Por Germán Ayala
Osorio
Con la decisión del presidente
Gustavo Petro de atacar militarmente al Clan del Golfo se producen dos efectos
inmediatos: el primero, se esfuma el anhelo de la Paz Total, por lo menos con
esa estructura narco-paramilitar y el segundo, nace el compromiso del gobierno
de hacer lo que anteriores administraciones no hicieron: atacar con determinación
a dicho grupo criminal. Golpear al Clan del Golfo en sus finanzas es el camino
que anteriores gobiernos poco recorrieron porque ello implicaba afectar las
economías de las regiones en las que operan estos criminales. La ofensiva
militar debe ser total, hasta lograr el desmantelamiento real de esa estructura
armada.
El mendaz y fatuo de Iván Duque
Márquez dijo, cuando se dio la entrega de alias Otoniel, líder de esa
organización delincuencial, que el fin del Clan del Golfo estaba cerca. Sin
duda alguna, una mentira con la que buscaba distraer una verdad inocultable: el
maridaje entre elementos de la fuerza pública, políticos y las estructuras
narco-paramilitares que confluyen en el Clan del Golfo, en otrora llamado Clan
Úsuga.
Probado el contubernio entre
clanes políticos, empresarios, policías y militares, las operaciones ordenadas
por el presidente de la República deberán hacerse en dos ámbitos: uno, el
militar y policial, contaminado por la mutua desconfianza que existe entre las
dos instituciones, en particular entre la oficialidad, por las relaciones mafiosas
construidas entre uniformados y los narco-paramilitares. Recordemos lo dicho
por alias Otoniel a la JEP: “Nosotros hacíamos operaciones junto a los
militares a diario. De inteligencia le pasaban mucha información a la
organización".
El segundo ámbito tiene que ver
con activar acciones de contrainteligencia que lleven a cortar los circuitos
logísticos y las relaciones entre funcionarios del Estado, militares, policías,
políticos y empresarios con los líderes del grupo criminal. De esas labores
dependerán los resultados operacionales ordenados por Gustavo Petro. El asunto
es de una delicadeza extrema por cuanto cualquier resultado positivo en materia
de contrainteligencia, implicará llamamientos a calificar servicios de los
uniformados comprometidos o el traslado a otras zonas.
La decisión político-militar del
presidente afectará las relaciones de este gobierno con esa parte del
establecimiento que de tiempo atrás se beneficia, directa o indirectamente, de
las actividades desarrolladas por el Clan del Golfo: minería ilegal, exportación
de estupefacientes y circulación de dinero de origen ilícito que mueve las
economías de zonas como el Bajo Cauca Antioqueño, el Urabá y Córdoba, entre
otros. Esas molestias se expresarán en las elecciones de octubre, pues lo más
seguro es que se presenten patrocinios de candidaturas a gobernaciones y
alcaldías, afines al proyecto paramilitar. ¿Podrá Petro, de aquí a octubre,
someter al Clan del Golfo?
Sin duda alguna, el Clan del
Golfo es la expresión clara de los errores que se cometieron cuando el entonces
presidente Álvaro Uribe Vélez negoció con los paramilitares su desmovilización.
La vigencia de dicha estructura armada también se debió a incumplimientos de
ese gobierno y una serie de mentiras que le dijeron al país con falsas
desmovilizaciones.
Va a necesitar mucho más que
suerte el presidente de la República en su ofensiva contra este grupo criminal.
Las dinámicas económicas desplegadas por el Clan del Golfo dan cuenta del
fracaso parcial del Estado en las regiones en las que estos paramilitares son
amos y señores. En términos sociales y políticos, el Clan del Golfo da cuenta
de unos procesos civilizatorios truncos. Construir civilidad en esos
territorios es un reto mayúsculo que escapa a las capacidades de este gobierno.
Imagen tomada de Youtube.
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