Por GERMÁN AYALA OSORIO
Si para algo ha servido el conflicto armado interno es para consolidar el poder político y económico de Señores de la Guerra regionales, que al ser cercanos a agentes del Establecimiento colombiano, usan las dinámicas de la guerra interna como elemento de presión política contra el gobierno de Gustavo Petro, con el claro objetivo de deslegitimarlo y desacreditar su gestión en específicas zonas rurales. Al ver que las variables macroeconómicas están controladas, al viejo establecimiento no le queda otro camino que apalancarse en los problemas de orden público y tratar de golpear políticamente al actual gobierno; de igual manera, las dinámicas del irregular conflicto han servido para naturalizar la corrupción al interior de las fuerzas armadas por cuenta de miembros que le venden municiones y pertrechos a las guerrillas. A pesar de la purga a la que ha sido sometido el Ejército desde el 7 de agosto de 2022, lo más probable es que aún existan reductos de oficiales y suboficiales que negocian armas y municiones con grupos al margen de la ley; todo lo anterior sirve, además, para vender la idea de que el Estado jamás podrá tener el control del territorio, lo que supone la sobrevivencia territorial de los grupos armados al margen de la ley y sus economías ilícitas, situación que asegura que esos negociados continúen en el tiempo.
Con las últimas arremetidas dinamiteras y terroristas en Nariño, Cauca y el sur del Valle del Cauca, surge la inquietud alrededor de qué habrá detrás de esas acciones contra la población civil de Toribío, Suárez y Timba (Cauca) y de Robles y Jamundí, en el Valle del Cauca. El gobierno dice que se trata de retaliaciones por los sistemáticos golpes que la fuerza pública viene asestándoles a las "guerrillas" que delinquen en el Cauca y el Valle del Cauca, corredor estratégico para sacar cargamentos de cocaína y marihuana hacia el Pacífico, a través del Naya. Propongo la siguiente hipótesis explicativa:
La estrategia del gobierno de afectar las finanzas de las disidencias de Iván Mordisco y de las otras organizaciones al margen de la ley despertó la furia de agentes políticos y económicos legales que se benefician de la producción y venta de la cocaína. No se puede negar que hay sectores formales e informales de la economía colombiana que sirven para lavar las millonarias sumas de dinero que produce y mueve el mercado del narcotráfico. Bajo esas circunstancias, lo que está sucediendo en esos tres departamentos es la expresión clara de la confluencia de intereses de sectores políticos y económicos de la derecha colombiana, con los propios de las disidencias farianas e incluso, con los de una nueva generación de paramilitares que estarían esperando a que finalice el periodo presidencial de Petro para iniciar la contraofensiva militar de cara a frenar los avances de la reforma agraria que viene implementando el actual gobierno.
La lucha frontal que Petro viene liderando en contra de las finanzas de los narcotraficantes que sostienen la operación de las estructuras de las disidencias de las Farc-Ep, las de otros grupos ilegales y los negocios legales de actores económicos formales de la sociedad civil, permitió que agentes económicos y políticos legales se unan para contrarrestar esos efectos negativos, con la única forma que les queda: los ataques terroristas contra la población civil, con el objetivo de minar la legitimidad y el apoyo popular que el gobierno de Petro viene tratando de acumular con sus políticas agrarias y de apoyo al campesinado.
Las violentas acciones perpetradas en Nariño, Cauca y Valle del Cauca son aprovechadas por la derecha uribizada para construir la narrativa que señala que el Estado central perdió definitivamente el control de esos departamentos. Sin duda alguna, un relato que les sirve política y socialmente para intentar reconquistar la Casa de Nariño en el 2026, vendiendo la idea de que el país, sí o sí, necesita el regreso de la Seguridad Democrática, la temida política de seguridad que implementó el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
Eso sí, la unión de esfuerzos entre los viejos agentes del Establecimiento y los grupos ilegales no tendría la pretensión de generar el caos y la crisis institucional que produjo en su momento la escalada terrorista del criminal Pablo Emilio Escobar Gaviria, que terminó con el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). No. Estaría prohibido poner bombas en centros comerciales de ciudades capitales, porque bajo esas circunstancias le estarían dando al presidente de la República elementos de juicio para insistir en que el país necesita convocar a una ANC. Generar zozobra, miedo y terror en centros poblados y en municipios pequeños por ahora sería suficiente para esta unión temporal de intereses legales e ilegales con la que se busca afectar la imagen del actual gobierno.
Le corresponde a la contrainteligencia militar examinar la consistencia y la existencia objetiva del entramado criminal que supone la hipótesis aquí planteada. Lo cierto es que el negocio de la guerra le va ganando la partida a la paz, como negocio y como forma de estar en los territorios.
Imagen tomada de EL TIEMPO.COM
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