma africana. Al final, por más de 30 años de gobiernos uribistas, la extrema
pobreza y la desigualdad crecieron exponencialmente.
Volvamos al tema de los perfiles
de los ministros. Alejandro Gaviria Uribe es ingeniero civil y fue ministro de
Salud durante todo el gobierno de Juan Manuel Santos. Además de defender a las
EPS y de evitar controlarlas en el manejo de las reservas técnicas, Gaviria es
responsable políticamente de los desastres financieros de varias de esas
entidades, convertidas en nidos de corrupción.
En ese tiempo la prensa que hoy
se sorprende por las designaciones del presidente de la República, jamás se
preguntó qué hacía un ingeniero civil en la cartera de salud. Ese hecho, hoy,
no cuenta para el grupo de periodistas afectos al “viejo” régimen que critica los
nombramientos de Petro, en particular el de Alexander López Maya en Planeación
Nacional porque es abogado y no economista. Si fuera egresado de los Andes y de
derecha, a lo mejor no generaría tanto rechazo.
Pasar por una universidad privada
o pública no es garantía de que sus egresados, una vez metidos en la política
electoral, exhiban un ejemplar comportamiento ético y moral. Como tampoco es garantía
de que serán excelentes profesionales. Por el contrario, hay abundantes casos
de egresados de prestigiosas universidades privadas que resultaron condenados
por actos de corrupción. Andrés Felipe Arias es un claro ejemplo: fue condenado
a 15 años por el manejo irregular de millonarios recursos del programa Agro
Ingreso Seguro es economista egresado de la Universidad de los Andes.
Le cabe razón a El Espectador cuando
dice en su editorial que “en últimas, un presidente tiene el derecho de armar
sus equipos como considere y es algo que, por cierto, han hecho todos los
mandatarios. Que alguien no tenga experiencia en el Estado no implica,
de por sí, que no pueda ser un buen ministro o director de entidad pública.
Los “técnicos” que llevan mucho tiempo en el poder (y aquí no nos estamos
refiriendo puntualmente a los exfuncionarios del gobierno Petro, sino en
general) han fallado de muchas maneras, por lo que es
engañoso presumir que con una sola palabra se puede desacreditar cada
nombramiento”. Llama la atención el cuidado del editorialista al evitar hablar
de corrupción en los gobiernos de Uribe, Santos y Duque de la que hicieron
parte tecnócratas, por acción u omisión.
Nuevamente la prensa, la Gran
Prensa bogotana pone el foco en las maneras, para evitar mirar el fondo. Y el
problema de fondo en el país es la corrupción público-privada y el ethos
mafioso, el mismo que permitió los sobrecostos en la compra de los carrotanques
de parte de la UNGR. Si se examina el asunto, en ese entramado de corrupción
hay profesionales universitarios. Ese mismo ethos guió las decisiones de los
congresistas que aparecen en la red de corrupción conocida como Las Marionetas.
El excongresista Ciro Ramírez, del Centro Democrático, abogado, con estudios de
posgrados en prestigiosas universidades privadas, está imputado y en la cárcel
por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Lo que hemos visto por décadas en
Colombia es presidentes de la República cómplices de la corrupción; animadores
del ethos mafioso y defensores de sus ministros y congresistas, a pesar de
estar señalados de cometer delitos graves. Recordemos la frase célebre de Álvaro
Uribe Vélez, en el marco de la parapolítica: “les voy a pedir a todos
los congresistas que mientras no estén en la cárcel, voten los proyectos”.
Y la defensa a rabiar que hizo de su pupilo, Andrés Felipe Arias, a quien el
expresidente y expresidiario y los del CD lo consideran una víctima de la
justicia.
El problema no es de títulos académicos,
el asunto de fondo es que el ethos mafioso se naturalizó de tal forma en el
país que pasar por una universidad ya no es garantía de profesionalismo, pulcritud,
decencia, probidad y capacidad para gerenciar asuntos del Estado. La realidad
es que hay una élite mafiosa que se forma en las mejores universidades privadas
de Colombia y del mundo, para hacer parte del Estado y dar rienda suelta a sus mezquinos
intereses de clase y a sus vanidades.
Imagen tomada de EL TIEMPO.COM
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