LOS DE LA PRIMERA LÍNEA: ¿CON ESTATUS O SIN ESTATUS POLÍTICO?

 

Por Germán Ayala Osorio

En el control constitucional que la Corte Constitucional (CC) le hizo a la ley de la Paz Total y las decisiones que en ese marco tomó el presidente de la República, Gustavo Petro, aparece el reconocimiento político de los grupos subversivos y la negación de este a los muchachos de la Primera Línea que la Fiscalía procesó por diversos delitos, incluido, el de “terrorismo urbano”. Esto último, una exageración propia de quienes desde el Establecimiento suelen descalificar el legítimo derecho a la protesta por considerar que “somos la más vieja democracia de este hemisferio”. De la misma manera como se habla de “terrorismo urbano” para tipificar y descalificar lo acontecido en el marco del estallido social, se puede y debe hablar del “terrorismo de Estado” al que apeló el gobierno de Duque.

Intentaré exponer diferencias, y si se quiere, contradicciones entre el reconocimiento político de la lucha armada de la subversión y la negación que hizo la CC del estatus político a la Primera Línea, a pesar de que las acciones y proclamas de cientos de jóvenes jamás tuvieron la aspiración de tumbar el régimen de poder y cambiar el modelo económico, como lo han pretendido hacer históricamente las guerrillas; igualmente, señalo puntos de encuentro entre las actividades “revolucionarias y contra la ley” desplegadas en el tiempo por los subversivos y las que de manera coyuntural desplegaron los de la Primera Línea.

Negar el estatus político a los miembros de la Primera Línea desconoce de antemano el carácter político que acompaña a toda protesta social, sin importar los desmanes en los que hayan incurrido los manifestantes. Cada marcha autorizada e incluso, las de facto, devienen con un carácter político que no se puede desconocer por la necesidad de los magistrados de poner a la justicia por encima de la política, pasando las decisiones del Ejecutivo por el rasero de la exequibilidad asociada esta los marcos legales y mentales de los magistrados de la honorable Corte Constitucional.

La CC hace una lectura jurídica de corte moral y clasista, que impide reconocer en el estallido social su valor político, ancorado al enorme malestar social que sobrevino de la pandemia del covid 19 y del desastroso gobierno del presidente-títere, Iván Duque Márquez. Es decir, las movilizaciones que se dieron en el marco de los Paros Nacionales (de 2019 y 2021) fueron la respuesta política que sectores sociales, de la mano de congresistas y movimientos sociales con vocación política, le dieron al gobierno del irresponsable de Iván Duque, a un Estado criminal y a un régimen de poder acostumbrado a violentar a las mayorías, en particular a los jóvenes.

Cuando el ELN dinamita el oleoducto caño limón Coveñas, afecta la infraestructura económica y los ecosistemas naturales, acción que deviene con un naturalizado carácter político, dado que ese grupo armado ilegal considera que el Estado “está regalando lo que les pertenece a todos los colombianos”, lo que justifica, para los del Coce, su derrame. La voladura y las actividades ilegales, políticas, “revolucionarias” y pre políticas de ese grupo armado ilegal ocurren en escenarios rurales. Mientras que dañar semáforos, tapar vías neurálgicas en ciudades capitales, quemar buses y acciones vandálicas que generaron miedo en los urbanitas acostumbrados a ver las atrocidades de la guerrilla por televisión, no podría valorarse políticamente, de acuerdo con el sentido del fallo del alto tribunal. Es aquí en donde aparecen dos lecturas por parte de la CC: una de carácter clasista y otra contextual, atada o definida a partir de una sobrevaloración de las ciudades en relación con la vida de millones de colombianos rurales. Es decir, es válido todo lo malo que pasa en selvas y sectores rurales, pero en las ciudades, por ser el ícono del progreso y el desarrollo económico del país, hay límites que nadie y mucho menos los jóvenes manifestantes, pueden traspasar.

El colega Jorge Gómez Pinilla dice que “ese paro nacional fue un fenómeno revolucionario espontáneo, aunque desorganizado, porque no tenía un propósito político diferente al de protestar. Si hubiera tenido un objetivo desestabilizador, no tengo duda alguna en que habría conducido a la renuncia no solo del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sino del mismo presidente Duque, empujado por el descontento y el deseo inmensamente mayoritario de un nuevo rumbo en la conducción del país”.

Vamos por partes: le cabe razón a Gómez Pinilla cuando dice que se trató de un fenómeno revolucionario espontáneo. Las pretensiones del ELN y las de las disidencias farianas hacen parte estructural de sus proyectos revolucionarios (políticos) que, aunque no son espontáneos y obedecen a actuales coyunturas, sí son históricos, anclados a momentos históricos, nacionales e internacionales, de gran complejidad. La segunda idea que expone el editor de El Unicornio apunta a que los muchachos de la Primera Línea no buscaban desestabilizar al gobierno, lo que, de acuerdo con la lectura de los magistrados, es suficiente para negarles el estatus político que Petro les quiso reconocer. Por el contrario, las acciones de las guerrillas apuntaron y apuntan aún a tumbar gobiernos y a tomarse el Estado, lo que de inmediato les da la legitimidad necesaria para reclamar el reconocimiento como actores políticos. Sumado a esto, el control territorial, la capacidad de hacerle daño a la población civil y la que les permite enfrentarse y desafiar militarmente al Estado.

Queda claro que los jóvenes más visibles del estallido social no buscaban tumbar al nefasto y arbitrario gobierno de Iván Duque. Entonces, ¿por qué negarle el estatus político a un movimiento coyuntural y no revolucionario que lo único que buscaba era hacer visible un enorme descontento social y político?

Las guerrillas también secuestran y torturan ciudadanos. Esos mismos delitos, cometidos por algunos jóvenes de la Primera Línea, de acuerdo con la fiscalía del ladino Francisco Barbosa, llevaron a varios magistrados y al gobierno de Iván Duque a descalificarlos políticamente, para negarles el estatus que el presidente Petro les quiso reconocer porque considera el mandatario que “no son victimarios, sino víctimas de un Estado que les quitó los ojos, los encarceló y les negó sin educación y oportunidades”.

Bien pudo la CC reconocer en su fallo que los hechos acaecidos en el marco del estallido social devienen con un carácter político, justificado por el abandono estatal y las violentas reacciones del gobierno de Duque, en nombre del Estado; de esa manera, la excarcelación de los muchachos tendría toda la legitimidad social y política, para enfrentar la lectura exclusivamente jurídica que los magistrados hicieron y que decidieron poner por encima de lo político y de la política.

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM