Por Germán Ayala Osorio
El escándalo político y mediático
generado por la muerte de siete adolescentes en el reciente bombardeo del
Ejército a un campamento en el que hacían presencia facinerosos de Iván Mordisco
deviene con un tinte electoral y una clara intención de confrontar la coherencia
ideológica y política del presidente Petro. Es casi imposible ser coherente por la misma aviesa condición humana y los siempre acomodaticios marcos morales y éticos creados por el propio ser humano.
La defensa de la vida y la
dignidad de viejos y viejas y en particular la de los menores de edad casi que es
exclusivo de los sectores progresistas y la izquierda democrática y una bandera agitada con furor por Petro; mientras
que la ocurrencia de los falsos positivos, la estigmatización y persecución contra
periodistas y críticos durante el gobierno Uribe fueron acciones y actitudes legitimadas
por quienes creyeron a pie juntillas en la superioridad moral con la que fue concebida
la política de seguridad democrática.
El anuncio de dos congresistas de
la radicación de una Moción de Censura en contra del Mindefensa, Pedro Sánchez,
así como las reacciones de varios precandidatos presidenciales, entre ellos Sergio
Fajardo, Juan Manuel Galán y Roy Barreras, frente al trágico saldo del ataque aéreo
están dirigidos a poner a prueba la coherencia ideológica del presidente Petro y
de los miembros del Pacto Histórico que en el pasado criticaron la caída de
menores de edad durante un bombardeo similar autorizado por el entonces
presidente Iván Duque Márquez.
Si hay algo difícil en un país
tan complejo como Colombia son las dinámicas de un “conflicto armado interno”
que se degradó hasta tal punto de que todos los actores armados, legales e ilegales,
en el pasado violaron el DIH y los DDHH. Al poner el foco en la lamentable muerte
de los siete menores, los políticos que señalan hoy, a grito herido, que el
gobierno Petro violó el DIH y los DDHH olvidan que las llamadas “guerrillas”
jamás aceptaron someterse a las reglas de juego planteadas por ejemplo en el
Protocolo II de Ginebra. Muestra de lo anterior es el reclutamiento forzado de
los menores que cayeron en el referido bombardeo, los constantes ataques a las
misiones médicas y los secuestros de civiles.
Con razón el ministro de la Defensa,
Pedro Sánchez expresó su molestia porque solo escucha señalamientos contra el
presidente y contra él mismo por el resultado del operativo militar. Sánchez espetó que “aquí deberíamos
estar rechazando a los criminales, ¿por qué no escucho una sola voz
rechazando a quienes reclutan a los menores? ¿Por qué? A ellos es a los que
tenemos que rechazar. Aquí el único crimen es el reclutamiento".
Quizás a manera de respuesta al
rabioso interrogante que lanzó el ministro de la Defensa señalo que no se
escucha esa voz de rechazo porque en Colombia la coherencia política e
ideológica empieza a fracturarse a partir del momento en el que obligados por
las circunstancias sí o sí se termina defendiendo el principio aquel de la “violencia
legítima del Estado”. Es claro que esa doctrina le sirvió a Petro como parapeto
jurídico-político para autorizar el bombardeo con el saldo ya conocido y por
esa vía intentar cubrir la inmensa grieta que él mismo abrió en sus creencias al
momento de asumir el cargo de jefe del Estado y autorizar el ataque.
La tormenta desatada continuará
por varias semanas de la mano de las empresas mediáticas que harán todo lo que
periodísticamente esté a su alcance para magnificar lo ocurrido y politizar en
grado máximo una difícil decisión militar que termina por ocultar el origen
mismo de la problemática que está detrás del reclutamiento forzado de los siete
menores que hoy, con evidente hipocresía, “lamentan” precandidatos
presidenciales; los mismos que de llegar
a la Casa de Nariño lo más probable es que se verán abocados a tomar decisiones
como las que tomó Petro por una razón histórica: en los territorios en los que
son reclutados cada día menores de edad el Estado no es un referente de orden
establecido y mucho menos un faro moral
para aquellos menores seducidos por todo lo que les ofrecen los criminales al
mando de Iván Mordisco.
Qué fácil resulta desde una curul
en la fría y distante capital de la República reclamar por el trágico saldo de
siete menores asesinados víctimas de la violencia legítima del Estado y
de las narcoguerrillas, cuando desde el mismo Congreso de la República se legitima
el ethos mafioso con el que se eligen alcaldes y gobernadores, los débiles
regentes que creen que gobiernan en territorios como el Guaviare en los que hace
rato se legitimaron las “guerrillas”. Como dijo alguien por ahí: “en fin,
la hipocresía”.
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