Por Germán Ayala Osorio
La sentencia de cinco años de prisión
contra Daneidy Barrera Rojas generó diversas reacciones que confirman la
negativa percepción colectiva que pueden tener los colombianos del aparato de
justicia.
El sentido de la sentencia como
en el operativo mismo de captura de Barrera Rojas, más conocida como “Epa
Colombia” permiten establecer asociaciones con una frase de uso común que culturalmente
dice mucho del funcionamiento de la justicia colombiana. La frase “la
justicia es para los de ruana” recoge tanto a las personas de bajo recursos
que no tienen cómo pagar un costoso abogado, como a quienes no ostentan ninguna
dignidad política.
Aunque la señora Barrera Rojas parece
poseer una fortuna fruto de la venta de sus queratinas, su origen socioeconómico
hace encajar su caso dentro del sentido de aquella sentencia que con enorme
precisión da cuenta de cómo opera en el país la justicia.
Al no pertenecer “Epa Colombia” a
la clase política su caso fue manejado con la dureza y la espectacularidad que
los jueces suelen negarse a dar cuando se trata de contratistas corruptos como
Emilio Tapia, exministros como Andrés Felipe Arias, o el emblemático caso del reconocido pistolero Andrés Escobar, concejal del Centro Democrático que está pendiente de ser llamado a juicio; o de congresistas a quienes
se les evita en muchos casos el escarmiento público y se les otorgan beneficios
de casa por cárcel para que cumplan sus penas cómodamente en sus mansiones,
casas de veraneo e incluso en instalaciones militares y de policía. Ese
carácter selectivo en la aplicación de las normas y en los sentidos mismos de
las condenas le dan a la frase una amplia validez, veracidad y legitimidad.
Así entonces, la condena contra Barrera
Rojas y su captura confirman el sentido de la señalada y manida frase con dos elementos
nuevos que no se pueden dejar pasar por alto. El primero, su exposición
mediática está íntimamente atada a su condición de mujer en un país machista y
misógino como Colombia. Y el segundo elemento tiene que ver con una valoración
política e ideológica de uno de los delitos por los que fue hallada culpable “Epa
Colombia”: incitación al terrorismo.
La magistrada Myriam Ávila Roldán salvó su voto argumentando que la condenada “sí incurrió en la instigación a delinquir, pero sin embargo no existen elementos que permitan concluir, más allá de la duda, que la instigación de ella tuvo fines terroristas”.
Así las cosas, la condena contra “Epa
Colombia” deviene además de ejemplarizante, peligrosa en la medida que los
actos vandálicos que protagonizó los tipificó la Corte Suprema de Justicia como
propios del terrorismo urbano. El alto tribunal encontró culpable a “Epa
Colombia” del “delito de instigación a delinquir con fines terroristas”.
Por esa vía, la justicia colombiana
crea una jurisprudencia con la que se espera poner límites a quienes en
revueltas, mítines o estallidos sociales opten por vandalizar infraestructura
privada de uso público como las de Transmilenio en Bogotá y Cali, para nombrar
apenas dos ciudades.
Los magistrados que hallaron culpable
a Barrera Rojas se alinearon con la tesis ideologizada que lanzó en su momento
el gobierno de Iván Duque Márquez al asumir las movilizaciones sociales y los
actos vandálicos acaecidos en el marco del estallido social como parte de
acciones de terrorismo urbano.
Después de este mediático caso
bien podría cobrar vida una nueva frase a manera de pregunta: ¿Epa, y para
cuándo la captura del violador de la periodista Claudia Morales? Hay tantos procesos
judiciales que duermen en los anaqueles de la Fiscalía y la propia Corte Suprema
de Justicia que la frase-pregunta puede ser usada en cualquier momento.
ratifiucan condena contra epa colombia - Búsqueda Imágenes
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