Por Germán Ayala
Osorio
Las medidas cautelares que el
fiscal Barbosa solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
hace parte del plan de desprestigio y deslegitimación que la derecha viene
ejecutando con evidente precisión, contra el gobierno del presidente Gustavo
Petro Urrego. Como en el ámbito local dicho plan no les ha funcionado muy bien
a los líderes de sectores de poder, a pesar de los ataques mediáticos, entonces,
ahora se busca desprestigiar internacionalmente al actual gobierno.
Todo inició con el extraño
anuncio público hecho por el propio fiscal general de la Nación (FGN) en el que
le dijo al país, usando los medios de comunicación tradicionales y afectos a los
intereses que él defiende, que
el ELN tenía un plan para asesinarlo. Al ver que la veracidad de su denuncia estaba
en cuestión, Barbosa puso en la mira de la Fiscalía al general del Ejército,
Luis Mauricio Ospina, con el claro objetivo de construir la narrativa que vuelve
el supuesto plan criminal del Ejército de Liberación Nacional en un asunto de
Estado, porque esa guerrilla adelanta diálogos de paz con el gobierno de
Gustavo Petro. Más claro: el plan para asesinarlo se estaría diseñando con la
anuencia de la presidencia o de agentes estatales cercanos al gobierno o a la
propia inteligencia militar. Para construir el argumento, artificioso por demás,
Barbosa apela a su enfrentamiento personal e institucional que sostiene de
tiempo atrás con el presidente Petro y al “odio de clase” que jefe de Estado
promueve desde el 7 de agosto.
Por supuesto que el ladino personaje niega ser enemigo del proceso de paz que
se adelanta con ELN y del propio presidente. De igual manera, guarda silencio
sobre las denuncias que el periodista Gonzalo Guillén viene haciendo sobre una
eventual complacencia de la Fiscalía con las acciones sicariales adelantas por
miembros del Clan del Golfo. Esas mismas acciones delictivas denunciadas por el
corajudo periodista, hicieron que el presidente Petro le exigiera, varias
veces, al fiscal Barbosa un informe completo sobre esos hechos. El informe efectivamente
lo entregó Barbosa a la presidencia.
La revista Cambio publicó apartes de dicho informe: “Según el informe,
el grupo armado no cometió 200 asesinatos en la costa Atlántica de Colombia
entre 2008 y 2010 "desde el punto de vista
probatorio". Por el contrario, el ente investigador aseveró que sí hubo
interceptaciones a 200 líneas. La desestimación de las presuntas dos centenas
de homicidios contradice lo que se había pensado en un principio a raíz de una
publicación de prensa que desató choques entre Petro y Barbosa y que
involucraba al fiscal Daniel Hernández por supuesta omisión de denuncias”.
A Francisco Barbosa no le bastó reunirse con el presidente de la República,
horas después de que él mismo hiciera público la existencia del supuesto plan
criminal. Ya trascendió que fuentes de inteligencia del Estado desestimaron la
existencia de las macabras acciones del ELN.
Lo curioso es que la solicitud a la CIDH llega en momentos en los que el
presidente le acaba de solicitar la reapertura de los casos que la propia
Fiscalía de Barbosa cerró sobre los sobornos de Odebrecht y los hechos de
corrupción que hoy comprometen la imagen de la familia Sarmiento Angulo, el
grupo Aval y Corficolombiana.
Ya veremos qué decisión tomará la CIDH. Eso sí, se espera que, en un análisis
serio, dicha instancia niegue las medidas cautelares solicitadas por Barbosa, por
cuanto él está al frente de la Fiscalía, entidad que, de trabajar armónicamente
con el gobierno y otras instancias estatales, podría no solo confirmar la veracidad
de su denuncia, sino la implementación de acciones tendientes a desarticular el
supuesto plan criminal. A lo mejor la CIDH concluye que Barbosa exagera y apela
maliciosamente a la figura de protección por estar al frente de una entidad de
investigación. A lo mejor la entidad internacional llega a la conclusión de que Barbosa pidió las medidas más por su calidad de opositor político, que por un Fiscal general amenazado.
Imagen tomada de EL TIEMPO
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