Por Germán Ayala
Osorio
Invitar a las Disidencias de las
Farc a instalar mesas de votación en el corregimiento de El Plateado (Argelia, Cauca)
constituye un exabrupto político, que bien puede ser leído como una claudicación
del Estado y del gobierno, y por supuesto, la legitimación del grupo insurgente.
Nuevamente, el alto gobierno o en particular el jefe de la delegación de paz, dándole
de qué hablar a los medios de comunicación que están del lado de los sectores
de poder económico, social y político que desean que todo lo que haga el presidente
Petro, salga mal.
Todo indica que, entre el Gobierno
y sus ministros, no hay coordinación alguna con Camilo González Posso, jefe de
la delegación de paz que dialoga con el estado mayor central (EMC) de las disidencias
farianas. Aunque el impasse ya fue superado y el comando de esa guerrilla se
comprometió a retirarse de la zona y dejar que la jornada electoral de este
domingo 29 de octubre transcurra con normalidad, hay asuntos que bien vale la pena
revisar en la ya enrevesada negociación.
El primero de esos asuntos es la
arrogancia de la comandancia de esa guerrilla y su constante demostración de
fuerza y de su presencia histórica en el sur del departamento del Cauca,
territorio que las fuerzas militares venían recuperando a sangre y fuego, lo
que obligó a esa insurgencia a pactar un cese bilateral al fuego, sin que esa
decisión les impidiera continuar haciendo actividades de control de la
población civil.
El segundo aspecto tiene que ver
con la real voluntad de paz, entendida esta como la entrega de armas,
desmovilización y reincorporación a la vida social, política y económica del país.
El control de la economía ilegal y los réditos sociales, económicos y políticos
que generan las ganancias del negocio del narcotráfico hacen ver los proyectos
productivos echados a andar después de la firma del acuerdo de paz de La Habana
con el grueso de los frentes de las Farc, como migajas de un Estado y de la
sociedad colombianas que no están en capacidad e interés de ofrecer más a los
desmovilizados.
Mientras exista el negocio del tráfico
de droga, de estas disidencias brotarán otras tantas, que irán creciendo de la
misma manera que lo hicieron las estructuras que hoy cumplen las órdenes de alias
Iván Mordisco: de la mano de narcos, traficantes de armas y la captura de municipios
y corregimientos alejados de los centros de poder. Territorios estos en los que
brilla la ausencia del Estado.
Un tercer aspecto tiene que ver
con las relaciones entre el presidente Petro, en su rol de comandante supremo
de las fuerzas armadas, y el Ejército nacional, fuerza sobre la que recae el
peso del orden público en el país. Si bien en la práctica parece haber un
cambio en la doctrina del “enemigo interno” que obliga a los militares a poner,
por encima de resultados operacionales, la vida de los civiles y el bienestar de
las comunidades, el Centro Democrático y en general la derecha política asume esa
nueva realidad como un debilitamiento de la capacidad y de la fuerza de los
militares a la hora de combatir a la insurgencia. Esa lectura maliciosa que
hacen políticos uribistas puede calar en oficiales y suboficiales con mando de
tropa, cuyas conductas pueden terminar en violaciones a los DDHH o en acciones de
sabotaje a los procesos de diálogo que se adelantan con estas disidencias y con
el ELN.
Mientras se termina de aclarar lo
que pasó, este 29 de octubre será una jornada electoral en la que se define en
buena medida la viabilidad y legitimidad del proyecto político que encarna el presidente
Petro y el Pacto Histórico.
Imagen tomada de EL TIEMPO
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