Por Germán Ayala Osorio
Con la comparecencia de Salvatore
Mancuso y de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, a la Justicia Especial para la
Paz (JEP), la seriedad, diligencia y compromisos con la verdad de la Fiscalía y
de Justicia y Paz, quedan altamente comprometidos, pues el país aún no termina
de comprender el proceso de captura del Estado y los niveles de corrupción
institucional que se logró de la mano de quienes agenciaron el fenómeno
paramilitar y lo convirtieron en el proyecto civilizador más importante de la
derecha colombiana de los últimos tiempos.
Hay que aplaudir el trabajo de
los y las magistradas de la JEP en lo que concierne a la construcción de una verdad
jurídica esquiva, dados los históricos defectos del sistema de justicia colombiano,
penetrado por mafias de diferentes pelambres, pero también lamentar para la
sociedad, la imposibilidad de procesar y condenar a poderosos agentes estatales,
empresariales y políticos bajo el marco de la justicia ordinaria.
Así las cosas, la justicia
transicional y el eje ético-político que se desprende de la aspiración
institucional asociada a lograr verdad, justicia, reparación y no repetición,
servirá para saber qué pasó, pero no para castigar con el rigor del código
penal a aquellos individuos que, vestidos de paño y desde perfumadas oficinas patrocinaron
masacres, desplazamientos forzados, magnicidios y la captura mafiosa del Estado;
o apelaron a todo tipo de trucos jurídicos para absolver a los determinadores
de corbata que hoy gozan de total impunidad, a pesar de que medio país sabe de
sus andanzas.
Eso sí, hay que hacer diferencia
entre el actuar criminal de paramilitares y guerrilleros sometidos a procesos
de justicia transicional, y el de aquellos funcionarios estatales, formados en
universidades públicas y privadas. De igual manera, a quienes hacen parte de
conglomerados económicos y se autodenominan como “gente de bien”. Para estos, sinceramente, no tendría porqué
haber una oportunidad penal, en el sentido que exhibe la justicia transicional, por tratarse de gente que ha vivido en medio de privilegios y se formó académicamente.
Si bien el modelo de justicia
transicional permite meter en el mismo costal a unos y otros, para lograr
verdad, justicia, reparación y no repetición, queda el sinsabor que produce no
ver tras las rejas a aquellos magistrados que mancillaron la justicia y otros
funcionarios estatales y agentes económicos y políticos que delinquieron para
favorecer a los líderes del violento proyecto civilizador que la derecha aupó
para “modernizar”, a las malas, al país.
De lo dicho por Salvatore Mancuso
y Carlos Mario Jiménez, la JEP deberá cumplir con diligencia la tarea de
entregarle al país el listado de magistrados, periodistas, jueces, políticos y
empresarios que se aliaron con los confesos criminales. Resultaría interesante
ver a estos amigos del paramilitarismo desfilar ante los/las magistrados(as) de
la JEP, para salvarse de las penas que la justicia ordinaria les podría
imponer. El país necesita ver en hilera a todos los que señalen Mancuso y
Jiménez de haberles facilitado sus actividades criminales. De no darse esa
posibilidad, queda que unos y otros comparezcan ante la justicia ordinaria o a
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) si son aforados o lo fueron durante la
comisión de sus delitos. El país necesita que la CSJ no caiga en el juego
político de devolverle la terna que el presidente de la República les envió a
los magistrados para que escojan de esta el remplazo del ladino fiscal
general, Francisco Barbosa.
La nueva fiscal general de la
nación tendrá la obligación institucional, moral y ética de aportar a la
construcción de la esquiva verdad, justicia, reparación y no repetición, de la
mano de la JEP; pero también, deberá estar dispuesta a investigar e imputar
cargos a quienes desde instancias privilegiadas de poder económico,
participaron del enorme entramado de corrupción de Odebrecht, en el que está
involucrado el Grupo Aval, recientemente sancionado por las autoridades
americanas por prácticas corruptas. En este último caso no podrá aceptarse el
perdón, fruto del pago de millonarias fianzas y mucho menos, la aceptación de
chivos expiatorios sobre los que ya recae parte de la responsabilidad de lo ocurrido.
Si bien el perdón y la reparación
son elementos que están encaminados a construir una nueva eticidad pública y
privada, los altos niveles de impunidad en sectores de poder político y
económico constituyen una burla para la sociedad. Al devenir moralmente
confundida la sociedad colombiana, se necesita de decisiones judiciales
ejemplarizantes y esto se logra imponiendo duras penas a aquellos que hacen
parte del selecto grupo de la “gente de bien” que comete delitos. Al final la pregunta es: ¿Qué tanto ponen a
temblar, Mancuso y Macaco, al histórico régimen criminal colombiano?
No hay comentarios:
Publicar un comentario