Por Germán Ayala Osorio
Después del proceso del Acuerdo
de La Habana, la paz dejó de ser el gran tema electoral,
decisivo en anteriores campañas presidenciales. Ahora, con la muerte de por lo
menos 12 menores de edad a causa de un par de bombardeos a campamentos de los
facinerosos de Iván Mordisco, al escenario electoral de 2026 muy seguramente llegará
el asunto de la continuidad o no de los certeros y duros ataques
aéreos usados por Uribe, Santos, Duque y Petro para golpear y diezmar
militarmente a las estructuras armadas ilegales que aún muchos llaman “guerrillas”.
Por lo menos, se espera que en los
debates presidenciales la pregunta surja acompañada del tono moralizante e hipócrita
alrededor de si se ordenarían bombardeos a pesar de la presencia de adolescentes
en los campamentos de las disidencias farianas y del ELN.
Eso sí, el posicionamiento electoral
del tema de los bombardeos a los acantonamientos
selváticos de las narcoguerrillas no le devolverá la importancia sociopolítica
y mediática que años atrás se les dio a las negociaciones con los grupos
armados ilegales y a la idea de superar el conflicto
armado interno a través de negociaciones políticas. Poco a poco el concepto
de conflicto armado interno se irá vaciando de sentido social y político. La
Academia se encargará de mantener su legitimad por el peso jurídico que se
deriva de las dinámicas militares. Al igual que las ONG locales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
Iván Cepeda, como candidato del
progresismo deberá tener mucho cuidado al momento de responder las preguntas y
los cuestionamientos alrededor de si mantendría o no los bombardeos
contra las “guerrillas”. Una respuesta negativa lo pondría en la misma
situación contradictoria en la que cayó Petro, pues los ataques de esas estructuras
ilegales a la población civil, a estaciones de policía y batallones en algún
momento lo obligarían a ordenar ataques aéreos. Es más, si llega a la presidencia,
muy seguramente la cúpula militar y los gremios lo presionarán para que use la
fuerza de las bombas para diezmar a los facinerosos.
Que otros temas aparezcan en la
escena electoral de 2026 significa que la operación de los grupos irregulares
perdió importancia política, fruto en gran medida de la sistemática
transformación de las antiguas guerrillas en estructuras mafiosas al servicio
de la Junta del Narcotráfico tal y como lo ha señalado en varias oportunidades
el presidente Petro. También puede tratarse de unos mejores niveles de
conciencia en sectores societales que entendieron que realmente las
“guerrillas” no tienen voluntad de paz y que existencia hace rato se alejó de las
románticas ideas revolucionarias que defendieron en los años 60.
Por supuesto que estas nuevas
circunstancias contextuales en las que la búsqueda de la paz dejó de ser una
prioridad social y política se explica porque desmovilizar a los grupos
ilegales a través de negociaciones políticas dejó de ser un objetivo alcanzable
por varias razones: la primera, porque los comandantes del ELN y las
disidencias farianas así lo han expresado; la segunda, porque su operación no
constituye un riesgo político y militar para el régimen colombiano; y la
tercera, porque la narrativa final del gobierno Petro convirtió a esas
estructuras ilegales en “ejércitos privados al servicio de las mafias del
narcotráfico y la minería ilegal”.
Los temas prioritarios son otros,
gracias en gran medida al proyecto progresista
y en particular a las ejecutorias del gobierno Petro en materia de reforma
agraria, fortalecimiento de lo comunitario, vías terciarias y secundarias, el
uso de los recursos de la SAE para beneficio de comunidades y universidades y la
naturalización de las exigencias de los derechos laborales, entre otros. Se
suman a estos los problemas no resueltos por la administración Petro como la
inseguridad en las urbes, la extorsión, los secuestros y la operación criminal
de las estructuras armadas ilegales y la crisis del sistema de salud.
Imagen tomada de: BOMBARDEOS EN GUAVIARE, PETRO PIDE PERDÓN - Búsqueda Imágenes
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