Por Germán Ayala Osorio
El aterrizaje de Mancuso en la JEP, forzoso jurídicamente para muchos por su condición de paramilitar, tienen a Uribe y a sus áulicos, incluidos los periodistas de La FM, rasgándose las vestiduras y arrastrando a exmilitares y militares al penoso escenario de reclamar respeto por la institucionalidad castrense, comprometida gravemente en los hechos criminales reconocidos por este confeso paramilitar, nacido en Montería (Córdoba).
El locutor, Luis Carlos Vélez, de
La FM, en la mañana de hoy 4 de diciembre invitó al presidente de Acore,
general (R), Guillermo León León, para que diera cuenta de su molestia con la
decisión de la JEP de reconocer a “Mancuso como militar”. Los compañeros de la
mesa de trabajo del señalado locutor (uribista hasta los tuétanos) ayudaron a
la ambientación del rechazo institucional e individual por la decisión adoptada
por el alto tribunal de paz.
Es tal la molestia en los
círculos de poder cercanos al uribismo y otros al conservatismo, que sus
voceros se atreven a hablar de “triquiñuelas” jurídicas de la JEP, por hacer
aparecer a Mancuso como “agente estatal de facto” y como miembro “funcional y
material del Ejército”.
La inclusión y aceptación de
Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz constituye un hecho
jurídico-político de inocultable valía para el alto tribunal en su tarea de
consolidar una verdad jurídica y señalar las responsabilidades penales de los
actores armados, guerrillas y militares, comprometidos en la comisión de
delitos de lesa humanidad. La presencia de Salvatore Mancuso Gómez en la JEP no
se da tanto por su condición de paramilitar, pues para ello está el marco
jurídico, Justicia y Paz, sino por haber servido de bisagra entre militares y
los miembros de las AUC, en las tareas que empresarios y políticos les
encomendaron: amedrentar, desplazar, asesinar y desaparecer campesinos
incómodos para quitarles sus tierras; y las otras tareas que brotaron de los
incentivos monetarios, bacanales, vacaciones y ascensos, entre otros, propios
de la seguridad democrática, el decreto Boina y la Directriz 025 de 2009:
asesinar jóvenes inermes para ser pasados como guerrilleros muertos en combate.
Claramente, Mancuso fungió como
un comandante militar. Actuó como si tratara de un oficial al mando de tropa.
No hay lugar a dudas en que este monteriano operó como un general o un coronel
de la República de Colombia. Las actividades de coordinación logística, mando
de tropa y entrega de resultados operacionales a los militares que le rendían
pleitesía, hacen parte de las labores que realizan oficiales al momento de
salir al monte a perseguir bandidos.
El ex comisionado de Paz, el
conservador Camilo Gómez, aseguró a EL TIEMPO que “es un insulto a los
militares honestos, que son miles más que los que cometieron delitos.
Es un insulto también a la justicia ordinaria, bajo la que los tribunales de
Justicia y Paz juzgaron a Mancuso y lo condenaron”.
El maridaje y el contubernio
entre militares y paramilitares fue de tal dimensión, que los comandantes
militares aceptaban pasar como propias tropas a los miembros de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Al patrullar juntos y entregar
resultados operacionales para legalizar masacres de campesinos inocentes, la
fusión entre ilegales y legales hizo desaparecer el honor y la mística
militares. En esos momentos los militares dejaron de ser militares, para
convertirse en bandidos. Así, no hay lugar a salir a defender el honor de unos
hombres en armas, que asesinaron civiles de la mano de los paramilitares.
En la entrevista que el
periodista Gonzalo Guillén le hizo al capitán (R) del Ejército, Adolfo Guevara
Cantillo, miembro de las AUC, el ex oficial recuerda la conversación con el
entonces general, Mario Montoya Uribe, también involucrado con la operación
criminal de los paramilitares: “aquí estamos hablando entre bandidos,
general. En este momento ni usted es general y yo no soy capitán”.
Los defensores de la
institucionalidad castrense deberían de preocuparse más bien por la necesidad
de cambiar la doctrina del enemigo interno, sacudir, limpiar y sacar a
oficiales y suboficiales que piensen en seguir los pasos de quienes mancillaron
en grado máximo el honor militar y el buen nombre del Ejército nacional.
Imagen tomada de Cuestión Pública
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