Por Germán Ayala Osorio
Hay consenso académico, político
y social en torno a que la corrupción público-privada es el mayor problema de
Colombia en la medida en que se afectan las finanzas públicas y la eficacia del
Estado al momento de responder a las demandas sentidas de las comunidades que
bajo su autoridad y tutela esperan que aquellas sean asumidas por las entidades
estatales bajo condiciones de eficacia, eficiencia y efectividad. “La corrupción es uno de los principales
obstáculos al desarrollo socioeconómico, la consolidación de un Estado eficaz y
eficiente y el fortalecimiento de la democracia en Colombia” (Theodore Kahn
y Víctor Saavedra, Fedesarrollo).
La corrupción resulta ser tan
determinante en el país, que su permanencia en el tiempo y su naturalización se
asume como parte del objetivo final de todo gobierno de alcanzar niveles aceptables
de gobernabilidad, lo que supone la activación del clientelismo y el nepotismo
como formas aceptadas de distribución del poder.
De allí que ofrecer combatir las
prácticas corruptas y proscribir el ethos mafioso que las facilita suele servir
a los propósitos electorales de los candidatos a cargos de elección popular que
ofrecen erradicarlas de tajo. No hay candidato a la presidencia que en la
historia del país no haya ofrecido enfrentarla y acabarla o por lo menos “reducirla
a sus justas proporciones” como lo propuso el entonces presidente de la República,
Julio César Turbay Ayala.
Es tal la fuerza de la corrupción
público-privada en el país, que el referendo de 2018 con el que se intentó proponer
cambios institucionales y operacionales conducentes a ponerle coto a las
prácticas corruptas fracasó. La dificultad para acabar con la corrupción radica
en que el ethos mafioso que genera las conductas dolosas o por lo menos
éticamente comprometedoras en los sectores público y privado está validado política,
cultural, social y económicamente. Bajo esas circunstancias, pretender eliminarla es un imposible cultural. De ahí que insistir en que es posible
proscribirla constituye una gran mentira.
Con la bandera del cambio y la
lucha frontal contra la corrupción, el entonces candidato Gustavo Petro logró
cautivar a millones de colombianos que creyeron a pie juntillas en que era posible
cambiar las maneras en las que se viene haciendo la política en el país, asociada
esta a los poderes de facto ejercidos por contratistas y otros mecenas que suelen
aportar millonarias sumas de dinero a las campañas a cambio de contratos
multimillonarios con los que no solo recuperan la inversión electoral, sino que
logran aumentar sustancialmente sus riquezas. A ese factor político y económico
se suma que hacerse con la presidencia en Colombia constituye un triunfo
electoral que le abre las puertas al nepotismo en la medida en que la torta
burocrática queda bajo el dominio del partido vencedor o de las otras colectividades
que conforman la coalición de gobierno.
El diario El Espectador reveló que
ministros de la actual administración tienen a familiares trabajando en varias
dependencias. Esto se lee en la referida nota del diario bogotano: “Una
docena de ministros, directores de departamentos administrativos y otros altos
funcionarios nombrados por el presidente Petro tienen a sus familiares
contratados en diferentes entidades del poder público. Aunque muchos
cumplen con los requisitos para desempeñar las funciones, la oposición y otros
sectores hablan de una práctica cuestionable que el propio Petro y sus más
cercanos rechazaron antes de llegar a la Presidencia”. En el texto noticioso se hace
claridad en torno a nombramientos que vienen desde antes del 7 de agosto de
2022.
Lo informado por el diario El Espectador
tiene dos efectos: de un lado, expone al gobierno Petro a las críticas de sus detractores
y del otro, le da a la oposición, incluidas las empresas mediáticas que pactaron deslegitimarlo,
elementos fácticos que en el 2026 serán usados para atacar al candidato o
candidata encargada de recoger y defender las banderas del progresismo,
incluida la ya manida lucha contra la corrupción. Eso sí, hay que decir que el nepotismo es una
práctica común en todos los gobiernos de derecha.
Nadie niega que este gobierno viene
logrando cambios en el sector rural a través de una reforma agraria que otras
administraciones evitaron hacer porque sus intereses estaban anclados a los negocios
de los grandes terratenientes y ganaderos que les patrocinaron sus campañas.
Hablo en particular de los gobiernos de Uribe, Santos y Duque.
La contratación de las vías
terciarias con las JAC hace parte de esos cambios en las maneras en las que el
Estado coadyuva a garantizarle a los campesinos que puedan sacar sus productos
a las cabeceras municipales. Y hay otros asuntos en los que este gobierno viene
haciendo la diferencia. Pero esas prácticas nepotistas terminan por ensuciar un
proyecto político progresista que ante todo debería haberse diferenciado ética
y moralmente de los propósitos de la derecha, sector de poder político
responsable de haber naturalizado todas las formas de corrupción público-privada
en el país.
nepotismo gobienro de petro dice el espectador - Búsqueda Imágenes
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