Por Germán
Ayala Osorio
En el control constitucional que la Corte Constitucional (CC)
le hizo a la ley de la Paz Total y las decisiones que en ese marco tomó el
presidente de la República, Gustavo Petro, aparece el reconocimiento político
de los grupos subversivos y la negación de este a los muchachos de la Primera
Línea que la Fiscalía procesó por diversos delitos, incluido, el de “terrorismo
urbano”. Esto último, una exageración propia de quienes desde el
Establecimiento suelen descalificar el legítimo derecho a la protesta por
considerar que “somos la más vieja democracia de este hemisferio”. De la misma
manera como se habla de “terrorismo urbano” para tipificar y descalificar lo
acontecido en el marco del estallido social, se puede y debe hablar del
“terrorismo de Estado” al que apeló el gobierno de Duque.
Intentaré exponer diferencias, y si se quiere,
contradicciones entre el reconocimiento político de la lucha armada de la
subversión y la negación que hizo la CC del estatus político a la Primera
Línea, a pesar de que las acciones y proclamas de cientos de jóvenes jamás
tuvieron la aspiración de tumbar el régimen de poder y cambiar el modelo
económico, como lo han pretendido hacer históricamente las guerrillas;
igualmente, señalo puntos de encuentro entre las actividades “revolucionarias y
contra la ley” desplegadas en el tiempo por los subversivos y las que de manera
coyuntural desplegaron los de la Primera Línea.
Negar el estatus político a los miembros de la Primera Línea
desconoce de antemano el carácter político que acompaña a toda protesta social,
sin importar los desmanes en los que hayan incurrido los manifestantes. Cada
marcha autorizada e incluso, las de facto, devienen con un carácter político
que no se puede desconocer por la necesidad de los magistrados de poner a la
justicia por encima de la política, pasando las decisiones del Ejecutivo por el
rasero de la exequibilidad asociada esta los marcos legales y mentales de los
magistrados de la honorable Corte Constitucional.
La CC hace una lectura jurídica de corte moral y clasista,
que impide reconocer en el estallido social su valor político, ancorado al
enorme malestar social que sobrevino de la pandemia del covid 19 y del desastroso
gobierno del presidente-títere, Iván Duque Márquez. Es decir, las
movilizaciones que se dieron en el marco de los Paros Nacionales (de 2019 y
2021) fueron la respuesta política que sectores sociales, de la mano de
congresistas y movimientos sociales con vocación política, le dieron al
gobierno del irresponsable de Iván Duque, a un Estado criminal y a un régimen
de poder acostumbrado a violentar a las mayorías, en particular a los jóvenes.
Cuando el ELN dinamita el oleoducto caño limón Coveñas,
afecta la infraestructura económica y los ecosistemas naturales, acción que
deviene con un naturalizado carácter político, dado que ese grupo armado ilegal
considera que el Estado “está regalando lo que les pertenece a todos los
colombianos”, lo que justifica, para los del Coce, su derrame. La voladura y
las actividades ilegales, políticas, “revolucionarias” y pre políticas de ese
grupo armado ilegal ocurren en escenarios rurales. Mientras que dañar
semáforos, tapar vías neurálgicas en ciudades capitales, quemar buses y
acciones vandálicas que generaron miedo en los urbanitas acostumbrados a ver
las atrocidades de la guerrilla por televisión, no podría valorarse
políticamente, de acuerdo con el sentido del fallo del alto tribunal. Es aquí
en donde aparecen dos lecturas por parte de la CC: una de carácter clasista y otra
contextual, atada o definida a partir de una sobrevaloración de las ciudades en
relación con la vida de millones de colombianos rurales. Es decir, es válido
todo lo malo que pasa en selvas y sectores rurales, pero en las ciudades, por
ser el ícono del progreso y el desarrollo económico del país, hay límites que
nadie y mucho menos los jóvenes manifestantes, pueden traspasar.
El colega Jorge Gómez Pinilla dice que “ese paro nacional fue
un fenómeno revolucionario espontáneo, aunque desorganizado, porque no tenía un
propósito político diferente al de protestar. Si hubiera tenido un objetivo
desestabilizador, no tengo duda alguna en que habría conducido a la renuncia no
solo del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sino del mismo
presidente Duque, empujado por el descontento y el deseo inmensamente
mayoritario de un nuevo rumbo en la conducción del país”.
Vamos por partes: le cabe razón a Gómez Pinilla cuando dice
que se trató de un fenómeno revolucionario espontáneo. Las pretensiones del ELN
y las de las disidencias farianas hacen parte estructural de sus proyectos
revolucionarios (políticos) que, aunque no son espontáneos y obedecen a
actuales coyunturas, sí son históricos, anclados a momentos históricos,
nacionales e internacionales, de gran complejidad. La segunda idea que expone
el editor de El Unicornio apunta a que los muchachos de la Primera Línea no
buscaban desestabilizar al gobierno, lo que, de acuerdo con la lectura de los
magistrados, es suficiente para negarles el estatus político que Petro les quiso
reconocer. Por el contrario, las acciones de las guerrillas apuntaron y apuntan
aún a tumbar gobiernos y a tomarse el Estado, lo que de inmediato les da la legitimidad
necesaria para reclamar el reconocimiento como actores políticos. Sumado a
esto, el control territorial, la capacidad de hacerle daño a la población civil
y la que les permite enfrentarse y desafiar militarmente al Estado.
Queda claro que los jóvenes más visibles del estallido social
no buscaban tumbar al nefasto y arbitrario gobierno de Iván Duque. Entonces,
¿por qué negarle el estatus político a un movimiento coyuntural y no revolucionario
que lo único que buscaba era hacer visible un enorme descontento social y
político?
Las guerrillas también secuestran y torturan ciudadanos. Esos
mismos delitos, cometidos por algunos jóvenes de la Primera Línea, de acuerdo
con la fiscalía del ladino Francisco Barbosa, llevaron a varios magistrados y
al gobierno de Iván Duque a descalificarlos políticamente, para negarles el
estatus que el presidente Petro les quiso reconocer porque considera el
mandatario que “no son victimarios, sino víctimas de un Estado que les quitó
los ojos, los encarceló y les negó sin educación y oportunidades”.
Bien pudo la CC reconocer en su fallo que los hechos
acaecidos en el marco del estallido social devienen con un carácter político,
justificado por el abandono estatal y las violentas reacciones del gobierno de
Duque, en nombre del Estado; de esa manera, la excarcelación de los muchachos
tendría toda la legitimidad social y política, para enfrentar la lectura
exclusivamente jurídica que los magistrados hicieron y que decidieron poner por
encima de lo político y de la política.
Imagen tomada de EL TIEMPO.COM
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