MOCIÓN DE CENSURA CONTRA EL MINISTRO PEDRO SÁNCHEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con el anuncio de la Moción de Censura al ministro de la Defensa por el asesinato de 7 menores de edad en el reciente bombardeo del Ejército a estructuras criminales de Iván Mordisco, las congresistas convocantes expresarán en algún momento del debate político el “inmenso dolor” que les produjo la suerte que corrieron los adolescentes.

Esa Moción de Censura resulta electoralmente conveniente para continuar golpeando al gobierno Petro por la “contradicción ideológica y política” en la que incurrió al activar, por voluntad propia o quizás presionado por el mando militar, la doctrina de la “violencia legítima del Estado” con la que se está justificando el operativo con el saldo trágico ya conocido. A lo que suman las contradicciones entre lo expresado por el presidente Petro y el propio ministro de la Defensa en torno a si el gobierno sabía o no de la presencia de los adolescentes en el campamento atacado.

Lo más probable es que las congresistas harán énfasis en la decisión de bombardear a sabiendas de que en el campamento estaban los adolescentes, a los que Pedro Sánchez asume como combatientes. Así respondió el Mindefensa a los cuestionamientos de la prensa: “Lo que le da el estatus de combatiente no es la edad, es la función que cumple dentro de una organización criminal y en este caso eran combatientes”. De esa manera Sánchez confirma que sí se sabía de la presencia de los menores en el campamento. Y no se descarta que se anuncie una denuncia contra el presidente Petro por su responsabilidad en lo que ya se considera como una ejecución extrajudicial o un crimen de guerra.

Quizás en el debate político en el marco de esa Moción de Censura se toque el tema del reclutamiento forzado, práctica cotidiana de las disidencias del mafioso de Iván Mordisco y de los facinerosos del ELN en territorios abandonados por el centralismo bogotano, sin que a nadie en el Congreso se le haya ocurrido hacerle control político a los agentes estatales comprometidos en las tareas de evitar que esos grupos criminales violen el DIH y los DDHH de los menores que reclutan gracias a la debilidad del Estado en el cumplimiento de su tarea de proteger a sus niños, niñas y adolescentes.

Claro que es una tragedia que mueran 7 adolescentes en esas condiciones. La pregunta es: cuántos procesos administrativos y de responsabilidad penal y política hay abiertos contra alcaldes, gobernadores, personeros y agentes del ICBF, entre otros, en las jurisdicciones en las que fueron reclutados forzosamente los menores que hoy le duelen a los congresistas y a los precandidatos presidenciales que salieron a lamentar su muerte.

Después del escándalo político y mediático, el presidente de la República señaló en su cuenta de X que “es doloroso la pérdida de los menores de edad y yo llevaré ese pesar en mi conciencia, y sé que nunca podré superar el dolor de sus madres a las que pido perdón. Hacer trizas la paz abrió de nuevo el camino para el fortalecimiento de los grupos armados de la codicia y estos hicieron del reclutamiento de niños su estrategia para defenderse con cobardía”.

Huelga recordar las cifras de menores “dados de baja” en anteriores gobiernos como elemento para tener en cuenta en la discusión en torno a los “siete combatientes” que murieron en el bombardeo en el Guaviare: con Uribe, 177; con Santos, 124; y con Duque, 29.

Logren o no tumbar al ministro de la Defensa, los forajidos del ELN, de las disidencias de Iván Mordisco y de las otras estructuras armadas ilegales continuarán reclutando menores de edad para que cumplan la doble función de combatir y servir de escudos humanos. Y lo seguirán haciendo porque las vidas de esos adolescentes solo les importan a los congresistas y a los miembros de la oposición cuando caen en los bombardeos. Esos siete menores de edad pasaron de ser invisibles, a “marchitos trofeos políticos” levantados con la hipocresía natural de los políticos en campaña.

Nota: El Espectador informó a eso de las cinco de la tarde del 17 de noviembre que los menores asesinados en bombardeos del Ejército asciende a 12, entre octubre y noviembre del año en curso.